Globalitika: Violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia: la dimension internacional

On 12 June 2020, Gabriela Ramos participated in a virtual webinar with Globalitika on violence against women in the context of the pandemic and the role of international cooperation in fighting this violence. She was joined by Dra. Claudia Calvin, Internacionalista y consultora. Fundadora de la organización Mujeres Construyendo; Mtra. Rina Mussalli, Internacionalista y miembro Red de Politólogas; Mtra. Natalia Calero Sánchez, Especialista en Gestión de Programas de ONUMujeres.

Find her remarks in Spanish below and the recorded conversation above.


Introductory Remarks:

Gracias, Doctora Olamendi, por invitarme a este acto que celebramos hoy. Desde el inicio de la pandemia, he recibido incontables solicitudes para hablar sobre el desmedido impacto de esta crisis en las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos observando que está teniendo un efecto y tristemente, algunas mujeres incluso lo están sintiendo en carne propia.

Además, la OCDE ha documentado estas repercusiones. En realidad, la crisis ha venido a agravar desigualdades ya existentes. Aparte de intensificarse el riesgo de inseguridad económica, la falta de protección social y asumir una mayor carga de trabajo de cuidado, remunerado y no remunerado, una de las desigualdades más alarmantes que ha agravado esta crisis es la pandemia mundial de violencia contra las mujeres.

De hecho, en los últimos cuatro años la violencia contra las mujeres se ha reducido en la región ALC. Los países han promulgado leyes perfeccionadas, más robustas y de un alcance superior.

Estas nuevas leyes protegen a las mujeres de formas ancestrales de violencia sexual como el feminicidio, pero también de nuevas modalidades de acoso sexual como el ciberacoso.

Todos estos son avances extraordinarios y resultan muy alentadores. Sin embargo, disponer de leyes de amplio alcance no tiene ninguna utilidad si estas no llegan a aplicarse. Y, en ese sentido, todavía son muchas las dificultades, lo que pone de manifiesto la necesidad de luchar contra convenciones sociales de fondo que son discriminatorias y perpetúan la vulneración del derecho básico de las mujeres a una vida sin violencia. En muchos casos, las autoridades judiciales y policiales carecen de capacidad y formación para aplicar y hacer cumplir eficazmente la nueva legislación.

Ya antes de la crisis, una de cada tres mujeres de la región de ALC [y también del mundo] había sido víctima de violencia a lo largo de su vida, una cifra de proporciones pandémicas. El confinamiento ha venido a incrementar enormemente estas tasas [aumento del 51% en Colombia, 40% en Argentina, 70% en Chile].

Para las víctimas, quedarse en casa supone pasar prácticamente todo el día con sus abusadores. Durante la crisis, también les ha resultado tremendamente difícil encontrar refugio en otros lugares, puesto que no había suficientes centros de acogida para atender el creciente número de casos.

Tampoco podemos olvidar que los niños son casi siempre lo primeros en sufrir. Con ocasión del “Día Mundial contra el Trabajo Infantil” que se celebra hoy, permítanme destacar que el cierre de las escuelas y la pérdida de trabajo de los padres están generando una situación que incrementa la violencia doméstica contra los niños y, en algunos países, esta circunstancia podría causar además un aumento de la explotación infantil.

Nos consta que la pobreza agrava la violencia doméstica. Según las últimas Perspectivas Económicas de la OCDE dadas a conocer en el día de ayer, la pandemia de COVID-19 ha llegado en un momento inoportuno, con un crecimiento relativamente débil, un espacio fiscal limitado, una caída brusca de los precios de las materias primas y tensiones sociales. El desempleo va a llegar a niveles históricos en varios países de la región. Por lo tanto, ya se están dando unas condiciones que perpetúan la violencia doméstica. Si no se disponen medidas de apoyo rápidas y adecuadas, esta crisis solo vendrá a empeorar la violencia contra las mujeres y los niños. No hay excusa para ignorar este problema porque, si lo hacemos, saldremos de la crisis aún más divididos.

A pesar del espacio fiscal limitado, los países de la región han tomado esta crisis como una oportunidad para disminuir las altas desigualdades de la región, desafío de larga data.

De hecho, esta crisis está acelerando la modernización de la política social en muchos países. Los gobiernos están llegando a millones de familias vulnerables y trabajadores informales, que antes no lo hacían. Aún más alentador es que los gobiernos por primera vez están recolectando una increíble cantidad de datos sobre las familias y trabajadores que pueden servir de base para mejorar los sistemas de focalización de la región. Avanzamos por la senda correcta. Estoy deseando mantener un debate más intenso sobre esta cuestión en el día de hoy, ya que las causas y las medidas de respuesta son complejas.

TALKING POINTS ORGANIZED BY TOPIC:

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El impacto económico: Perspectivas Económicas de la OCDE

  • Nos consta que la pobreza agrava la violencia doméstica.
  • Según las últimas Perspectivas Económicas de la OCDE dadas a conocer en el día de ayer, la pandemia de COVID-19 ha llegado en un momento inoportuno, con un crecimiento relativamente débil, un espacio fiscal limitado, una caída brusca de los precios de las materias primas y tensiones sociales.
  • El desempleo va a llegar a niveles históricos en varios países de la región.
    • En Colombia el desempleo llegó a casi el 20% en abril, el mayor dato desde que se tienen estadísticas.
    • En México, se espera que la tasa de desempleo alcance máximos históricos, superiores al 6%, durante el año 2020 y que la informalidad aumente de forma significativa.
    • Donde existen programas de retención de empleo, como en el caso de Chile, el número de aplicaciones ha aumentado de forma impresionante cubriendo a 100 mil empresas, 700 mil trabajadores.
  • Por lo tanto, ya se están dando unas condiciones que perpetúan la violencia doméstica. Si no se disponen medidas de apoyo rápidas y adecuadas, esta crisis solo vendrá a empeorar la violencia contra las mujeres y los niños.

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Esta crisis está acelerando la modernización de la política social en muchos países

  • Los gobiernos están llegando a millones de familias vulnerables y trabajadores informales, que antes no lo hacían.
    • Por ejemplo, en Colombia una reforma introduce la compensación del IVA para las familias más vulnerables.
    • Otro ejemplo muy importante es el programa de Ingreso Solidario, que consta de transferencias monetarias no condicionadas a hogares vulnerables y pobres, llegando a trabajadores informales, que no eran beneficiarios de otros programas sociales.
    • Costa Rica introdujo una nueva transferencia monetaria (Bono Proteger) que llega a trabajadores informales y que ofrece también la creación de una cuenta bancaria.
    • Algunos gobiernos subnacionales en México han establecido un apoyo financiero a los trabajadores por cuenta propia e informales, los trabajadores rurales (productores de maíz), las empresas familiares y los grupos vulnerables (mujeres, poblaciones indígenas).

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COVID-19 ha provocado un incremento masivo de violencia

  • Antes de la crisis, una de cada tres mujeres de todo el mundo había experimentado violencia física y/o sexual a manos de sus parejas, que además cometieron un 38% del número total de asesinatos de mujeres.
    • Además, es posible que estos datos estadísticos reflejen una cifra inferior a la real, porque tenemos motivos fundados para creer que existen muchas más mujeres que sufren abusos pero no lo denuncian.
    • Los datos son alarmantes en todos los países de la OCDE, incluso en aquellos que presentan buenos resultados en materia de igualdad de género en otros indicadores.
  • Según nuestro Informe Regional de ALC sobre el Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI), antes de la crisis la violencia doméstica por parte de parejas o exparejas afectaba prácticamente a una de cada tres mujeres de entre 15 y 49 años en esta región, con un porcentaje más elevado en determinados países [53% en Bolivia, 40% en Colombia y Perú];
  • Esta región presenta además la mayor tasa de feminicidios del mundo (según la ONU).
  • Pero el virus ha provocado un incremento masivo:
    • Colombia: aumento del 51% en los casos de violencia doméstica durante la cuarentena nacional (con casi un feminicidio por día; fuente: ONU MUJERES).
    • Argentina y Chile han registrado un aumento del 40% y el 70% respectivamente en las llamadas a sus plataformas de apoyo, principalmente durante los fines de semana (ONU Mujeres / Ministerio de la Mujer de Chile).

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La violencia doméstica contra los niños

  • Tampoco podemos olvidar que los niños son casi siempre lo primeros en sufrir.
  • Con ocasión del “Día Mundial contra el Trabajo Infantil” que se celebra hoy, permítanme destacar que el cierre de las escuelas y la pérdida de trabajo de los padres están generando una situación que incrementa la violencia doméstica contra los niños.
  • En algunos países, esta circunstancia podría causar además un aumento de la explotación infantil.
    • En el mundo, uno de cada diez niños con edades comprendidas entre cinco y 17 años trabaja, y casi la mitad lo hace en actividades peligrosas.
    • El COVID-19 provocará un aumento de la pobreza extrema y, sin redes de seguridad social sólidas, la situación podría empeorar aún más.
    • La OCDE lleva años luchando contra el trabajo forzoso y la explotación infantil por medio de su labor en el G20 (con la OIT) o en colaboración con el ganador del Premio Nobel Kailash Satyarthi.

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Efecto del confinamiento en víctimas de violencia

  • Las restricciones a la movilidad individual impiden que las supervivientes de la violencia puedan buscar refugio en otros lugares, de modo que los abusadores mantienen un estricto control sobre mujeres y niñas durante los periodos de confinamiento obligatorio.
    • Las mujeres víctimas de violencia a manos de su pareja ya encaraban grandes obstáculos al intentar marcharse de su hogar para protegerse o incluso llamar a líneas telefónicas de emergencia en presencia de sus abusadores. Y las mujeres y niños que ya se encontraban alojados en viviendas temporales o centros de acogida también están teniendo dificultades para seguir adelante con su vida, debido al riesgo de contagio y la falta de lugares en los que reinstalarse.
  • Las mujeres corren especial riesgo de encontrar numerosos obstáculos para acceder a la justicia, lo que agrava aún más su situación. Se trata entre otros de:
    • obstáculos económicos (por ejemplo, costos directos de servicios)
    • obstáculos estructurales (por ejemplo, la excesiva jerga de los documentos legales)
    • obstáculos sociales (por ejemplo, los estereotipos y los prejuicios del sistema judicial)
    • obstáculos específicos de grupos de riesgo (por ejemplo, personas con discapacidad, mujeres migrantes que no pueden defenderse con facilidad).
  • Estas dificultades podrían ser más acusadas debido a las restricciones de la movilidad y los períodos de confinamiento generados por el COVID-19. La crisis también podría menoscabar la prestación de servicios públicos esenciales a las supervivientes, como son los mecanismos de centros de acogida, servicios médicos, protección de menores, policiales y de asistencia letrada.

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Restricciones que impiden a las mujeres informar y acceder a la justicia o servicios

  • Por desgracia, quienes perpetran este tipo de violencia quedan muchas veces impunes, ya que las mujeres no siempre denuncian porque temen represalias.
  • En los países en desarrollo, más de un 40% de las supervivientes no solicitó ayuda de ningún tipo nunca y menos de un 20% de quienes sí la pidieron recurrió a instituciones oficiales como la policía, el personal médico o profesionales de la abogacía. 
  • Las leyes que tipifican como delinto la violencia contra las mujeres constituyen un primer paso hacia la erradicación de esta lacra tan extendida.
  • De hecho, aunque todos los países del mundo hayan ratificado un convenio internacional y/o regional en esta materia, solo un 74% (es decir, 133) de los 180 países examinados por el SIGI de la OCDE penaliza la violencia doméstica.
  • También observamos muchas lagunas en los sistemas judiciales:
    • En el sistema legal existen demasiados enfoques aislados (derecho penal y derecho de familia).
    • Quienes perpetran estos actos de violencia son liberados con tanta facilidad tras agredir a sus parejas que las mujeres temen represalias.
    • Algunas de ellas contraen matrimonio bajo coacción, por lo que la violencia se considera “justificada”.
  • La OCDE está trabajando de manera específica en áreas en las que cuenta con una gran especialización:
    • Mejorar el análisis y la recopilación de datos (también sobre masculinidad, a saber, la idea de que los chicos tienen que ser agresivos y competitivos)
    • Garantizar la prestación de servicios integrados de calidad
      • Por desgracia, para acceder a medidas de protección social básicas como la vivienda, atención médica y ayudas económicas, muchas supervivientes se ven obligadas a acudir a múltiples lugares donde deben relatar una y otra vez su experiencia traumática. Con estos procesos lo único que se consigue es que las supervivientes revivan una y otra vez esos momentos, una situación que subraya la necesidad de integrar los servicios. El sistema de justicia puede estar tan fragmentado que las víctimas tienen que enfrentarse con frecuencia a múltiples procesos judiciales cuando acuden a la justicia para conseguir protección para ellas y sus familias, normalmente sin poder permitirse contratar a un abogado.
    • Promover la igualdad de acceso a la justicia
    • Abordar estereotipos de género perjudiciales por medio de la educación,
    • Velar por la aplicación de un enfoque “integral dentro de la administración” para poner fin a la violencia contra las mujeres.

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Leyes promulgados en ALC

  • Los países de ALC han promulgado leyes perfeccionadas, más robustas y de un alcance superior para eliminar la violencia.
    • En los últimos cinco años, cuatro de ellos han aprobado leyes integrales contra la violencia (Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay).
    • Y en los últimos 25 todos los países de ALC han contado con leyes relacionadas con la violencia contra las mujeres.
  • Estas nuevas leyes protegen a las mujeres de formas ancestrales de violencia sexual como el feminicidio, pero también de nuevas modalidades de acoso sexual como el ciberacoso.
    • Ecuador, Brasil, Paraguay y Uruguay tipificaron el feminicidio como delito en el período 2014–2019.
    • Hoy, 18 países de ALC definen ya el feminicidio como delito tras introducir las oportunas reformas en sus códigos penales.
  • Sin embargo, disponer de leyes de amplio alcance no tiene ninguna utilidad si estas no llegan a aplicarse. Y, en ese sentido, todavía son muchas las dificultades, lo que pone de manifiesto la necesidad de luchar contra convenciones sociales de fondo que son discriminatorias y perpetúan la vulneración del derecho básico de las mujeres a una vida sin violencia.
    • En muchos casos, las autoridades judiciales y policiales carecen de capacidad y formación para aplicar y hacer cumplir eficazmente la nueva legislación.

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Las costumbres sociales y causes primordiales relacionadas con la violencia de género

  • Para luchar contra esta injusticia, resulta crucial modificar las costumbres sociales relacionadas con la violencia de género.
    • La campaña y llamada a la acción desarrollada en toda la región, bajo el lema “ni una más”, ha situado los elevados niveles de violencia de género registrados en América Latina y el Caribe en el radar político y mediático.
  • Las actitudes discriminatorias complican la aplicación de estas leyes:
    • Según indica el SIGI, una de cada tres mujeres justifica la violencia doméstica;
    • casi uno de cada tres hombres en todo el mundo considera justificado que se golpee a la esposa en determinadas circunstancias, por ejemplo si quema accidentalmente la comida.
    • En Perú, un 34% de las mujeres opina que la violencia doméstica está justificada en determinadas situaciones.
  • Convertir la transformación de las convenciones sociales en el eje central de la respuesta política puede contribuir a que se cumplan plenamente compromisos y leyes, abordando las causas principales del problema y promoviendo soluciones más holísticas de larga data.
  • El SIGI destaca mejores prácticas como la sensibilización y la formación mediante el aumento de la capacidad de los prestadores de servicios, así como del sistema judicial, la promoción de modelos de masculinidad más positivos o programas comunitarios para adolescentes en los que se cuestionen las costumbres relacionadas con la violencia de género.
  • Unas costumbres socioculturales perjudiciales fomentan masculinidades tóxicas.
  • Siempre incido en que debemos comenzar por la educación.
    • La neutralidad en materia de género de los libros de texto y currículos escolares constituye un punto de partida importante, aunque llevarlo a la práctica resulta más difícil de lo que podría parecer.
  • También tendremos que promover un cambio de comportamiento en cuanto al consumo de alcohol de los hombres, ya que está fuertemente asociado con el riesgo de violencia de género en contra de las mujeres.
    • Los datos de la OCDE muestran que en países de ingresos bajos y medios, el consumo nocivo de alcohol de los hombres se asocia con un riesgo 4,6 veces mayor de violencia de genero en contra de las mujeres.
    • Ademas, la OMS estima que aproximadamente el 55% de los perpetradores de abuso doméstico estaban bebiendo alcohol antes del asalto. Las mujeres que son abusadas tienen 15 veces más probabilidades de abusar del alcohol.

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Ejemplos de mejores prácticas

  • Para ayudar a las mujeres víctimas de violencia –que incluso podrían sufrir una mayor violencia por estar atrapadas en sus hogares con sus abusadores, los gobiernos deberían asegurarse de que los prestadores de servicios colaboren entre sí, intercambien información y reflexionen a conciencia sobre cómo apoyar a las víctimas, teniendo en cuenta que sus medios de comunicación podrían ser controlados de cerca por el abusador con el que conviven.
    • Francia, por ejemplo, ha creado espacios de denuncia en los supermercados de todo el país, para que las víctimas puedan contar en ellos sus experiencias mientras hacen los recados.
  • Se necesitan soluciones prácticas e innovadoras. Durante el Segundo Grupo de Trabajo sobre Transversalidad de Género reunido el mes pasado, supe que España creó líneas de ayuda alternativas usando WhatsApp, Francia lo hizo mediante servicios SMS y Dinamarca, usando el correo electrónico. En las farmacias de Chile, España y Francia, introdujeron el código “Mascarilla 19” para que las mujeres víctimas de violencia pudieran pedir ayuda.
  • Argentina aprobó una excepción para saltarse la cuarentena obligatoria en el caso de las mujeres víctimas de violencia.
  • Ecuador y Uruguay generaron protocolos de comunicación y gestión de la violencia doméstica para los centros de salud de emergencia y la policía durante la cuarentena.

Algunas de las mejores prácticas que incluye el Informe del SIGI relativo a ALC son:

  • Prevenir la violencia de género en las esferas pública y privada: Desde 2005, Oxfam lidera el programa de prevención de la violencia de género de El Salvador. Adoptando un enfoque centrado en las convenciones sociales, este programa se dirige a mujeres, hombres y jóvenes en sesiones formativas, campañas en los medios y con la creación de redes. De este modo, aumentan la capacidad de las autoridades públicas nacionales y municipales para integrar mejor la prevención de la violencia de género en sus prácticas y políticas. En 2008, este programa influyó en la redacción de una ley de prevención de la violencia de género. También se impartieron cursos de capacitación para sensibilizar sobre cuestiones de género a 165 funcionarios públicos, miembros de la policía e integrantes del sistema de justica.
  • Capacitar a las mujeres indígenas mediante cursos de formación jurídica: En Guatemala, la ONG Iniciativa de los Derechos de la Mujer lleva desde 2011 trabajando con 15 comunidades mayas diferentes. Esta organización imparte cursos de capacitación jurídica a las mujeres indígenas con la finalidad de animarlas a que reivindiquen sus derechos y facilitar su acceso a servicios jurídicos.
  • Sensibilizar sobre la violencia de género mediante una campaña que alcance a toda la región: En 2013, la Campaña ÚNETE poner fin a la violencia contra las mujeres puso en marcha la iniciativa “El Valiente no es Violento” en nueve países de América Latina y el Caribe (Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Perú y Venezuela). Bajo la coordinación de ONU Mujeres, esta campaña de comunicación conjunta se alía con medios locales como MTV América Latina para conseguir la implicación de hombres y niños en la lucha contra la violencia de género.
  • Prestar asistencia inmediata a las víctimas de violencia de género a través de una línea telefónica

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El papel de las organizaciones internacionales

  • Copresidí una Mesa redonda de mujeres líderes sobre COVID-19 y el futuro junto con Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres.
    • Con ocasión de dicho acontecimiento, compartimos experiencias, preocupaciones y mejores prácticas. Una de las preocupaciones principales era la amenaza de la violencia contra las mujeres. Las líderes comentaron medidas concretas, tales como:
      • Integrar los esfuerzos y servicios de prevención para responder a la violencia contra las mujeres en los planes de respuesta al COVID-19.
      • Designar los centros de acogida para víctimas de violencia doméstica como servicios esenciales y ampliar los recursos de los que disponen tanto dichos centros como los grupos de la sociedad civil que se encuentran en la primera línea de respuesta.
      • Ampliar la capacidad de los centros de acogida para víctimas de violencia reconvirtiendo otros espacios, por ejemplo centros educativos u hoteles vacíos, con el fin de atender las necesidades existentes en períodos de cuarentena, integrando factores de accesibilidad total.
      • Designar espacios seguros para las mujeres, en los que puedan denunciar abusos sin que sus maltratadores se percaten, por ejemplo, en establecimientos de alimentación o farmacias.
      • Prestar los servicios en línea; intensificar las campañas de sensibilización y defensa, dirigiéndolas incluso a los hombres que están en casa.
  • La utilidad de las organizaciones internacionales en este debate reside en reunir a las partes interesadas, e intercambiar y difundir mejores prácticas.
  • La OCDE brinda mejores prácticas en este sentido y también realiza un seguimiento de los progresos hacia la consecución de las Recomendaciones en materia de género de 2013 y 2015.
    • La OCDE desempeña además un papel esencial en el refuerzo de la coordinación y en garantizar que todas las instituciones públicas actúen conjuntamente, de manera coherente y sistemática, para prevenir y encarar la violencia doméstica.
    • En la OCDE, se ha creado recientemente un Grupo de Trabajo sobre Transversalidad de Género y Gobernanza que desempeña una importante función a la hora de garantizar la integración de los problemas de violencia contra las mujeres y las políticas en esta materia en todos los ministerios y a todos los niveles.
  • La “Recomendación del CAD para prevenir la explotación, el abuso y el acoso sexuales en la cooperación al desarrollo y la asistencia humanitaria” adoptada en julio de 2019, es la primera norma internacional que orienta a donantes, gobiernos y partes interesadas en el fomento del cambio organizacional y el liderazgo en la prestación de ayuda internacional.

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¿Qué podemos esperar al respecto en el mediano y largo plazos en el desarrollo socioeconómico y cultural? ¿Cuáles son los hallazgos principales de investigaciones recientes sobre el tema?

  • El objetivo del SIGI de la OCDE es calcular el verdadero costo de la violencia contra las mujeres en términos económicos y también sociales.
  • Las conclusiones del SIGI para la región ALC muestran que la violencia contra las mujeres provoca importantes gastos e impactos en el PIB (además del perjudicial efecto que tienen los estereotipos de género y una escasa participación de la mujer en el mercado de trabajo):
  • Impactos económicos de las mujeres
    • Con su participación en la economía de mercado, las mujeres generan un 37% del PIB mundial, un porcentaje considerablemente inferior al que se podría alcanzar habida cuenta de que representan un 50% de la población activa mundial.
    • Aunque las mujeres ya participan ampliamente en los mercados de trabajo de ALC, todavía queda mucho camino por recorrer para conseguir la paridad: las mujeres trabajadoras generan actualmente cerca del 33% del PIB de esta región, pese a representar un 42% de la fuerza de trabajo y un 51% de la población activa.
  • Costo económico de la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres:
    • Los datos de algunos países de la región ALC indican que los gastos directos, la pérdida de ingresos y el descenso de productividad ocasionados solamente por la violencia doméstica pueden alcanzar hasta un 4% del PIB, una cifra que supera el gasto en educación primaria de muchos gobiernos.
    • Las pérdidas económicas comprenden la pérdida de ingresos por parte de las mujeres, los costos del sistema de justicia, la pérdida de productividad de las mujeres, los días que han faltado al trabajo y los gastos en atención médica y cuidado de la salud.
    • Por ejemplo, aparte de los gastos médicos directos de las víctimas, el costo directo que supuso el tratamiento de 640 víctimas de violencia doméstica en el Kingston Public Hospital de Jamaica equivalió a USD 454 000.
    • Los costos indirectos de la violencia contra las mujeres incluyen el descenso de productividad y el absentismo laboral.
    • Esta lacra perjudica también la rentabilidad de las empresas.
      • La violencia contra las mujeres conlleva también un elevado costo para las empresas en términos de rotación de personal y productividad. En Perú, la tasa de rotación de las trabajadoras en empresas cuyas mujeres son víctimas de violencia doméstica es siete veces superior a la registrada en empresas cuyas trabajadoras no sufren este tipo de violencia, lo que genera un costo superior a USD 55 millones. Asimismo, debido a la violencia contra las mujeres, se pierden 70 millones de días de trabajo, lo que supone un coste de USD 6.700 millones en todo el país, equivalentes a un 3,7% del PIB.
      • Si sumamos todos los costos asociados a la violencia contra las mujeres, se observa claramente que esta lacra genera un gasto ingente. Los costos de la violencia contra las mujeres en la región de ALC son realmente importantes, aún más si tenemos en cuenta que el cálculo no refleja el costo real, pues no incluye los costos relacionados con el sistema de justicia penal.
      • En Estados Unidos observamos un ejemplo interesante, ya que se calcula que allí la violencia doméstica contra las mujeres tiene un costo de USD 5.900 millones al año. Cerca de USD 4.100 millones corresponden a costos directos de servicios de atención médica y psiquiátrica, USD 900 millones a la pérdida de productividad en el trabajo doméstico no retribuido y en trabajos retribuidos, en el mercado en el caso de víctimas de violencia no fatal, y otros USD 900 millones a ingresos que las víctimas de casos de homicidio dejaron de percibir por haber perdido la vida.

Interview with the Data Policy Circle of the Digital Transformation for Universal Health Coverage 2030 Coalition

On Tuesday 2 June 2020, Gabriela Ramos participated in an interview with UHC2030 on Data Protection. Find her speaking points below.


Introduction    

The COVID-19 pandemic is a fundamentally social crisis. The virus spreads between people, and impacts individuals, households and communities. Any country’s response to the pandemic must be guided by social data and expertise as much as by medical data and expertise. Failing to identify and address social impacts of the pandemic opens the way for devastating social damage and loss of life.

Clearly, a pandemic response guided by only medical or economic data alone is inadequate. Social data could also shape the response. 

Gender equality in universal health coverage

  • First, we need to understand that we will be living alongside this virus long past initial deconfinement efforts until vaccines are developed.
  • Thus, investment in R&D for accelerated development of diagnostics, treatments, and vaccines will be critical.
  • But more importantly, this crisis is an important reminder that high-quality and affordable universal health coverage is crucial to protect the most vulnerable and to ensure access to diagnostics and treatment. I know this personally as I contributed to dramatically increasing Mexico’s health coverage from only 48.3% of the population in 2002 to 89.3% today.
  • And if the aim of UHC is to leave no one behind then gender equality is an essential ingredient.
  • UHC needs to address sex-and gender-based determinants of health; including how sexual and reproductive health and rights (SRHR) and gender-based violence disproportionately affect the health of women, whereas men are more likely to die from tobacco use, suicide, and road injuries. The following factors need to be taken into account:
    • Women exposed to intimate partner violence (1 in 3 globally) are: twice as likely to experience depression, 1.5 times more likely to acquire HIV, 1.5 times more likely to contract sexually transmitted infections.
    • With the COVID-19 confinement measures, cases of domestic violence have risen sharply.  In Brazil it has been estimated that cases have risen by 40–50%, similar levels have been reported in the UK and many other countries.
    • Also, women live longer than men, but female longevity is associated with a greater lifetime risk of functional disability and chronic illnesses (incl. cancer, cardiovascular disease, dementia, and the need for long-term care).
    • Women typically care for her husband at the end of his life, and then go on without the same intensive personal care.
    • Therefore, compared to older men, older women are more likely to need long-term care, and need it for longer periods, while  also  being  less  likely  to  afford  it,  due  to,  among  other  reasons, lower  labour  market  participation, lower lifetime earnings and lower pensions.
    • Women have more unmet health needs than men. Across EU countries, women are 40% more likely to report some unmet needs for medical care than men, mainly due to financial reasons. 
    • Women are at a higher risk of poverty than men [Across the OECD, the average relative poverty rate for women is 12.3%, while 10.9% for men. The highest gender gap can be found in Korea, Latvia, Estonia in the OECD].
    • Twice as many women as men aged over 65 live alone in G20 countries. Pension payment to 65+ women are 25% lower than for men.
    • Also, we have estimated at the outset of the pandemic that 1 in 3 financially vulnerable people (including single mothers) will fall into poverty without 3 months’ of income loss.
  • Data disaggregated by sex and gender is urgently needed not only in the design of UHC interventions, but also in monitoring and evaluation, to ensure that the most vulnerable women and girls are not left behind. Gender-responsive UHC will even up life chances between genders, as well as between rich and poor women within and between countries.
  • This is also why the OECD has been partnering with WHO and ILO since the establishment of the Working for Health Programme in 2017 (a joint inter-agency multi-SDG programme to accelerate the expansion and transformation of the health and social workforce). In this programme, we embrace gender as a core tenant and seeks to utilize workforce plans, investments and actions to seize the opportunities to realise gender equality.

Women in health care and lack of gender disaggregated data

  • This crisis should force us to give women in the health care workforce more priority because…
    • Facts:
      • Women comprise 70% of the health and social care workers, 85% of nurses and over 90% of long-term care workers across OECD countries. In some countries and regions, nursing homes are predominantly staffed by immigrant women, migrants and refugees – mostly women of colour.[1]
      • They will also be central to filling a global shortfall of 40 million new health and social care jobs globally by 2030 to achieve UHC. Then we need to go beyond business as usual to promote more investment and decent working condition for the female health workforce.
      • However, they hold only 25% of global health leadership posts and generally have lower status, lower pay [Overall, an average gender pay gap of around 28% exists in the health workforce. And 12% gender pay gap for nurses], or even unpaid roles [nearly half of the workload is unpaid].
    • There are huge gender gaps in data and research:
      • Widespread gaps in the data were found in low income countries.
      • Major gaps in data in all areas, particularly sexual harassment and data comparable across countries on the gender pay gap
      • For example, much of women’s work health/social care are unpaid and excluded in gender pay gap data.
    • What’s needed?
      • To map out the impact first, our priority should be to: apply a gender and intersectionality lens; include sex- and gender-disaggregated data; and include the entire health and social workforce, including the social care workforce. Research must go beyond describing the gender inequities to also evaluate the impact of gender-transformative interventions.
      • Such mapping will aid understanding of context- specific factors, including sociocultural dimensions. Moreover, research focused on implementation and translation into policy is needed to assess the viability and effectiveness of policies and inform gender-transformative policy action.

Use of digital technology

  • Ongoing expansion of testing and tracing capacity is crucial, as is effective management of large and rapidly changing data flows on the spread of the pandemic. [Further below on privacy concerns]
  • SDG Goal 3 (UHC for all by 2030) is un be attainable without effective use of AI, digital and frontier technologies. Digital innovation will be key in addressing issues around financial risk protection, including fintech and digital financial solutions for health insurance schemes, and access to quality essential healthcare services. In this sense, I commend the work of the Digital Transformation for UHC 2030 Coalition that you are spearheading with other partners including Women Deliver.
  • Unfortunately, there is arguably no other sector than the healthcare that generates quite as much data and, at the same time, fails to coordinate the data in effective, useful ways.
  • The failure to extract and use information contained in health data, which exist already, is a significant missed opportunity to improve services and care.
    • Waste:
      • For example, the OECD finds that 10% of patients are unnecessarily harmed during care. The health burden of this in OECD countries is on par with diseases such as multiple sclerosis and some cancers.
      • The direct financial impact is as high as 15% of hospital expenditure, and the broader economic drag estimated to be in the trillions of dollars. The most common root cause is a failure of communication – information and knowledge not reaching the right person at the right time. Better information exchange makes care not only safer but also more effective and efficient.
      • Care can be better coordinated by different providers and integrated with other services, with better results and less duplication and waste (20-30% of the adult population in OECD countries have multiple chronic conditions, and for them, accessing care can be frustrating when not integrated as one service).
      • Enabling access to the electronic health or medical record (EHR or EMR) by all actors involved in a patient’s care is a key structural component of a high-quality health system
  • To harness the benefit while addressing the risks of data privacy, the OECD has already come up with the Recommendation of the OECD Council on Health Data Governance in 2017.
    • With 12 principles, this recommendation set the conditions to encourage greater cross-country comparison and harmonisation of data governance frameworks so that more countries are able to use health data for research, statistics and healthcare quality improvement.
    • Unfortunately, despite the important gender dimension in long-term care, there continues to be little gender-disaggregated data on many key indicators (e.g. ability to pay, access to care, working conditions, training, etc.)
    • Only half of the 35 OECD countries (with available data) have national policies in place to address how data from electronic health records can inform clinicians, monitor disease outbreaks, conduct research and improve patient safety. Only half of OECD countries regularly link their existing health datasets to monitor healthcare quality[2].
      • More specifically, approximately 70% of responding countries to the 2016 OECD survey reported that people can access their record, while only 43% reported that individuals could interact with their own record (e.g. enter information, send requests, communicate with providers).
      • Nevertheless, good progress can also be found in some countries.
        • Estonia has a unified EHR, which enables residents to view all of their medical data in one place – including diagnoses, test results, medications. Residents can also interact with their data. They can update their details, supplement existing information, and carry out administrative processes such as obtaining a medical certificate for a driver’s license without needing a specific appointment.
        • Lithuania has implemented a centralised ‘one resident – one record’ EHR system that covers 95% of the population.
    • Better governance of healthcare data is possible and can lift performance. For instance, public reporting of healthcare quality indicators gives patients the information needed to identify the best healthcare provider, and acts as a powerful incentive for failing healthcare providers to change for the better[3]
  • Looking forward data gaps must also be bridged to ensure better quality healthcare for women and girls, and appropriate data systems are needed to ensure that health care quality is monitored and improved.
  • Furthermore, today’s global health emergencies highlight the importance of coherent, comparable and timely data shared and used across borders, within and between countries. When data sharing and linkage are most needed, data are not trapped in silos, difficult to exchange or shared with significant delays.[4] Here are good examples:
    • Korea[5] was able to trace infections by combining location data (including data collected from mobile devices) with personal identification information, medical and prescription records, immigration records, card transaction data for credit, debit, and prepaid cards, transit pass records for public transportation, and closed-circuit television (CCTV) footage. While there are certainly privacy concerns, the approach has wide public support.
      • And Korea had a good foundation to move fast in using health data since already before the COVID-19 pandemic, the country was in the process of integrating the national health insurance database (NHID) with clinical records, health care activities as well as data from outside of the health system including climate, pollution and geolocation data.
    • Chinese Taipei [6] used real-time health data from existing insurance coverage databases, linked to other data such as customs and immigration data. During clinical visits, when health care providers scan patients’ health insurance cards, an alert can be issued based on patients’ travel history and clinical symptoms. This data can be analysed to identify and test patients for COVID-19 who had severe respiratory symptoms.
  • There are also opportunities to better leverage Artificial intelligence. (AI) algorithms that learn from human decisions will also learn human mistakes, biases and stereotypes.
    • However, the AI sector is very gender and race imbalanced[7], suggesting that biased and stereotypical predictions might not be flagged by developers working to validate model outputs.
    • For example, Apple’s HealthKit, an application to track intake of selenium and copper, neglected to include a women’s menstrual cycle tracker until iOS 9; the development team reportedly did not include any women.[8]
    • And more generally, a study found that men were almost 6 times more likely than women to be shown ads for high-paying executive jobs.
    • Research has shown that AI systems sold by tech giants have error rates of max1% for lighter-skinned men and 35% for darker-skinned women.
    • AI can infringe on human rights and privacy: risk of data manipulation & sharing; identification and tracking; speech and facial recognition. Evidence of AI tech being used by governments to spy on civil society and activists.
    • AI can infringe on democracy: algorithms and ‘bots’ help share fake news, violent images, harvest & sell data (Cambridge Analytica) and drive echo chambers, especially on social media.
    • Part of solution (common ground) can be found in the OECD AI Principles (AI should: contribute to inclusive and sustainable growth and well-being; be used in ways that respect human-centred values and fairness; be transparent and explainable; robust, secure and safe; and accountable).

Use of date in the COVID-19 pandemic: Privacy or effectiveness? We need an international consensus on health data governance…

  • Recent OECD research has found that around a half of all people across the OECD have accessed health information online.
  • These are encouraging examples of how data can help policymakers improve patients’ lives, but more needs to be done.
  • Health data are personal and sensitive, and in the wrong hands, can be used to harm patients through a loss of their privacy; discrimination in areas such as health insurance or employment; and identity theft. Such data breaches and misuses weaken public trust, not just in healthcare providers but in policymakers, too.
  • The rising risk of cyber attacks and the growing suite of new technologies to secure data, make the data protection environment as vital as it is challenging.

Then comes the issue of data governance and privacy…

  • Half of the world’s population now connected to the Internet. As data becomes a key resource, issues of data governance rise. Foremost amongst these is the challenge of preserving openness by advancing trust in digital technologies [i.e., criminals taking advantage of the free flow of information; greater potential for fraud; loss of control over privacy and personal data; digital security breaches; and of course conflicting laws across legal jurisdictions creating friction.]
  • And at the OECD, we found that privacy is a top priority for citizens.
    • In 2016, more than 70% of Internet users in the EU provided personal information online, with many also performing actions to control access to these data.
    • In 2017, 46% of all Internet users in Europe refused to allow the use of personal information for advertising and 40% limited access to their profile or content on social networking sites.
    • More than 1/3 of Internet users read privacy policy statements before providing personal information and restricted access to their geographical location.
  • This caution is certainly warranted.
    • In 2015, around 3% of all Internet users across OECD countries reported having experienced a privacy violation in the three months prior to being surveyed. And keep in mind that this is the figure just for reported violations.
    • In countries such as Norway, Portugal, Sweden and Turkey, there was a notable increase in privacy violations as reported by individuals between 2010 and 2015.
    • In 2016, 64% of individuals in the United States experienced or had been notified of a significant data breach pertaining to their personal data or accounts.
    • People are also concerns over the protection of personal data handled by the public authority. In 2018, 18% of EU28 citizens chose not to submit forms to public authorities, 20% of them citing concerns about the protection of personal data as the reason.
  • IP theft has become a serious concern 
    • Small businesses accounted for 43 % of all attacks, while healthcare and financial services organizations made up 15 % and 10 %, respectively.
    • In 51% cases, IP theft resulted from human error (e.g. lost device, unintended disclosure or tailgating), malware infiltrations were reported in 43%.   
  •  And as we all know, data breaches have increased in scale and frequency [Facebook and WhatsApp data breach is fresh in our memory].
  • People need to know their rights, and have a say on how their data is used. We cannot harness the digital economy to improve people’s lives without ensuring the trust of citizens in digital technologies. But we must move forward together.
  • Against this backdrop, the OECD Privacy Guidelines (adopted in 1980, revised in 2013) will continue to serve as a key reference point. The OECD is a leader in the filed of privacy, working for almost 40 years. The Guidelines were the first internationally agreed set of privacy principles that apply to the protection of personal data, whether in the public or private sectors, and have influenced legislation and policy in OECD Member countries and beyond.
    • Since digital security and privacy is a moving target and there are also emerging threats to contend with, the OECD is currently undertaking a review of the Guidelines.  
    • One area we think is of as particularly important with regard to industry and government collaboration is further elaborating on mechanisms for increased accountability.
      • We will undergo further consultation with experts over the course of 2020 to review the Guidlines particularly in the áreas of:
        • Data ethics (recognising the importance of issues that are complementary to regulatory privacy issues, including issues like fairness, respect for human dignity, autonomy, self-determination, the risk of bias and discrimination).
        • Data portability (aiming to address still unresolved challenges such as regarding the scope of data portability regulation (i.e. what type of data should be subject to the data portability regulation), the role of voluntary data portability initiatives, and the need for standards.)

Contact tracing app (the case of France and TTT concerns in general)

  • And just today (2 June noon) in France where I am now, StopCovid tracking application was made available. Now we can freely download and use the app on our phone. And this coincides with the cautious reopening of bars and restraurants terraces across France.
  • The purpose of the StopCovid application is to let users know if they have been in the vicinity of people who may have been infected with the Covid-19 virus.
  • Of course there are privacy fears, but the value for money is also highlighted by the French State Minister for Digital Affairs, Cedric O (no more than a few hundred thousand euros per month).
  • And also there is concern over effectiveness – we need 50-60% of French people installing the app for contact-tracing to be effective. But this will be difficult because 25% of French people don’t have a smartphone.
  • But already, 22 countries have chosen to develop a contact-tracing app that relies on the interface developed by Apple and Google. 
  • A digital approach to widespread use of TTT is likely to be a key part of a successful exit strategy, but there is a risk of public identification of individuals and resulting stigma, whether confirmed infected, suspected infected or susceptible, even with anonymised data.
  • All OECD countries either have existing legal provisions or may enact laws that enable infringement of privacy due to a threat to public security. In enacting new laws or provisions, individuals should have a right to a judicial remedy and the provisions should be time bound so that the surveillance does not become permanent.
  • Most importantly, responses should align with the OECD Privacy Guidelines and with the aforementioned Recommendation on Health Data Governance, particularly with respect to public transparency of data uses. The Recommendation is useful because it represents an international consensus about the framework conditions within which health data can be appropriately governed, so that health data processing can take place both domestically and transnationally in ways that can reduce risk and improve benefits for health systems and patients.
    • Ensuring a supervisory body or watchdog will monitor the implementation of surveillance technologies and inform the public of new surveillance technologies and of their rights is recommended.
  • Policy makers, in consultation with privacy enforcement authorities (PEAs), must assess the possible trade-offs in data utilisation during this crisis (reconciling the risks and benefits), but must ensure that any extraordinary measures are proportionate to the risks and are implemented with full transparency, accountability and a commitment to immediately cease or reverse exceptional uses of data when the crisis is over.
    • In practice, few countries have frameworks in place to support these extraordinary measures in ways that are fast, secure, trustworthy, scalable and in compliance with existing privacy and data protection regulations. For example, South Korea, Singapore, Israel already had extraordinary powers or could issue emergency measures to collect personal data, but others had to pass laws for data collection.
  • Privacy enforcement authorities (PEAs) have a key role to play in advising on proposed new government legislation and providing clarity regarding the application of existing privacy and data protection frameworks.
    • As of mid-April 2020, Privacy Enforcement Authorities (PEAs) in Argentina, Australia, Canada, Finland, France, Germany, Ireland, New Zealand, Poland, Slovakia, Switzerland and the United Kingdom have published general guidance for data controllers and processors about the application of their privacy and data protection laws in the crisis. The European Data Protection Board, GDPR and Convention 108 do not hinder measures taken in the fight against COVID but do require measures to be limited to emergency period.

Digital gender divide

  • Half of the world’s population still does not have access to the internet. Even worse, 250 million fewer women than men are online.
  • Actually, all the gender gaps as we know them (of representation, of distribution of unpaid work, on wage gap, on leadership gap) will pale with the trends we are seeing in the digital world.
  • There are few girls who opt for ICT disciplines.
    • At age 15, only 0.5% of girls in OECD countries want to become ICT professionals, compared to 5% of boys. Twice as many boys as girls expect to become engineers, scientists or architects.
  • Adults with a tertiary degree in engineering manufacturing and construction and natural sciences, mathematics and statistics earn over 60% more than adults with upper secondary education, women are not well represented in this field.
    • This is especially worrying for women who graduate at higher rates from tertiary education (58%) but are still underrepresented in STEM fields: only 24% of engineering graduates and 25% of ICT graduates were women
    • This plays into exclusion of women in innovative startups:
      • 90% of software development is done by male only teams
      • Women-owned start-ups receive 23% less funding and are 30% less likely to be bought up or issue an IPO than male-owned businesses.
  • Beyond re-thinking how to bridge these divides, we should also reframe the way we deal with the technology, not only to be prepare individuals to master it, but to be in charge of its development and impact. First, to use technology to find answers for the social and environmental challenges we face, but second to avoid the downsides of this technologies as we saw in Christchurch.
  • And, the digital divide is not just about women, but about children from disadvantaged background.
    • Let’s look at France for example. The OECD estimates that each week that a school closes represents on average 26 hours of face-to-face learning time (data available for colleague level, general education), which equals 2.8% of the time total instruction year.
    • The capacity and adaptability to compensate for the projected loss in learning varies according to socio-economic profiles of students.
    • And of course the ones that lost most are those from low-income and/or single-parent families.
    • Because… across the OECD, 22% of children from the lowest socio-economic status don’t have internet access and are left behind in this full digital learning environment.
    • Furthermore, on average across OECD, more than 30% of 15-year-old socio-economically disadvantaged students do not have a quiet place to study at home (as opposed to 10% of advantaged students).
    • During the Covid-19 epidemic, despite government efforts, online courses and classes have been difficult to access for disadvantaged students. Providing children with free or affordable devices and internet access could be one way of tackling the digital divide between students from different backgrounds to make up for the unequal starting conditions.

[1] https://theconversation.com/inquiry-into-coronavirus-nursing-home-deaths-needs-to-include-discussion-of-workers-and-race-139017

[2] https://oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/5780/Governing_data_for_better_health_and_health_care.html

[3] https://oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/5780/Governing_data_for_better_health_and_health_care.html

[4] http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/beyond-containment-health-systems-responses-to-covid-19-in-the-oecd-6ab740c0/

[5] https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765252

[6] https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762689

[7] https://ainowinstitute.org/AI_Now_2019_Report.pdf

[8] https://nam.edu/artificial-intelligence-special-publication/

High-Level Roundtable: Gender Equality and COVID-19 Crisis and Recovery: The G7’s Role

On 12 May 2020, Gabriela delivered remarks at the UN Women High-Level Roundtable on Gender Equality and COVID-19 Crisis and Recovery: the G7’s Role. Find below her remarks delivered on the topic of “women and entrepreneurship in COVID-19 crisis response and recovery.”

For more information consult the UN Women press release.


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  • I’d like to thank EU, UN Women and ILO for organising this important meeting, following up on the G7 commitment. And also great to see B4IG partners here today [Unilever, L’Oreal].
  • Indeed, since the G7 Leaders endorsed the G7 Principles on Women’s Entrepreneurship in 2015 (with the support of the OECD), successive G7 Presidencies have made enormous efforts to advance women’s business as one of their priorities.
  • Still, far fewer women than men start, run and maintain their own businesses.
    • Women are almost half as likely as men to be involved in starting a new business in the EU.
    • Only 5% of women in the EU were established business owners between 2014 and 2018, which was below the share of men (8.4%)
    • Female founders are less likely than male founders to have a successful exit (9% vs. 13%).
  • These gaps exist often because of a mixture of economic and cultural barriers.
  • Women lack access to finance, markets, skills, leadership opportunities and networks.
  • And these cultural barriers may play a systemic role in creating specific market failures.
    • Stereotypes and lower exposure of women to role models can explain why women report a lower interest in an entrepreneurial career, and often believe they are not capable to become successful entrepreneurs. Women are more likely to report a fear of failure than men (42% vs. 36% across the OECD).
    • Only 37.7% of women (compared to half of men) in the OECD countries felt that they had the knowledge and skills to start a business.
    • Women report using bank loans less frequently than men do, instead relying on personal savings and spousal funds to start their businesses.
    • Self-employed women earn significantly less than men across countries (35% on average across the G7 countries).
    • Furthermore, female entrepreneurs have “double assignments”, running an enterprise and a household at the same time (women spend up to ten times as much as men globally for unpaid work).
  • The COVID-19 crisis will only exacerbate these existing gender gaps in business.
  • The OECD has conducted a survey since February, and found that more than half of SMEs are already experiencing severe drop in revenue. 1/3 fear to be out of business without further support within 1 month. Today, three months into the COVID-19 crisis, women-owned businesses will continue to suffer from liquidity shortage.
  • Of course, governments have been taking action to support the self-employed by:
    • Raising the amount of funding available for loan guarantees significantly [i.e., Austria, Germany, Italy, France, Portugal, Switzerland, UK].
    • Intensifying guarantee schemes to banks to strengthen loans to SMEs [i.e., Austria, Belgium, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong China, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Lithuania, the Netherlands, Poland, Portugal, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Switzerland, UK.
    • Many countries are providing subsidized online training course (i.e., China, Australia)  or provide counselling service for entrepreneurs (i.e., Finland, New Zealand).
  • However, NONE of the actions to date have focussed specifically on women-owned businesses!
  • To emerge stronger from the crisis, we need TARGETED policy measures to protect women-owned business in the recovery efforts.
    • We need improved access to financing through credit guarantee schemes for women entrepreneurs.
    • We need training programs and counselling services to help female enterprises survive and come back stronger from the crisis.
  • More importantly, we need to continue fighting for more female role models. Because we cannot be what we cannot see. We need inspiration, we need encouragement, we need peer support.
    • Currently, women only make up 25% of boards of the largest publicly listed companies in the OECD, and only 5% of Fortune 500 CEOs are women. Increasing women’s leadership will contribute to improved access to networks of supporters, making them more resilient to future shocks.
  • We cannot wait until women entrepreneurs are hit disproportionately by the economic fall-out. Apart from immediate financial support to support the business survival and continuity, governments now have the opportunity to promote family friendly policies, dual parenting programs and equal share of unpaid work.
  • The measures government take now will determine the post-COVID world, and the public-private alliance of WE EMPOWER can represent women’s voices to make sure the new normal will be more gender inclusive than before!
  • Let me hear your experiences going through this crisis to identify some missing elements in our response and recovery efforts.

WEF COVID Action Platform – Social Sector Leaders

On 30 April 2020 Gabriela Ramos participated in the third virtual World Economic Forum COVID Social Sector Mobilisation Platform call, which brought togeter leaders from Civil Society, the Schwab Foundation, Philanthropy, and Young Global Leaders. The COVID Social Sector Mobilization Platform consists of four priorities: Mobilizing a collaborative response between the social sector, governments and business; Generating COVID-related support for civil society organizations around the world; Influencing policy through concrete recommendations and evidence-based knowledge; Identifying opportunities for investments and funding on systems-changing interventions.

Find below her remarks and panel talking points as delivered.


Opening Remarks

First and foremost, I want to take this opportunity to commend the work of frontline essential workers, nurses and doctors and care-workers, to fight the Covid-19 pandemic and to save lives. And my deepest condolences to those who have suffered and lost on account of the virus or saving others.

Covid-19 is causing large-scale loss of life and severe human suffering. It is overburdening health systems worldwide and posing a threat to the global economy at a magnitude not seen in recent times.

We are facing a lot of uncertainties.

  • OECD projects a decline in annual GDP growth of 2 ppt for each month of confinement.
  • Many economies are experiencing sharp and sudden contractions in output, falling to record lows in Europe in both manufacturing and service sectors.
  • Global trade is now contracting (global merchandise trade for JAN and FEB is 2.5% weaker than a year earlier).
  • Global air traffic has fallen rapidly. At the major international airports of the G20 countries, the total number of commercial flight departures was 80% lower than in the latter half of February.
  • Global production and retail sales fell. (5.2% and 12% lower respectively in February than in 2019Q4)
  • Effects on workers have been dire across countries. ILO estimates 2.7 billion workers will be affected (81% of global workforce), with new unemployment benefit claims in some countries increasing 10 times ‘normal’ rates.

These impacts will fall asymmetrically on our societies.

  • This crisis is exposing widespread inequalities between socioeconomic groups, regions, gender, and generations that we have yet to fix since the 2008 crisis.
  • The most vulnerable are impacted by this economic fallout, the financially insecure, those in precarious employment conditions such as gig, informal, domestic, and migrant workers, with low levels of education.
  • Even prior to the crisis, the bottom 40% of the population were financially insecure, meaning they were at high risk of falling into poverty with 3 months of income-loss. This figure climbs to over 60% in some OECD countries. As confinement stretches on this risk becomes almost a definite!

And many more social implications…

  • Those with pre-existing physical and mental health conditions will struggle to receive the support they need.
  • Women are increasingly facing violence due to confinement (30% increase in major economies). Even before the crisis, more than 1 in 3 women had experienced IPV.
  • Youth are at risk of losing prosperous future. Existing education and skills gaps between those with low versus high socioeconomic backgrounds can further widen as we all go digital.
  • We know for a fact that youth from low socioeconomic backgrounds are less likely to return to schooling following disruptions and the same goes for girls in developing countries, particularly in rural regions.
  • And children – how do we ensure their well-being during the crisis? Civil society has a key role to play as they can provide essential services and goods (food, social service) speedier than governments.

In immediate response measures we need to pay special attention to these inequalities and put people at the centre, investing in the areas people need most: social protection, health care, elderly care, childcare support, income support (also for informal workers – especially in the developing country context where 90% of workers are informal), support for small business owners, extending unemployment benefits.

  • The OECD provides a wealth of recommendations on our COVD-19 digital hub with policy recommendations across all government mandates.

In order for these measures to reach those who need it most we need partnership and collaboration between public, private, social, and civic sectors.

  • We must incorporate the viewpoints of civil society organisations close to the groups we wish to reach.
  • We must promote R&D for companies that can provide essential sanitary and chemical products.
  • We must incentivize the private sector to provide education materials and digital technologies to students and teachers in disadvantaged areas.

More fundamentally, the priorities we set in our recovery strategies will define our post-COVID world. This crisis is bringing to light the weaknesses and vulnerabilities of our current economic, social, political systems. We must not only ensure that the effects of inequalities are not compounded during this crisis. But we must create a new narrative that puts people and well-being at the centre of our policies. We must also work to make our health, economic, political, and social systems more resilient and better prepared for the next unavoidable shock.

At the OECD, our policy guidance centres around this objective and we stand ready to partner with governments at all scales and various sectors to achieve the world people deserve. I am also happy to hear from partners after this meeting for any suggestions for collaboration. 

TALKING POINTS for Q&A

Economic Global Outlook:

The exact scale of the economic shock arising from the implementation of containment measures is extremely difficult to quantify, but is clear that many economies are experiencing sharp and sudden contractions in output, spending and employment.

  • OECD estimates show that we can expect a decline in annual GDP growth of 2 percentage points for each month that strict containment measures continue.
  • Indicators of output fell to record lows in Europe in both manufacturing and service sectors.

Global trade is now contracting

  • Data for merchandise trade data from the CPB show declines in global merchandise trade in both January and February, with trade 2.5% weaker than a year earlier.
  • Global air traffic has fallen rapidly as the crisis has intensified. The total number of commercial flight departures recorded by Flightradar in April (until 28th) was 71% lower than in the latter half of February. At the major international airports of the G20 countries the decline is even steeper, at 80%.
  • Global production and retail sales in February were 5.2% and 12% lower respectively than in 2019Q4, largely reflecting sizeable declines in China.

Effects on workers have been dire across countries

  • ILO estimates 2.7B workers will be affected (81% of global workforce)
  • In the US Over the five weeks to April 18 nearly 26.5 million workers inistigated new claims for unemployment benefits, an unprecedented shock. The cumulative number of new claims is larger than total US job growth between 2009Q4 and 2020Q1.

Policy measures

Social Protection

  • Automatically extend social protection entitlements (e.g. for disability, child support, poor families) that  cannot  be  renewed  in  person  or  online  due  to,  for  example,  quarantine,  illness,  excessive number of requests, technical difficulties or lack of access to digital platforms.
  • Increase capacity to effectively register and process the rising number of unemployment cases, if needed  prioritising  financially  vulnerable  groups,  such  as  single  parents,  young  people,  people  educated below tertiary level, and for couples with children, who are also among those who have to deal with school closures and new care responsibilities. 
  • Workers with low job security will be hit hardest and should receive unemployment coverage, even if not meeting the criteria (e.g. uninterrupted employment for six months or more in some countries).
  • Introduce temporary support for non-standard workers and persons in the informal economy who are not covered or entitled to social protection.
  • Provide income support of vulnerable groups, such as sick workers and their families; quarantined workers, who cannot work remotely; workers losing their jobs and the self-employed and others in non-standard forms of work who are experiencing a drop in activity.  
  • Extending paid sick leave coverage to non-standard workers, including the self-employed.
  • Support SMEs in covering the financial compensation during sick leave thus encouraging workers to remain isolated as long as needed.
  • Strengthen  in  particular  income  support  to  financially  vulnerable  groups (single  parents, young  people,  people  educated  below tertiary level, and for couples with children, who are also among those who have to deal with school closures and new care responsibilities).
  • Introduce more flexibility in short-term work schemes, allowing to recruit and train job seekers to step in for ill and quarantined workers. 
  • Consider  the  specific  needs  of  women,  who  are  likely  to  take  on  a  greater  share  of  the  caring  responsibilities  for  children  and  the  elderly,  as  a  consequence  of  more  often  being  “secondearners”, e.g. address possible consequences on their social security contributions and pensions.
  • Organise delivery of essential supplies to socially isolated groups (e.g. the elderly) and persons in quarantine and treatment (for cases not requiring hospitalisation).
  • Co-ordinate  regular  check-ins  with  people  at  risk  of  isolation  and  loneliness  for  the benefit  of  psychological  and  physical  well-being.

Health Care

  • Alleviate pressures on the health system by implementing measures to contain and mitigate the spread  of  the  disease,  including  public  health  services  to  prevent  infection  and  contagion,  and  stepping up public information campaigns for practicing personal hygiene and social distancing.
  • Provide additional funding  for  health  care  to  help  rapid  deployment  of  resources  and  higher  capacity. 
  • Ensure  adequate  spaces  to  diagnose  people  safely  and  efficiently.
  • Mobilise inactive health professionals.
  • Recognise and reward overtime work in health care and emergency response sectors.
  • Boost the provision of required supplies and equipment to diagnose and treat patients safely; work with partners along the supply chain/transport routes to ensure that provision of essential supplies is not restricted by containment measures (e.g. border closures) and trade restrictions.
  • The  “hard  to  reach”  deserve  special  attention  –  make  health  care  and  testing  services  both  affordable  and  accessible  to  vulnerable  groups,  and  public  health  information  clear  and  easy  to  comprehend.

Housing

  • Implement  measures  to  ensure  that  individuals  and  families  can  remain  in  home  dwellings,  throughout  the  crisis  and  into  the  recovery  period.  Options  include  temporary  deferment  of  mortgage repayments and utility bills, and suspension of foreclosures and evictions.
  • Increase bed capacity in homeless accommodation and reduce overcrowding.  Options  include  acquisition   of   hotel   rooms   and   conversion   of   publically   owned   buildings.

Education

  • Support affected students through effective remote learning opportunities. Public institutions and the  private  sector  can  be  called  upon  to  donate  the  equipment  needed  for  remote  learning.
  • Provide  remote  training  facilities  for  teachers,  as  well  as  students  and  their  parents,  to  navigate  any technical difficulties (e.g. provide directions for prioritisation in case of overload of servers and internet capacity) in the transition to remote learning.
  • Depending  on  the  success  of  remote  learning,  consider  extending  classes  beyond  the  regular  school year/after the lifting of the school and university closures to minimise impacts on students’ future  education  performance  and  job  prospects,  especially  for  those graduating from  middle  school, high school or university.
  • Pay particular attention to supporting vulnerable children (and their families), who are less likely to have a suitable learning environment, parental support and technical facilities for remote learning, as  these  are  also  children  more  vulnerable  to  dropping  out  of  school  and  experiencing a  more  severe  drop  in  academic  achievement  after  prolonged  school  breaks. 
  • Consider  inclusion  of  the most  vulnerable  children  in  emergency  childcare  provisions  for  children  of  essential  workers  in  countries where such arrangements exist.
  • Provide support to children who rely on schools for meals and contacts with supportive adults e.g. food vouchers, food parcels, and regular check-ins by teachers.

Supporting small businesses

  • Implement  short-term  support  measures  for  SMEs  and  severely  affected  sectors  (e.g.  tourism)  including temporarily reducing or eliminating property/business taxes.
  • Provide liquidity support through creation of temporary loan-repayment amnesties or provision of grants to bridge liquidity gaps.
  • Help  firms  adjust  working  time  to  remain  operational  and  preserve  jobs. 
  • Encourage  teleworking  and other types of remote work, where possible.
  • Encourage training and upskilling.
  • Work  with  technology  companies  to  provide  SMEs  and  the  self-employed  with  free  and  rapid  access  to  communication  and  sharing  tools.

Role of civil and social sectors

COVID-19 has a strong impact at the community-level making local response very important.

Therefore countries should engage effectively with Community organisations and NGOs to access community knowledge, make better decisions, build trust and lessen discrimination.

Countries should support community responses and actions with funding and infrastructure so that local organisations and groups can deliver and inform local and national government decisions.

For example, support to vulnerable children, such as food banks, learning materials, and psychological support, would likely be better delivered by civil society than the speed at which a government can do it.

Through the OECD’s close co-ordination with a wide range of civil society actors and continuous monitoring of external developments in the third sector, our understanding of their desired roles in the COVID-19 crisis is:

  • Working directly with governments as part of their crisis response to best co-ordinate their staff and volunteers, use their social media and other communications networks to provide quality and up-to-date information and offer any specific local/regional knowledge they may have:
    • Ensuring the personal/physical safety of workers, especially those on the “frontline” e.g. healthcare, retail etc., through provision of sufficient and adequate PPE
    • Ensuring the personal/physical safety of citizens, through communicating sound health advice and combatting misinformation, protecting already marginalised and at-risk groups, and recognising that issues such as domestic violence against women are exacerbated during pandemics
    • Making sure there are adequate financial provisions for workers, families and businesses whose jobs, employment or incomes are affected
    • Conveying citizens’ concerns to represent their immediate needs and champion their vision of the recovery phase, especially the most vulnerable, those at risk and groups that may not have their own voice
  • Continuing their watchdog role
    • Monitoring CV19-specific resources, and the contracts/agreements that may go with them, are scrutinised for corruption/bribery/competition concerns and that information is transparent and easily accessible
    • Protecting privacy making sure data safe and used only as necessary, specifically regarding existing or proposed digital track and tracing initiatives
  • Being actively included and consulted in recovery planning across all areas of society
    • Re-evaluating how healthcare is paid for and accessed, as well as social security systems and safety nets more broadly
    • Re-assessing how governments and businesses invest and the effects on the ongoing climate crisis and biodiversity, and how a Green New Deal could be realised
    • Re-imagining trade and global value chains to be more resilient but also fair and just

Rural impacts

Over the short run, the possible temporary relocation of urban dwellers to rural areas will likely produce positive consumption effects, despite the overall decline in demand with confinement measures.

There will be a temporary increase in consumption of durables and immediate consumption goods due to crisis purchasing behaviours, and a drop in demand for luxury goods both in urban and rural areas.

Rural areas specialised in agriculture production may benefit as well as local firms and the rural service sector.

Despite these positive effects, rural regions are particularly vulnerable to the emerging shock effects due to the following factors:

  • Large share of population with high risk factors notably elderly, poor, health issues, etc.
  • A less diversified economy.
  • A high share of workers in essential jobs (agriculture, food processing etc.) coupled with a more limited likelihood to work from home — making social distancing harder to implement.
  • Lower incomes and lower savings forcing people to continue to work when ill.
  • Health care system not suitable for dealing with covid-19 lacking, ICUs and doctors with specialised skills.
  • Digital divide in the form of weak internet and fewer people with adequate computer and phone technologies.
  • Larger distance to access hospitals, testing etc.
  • Confinement measures and the need to take care of children limit the mobility of local and foreign workers.
  • Although primary sector, especially agriculture, has typically been classed as essential activity, and therefore maintained during the crisis, high labour intensive sectors that are critical for rural economies are experiencing labour shortages including from seasonal and temporary workers.

Governments can prepare to leverage opportunities presented by the crisis to accelerate adaptation and integration of rural communities

  • Speed up investments in digital infrastructure and supporting eco-system to increase the uptake of digital tools in rural areas. 
  • Encourage the uptake of remote services by better adapting national rules to the specificities of rural communities, training of teachers and health care professionals to adopt remote forms of service delivery. 
  • Provide financial and technical assistance to support community-based and social innovation projects that aim at protecting the most vulnerable citizens in rural areas, including the elderly and migrants.
  • Include sustainability criteria in Covid-19 recovery actions so that they also contribute to long-term resilience by addressing climate change and ecological transition.
  • Support the resilience of rural communities by enhancing social solidarity networks that meet the basic living standards of the vulnerable citizens in the rural areas.

Regional impacts

  • Impacts have a strong regional dimension as well.
  • Many middle- and lower-income countries have tried to adopt a similar range of measures to those adopted by OECD members – nation-wide or partial lockdowns, fiscal stimulus, travel restrictions, quarantine arrangements.
  • Some even responded earlier and more strongly than the advanced economies.
  • The menu of policy options is thus broadly similar, but in many/most cases, limited fiscal space, weaker state administrative capacities and less developed infrastructure (especially digital infrastructure) and healthcare systems constitute important constraints on their ability to respond.
  • In addition, there are specific challenges to administering lockdowns and public health measures, as well as measures to provide social protection and maintain incomes, in places where a large part of the population operate outside the formal sector.
  • The crisis also shows us how many truly essential tasks are performed in many countries by informal workers (waste disposal, cleaning, deliveries).
  • The challenges for urban informality are particularly acute.
  • These tensions are of first-order interest to all of us, because a failure to contain the virus in large swathes of the developing world would constitute a threat to (or at least impose high costs on) all.
  • Costs are likely to increase as the failures of healthcare systems make lock-down measures all the more important to contain the spread of the epidemics, notwithstanding the difficulty to enforce them.
  • This confronts governments with difficult dilemmas, as the tension between the risk of high death tolls and a devastating impact on the economy is stronger than in advanced economies, potentially leading to more social and political unrest.
  • Furthermore, in certain contexts, because of their limited capacity to lead and obtain an adequate response from the population, some governments can be tempted to take more authoritarian measures.
    • In many cases, elections and democratic processes had to be postponed, creating uncertainty; in some cases, emergency support cash transfers are used with political intentions.
    • In some countries, the reactions of national governments and sub-national governments have not been fully aligned and there have been riots in excessively crowded prisons as inmates become infected.
    • All these are additional factors to take into consideration in countries where institutions are weaker and trust in governments is low.
    • At the same time, good communication strategies and good crisis management are enhancing government support in some countries.
  • On the economic front, we see the evergreen dilemma of state support vs private sector development in the economic response. While state controlled systems have the ability to direct necessary resources into the crisis management, and thereby address pressing social issues related to the loss of jobs, these measures can sometimes favour SOEs and be channeled via SOEs, whereas the most vulnerable privately owned SMEs, startups etc. remain without support.
    • Help can be usually provided to SOEs through commercial banks or lower level government entities and the process also be burdened by heavy bureaucracy.
  • In developing and emerging economies, the likely impact on women is even higher given their large presence in the informal sector and in the health care system.
  • Likewise, the very significant amount of unpaid work in relation with care of the elderly and children is particularly important. This shows more dramatically the imbalance in the access to decision-making positions.

CONFERENCIA NACIONAL PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA: Protección del empleo y del ingreso de las familias, incluyendo a quienes viven de la economía informal

On Wednesday 29 April 2020, Gabriela Ramos delivered opening remarks at the virtual Conferencia Nacional Para La Recuperación Económica organized by Mexican CCE and Concanaco. Find her opening remarks as delivered below.

  • I’d like to thank Cosejo Coordinador Empresarial and Concanaco for inviting me to this Conference today.
  • The COVID-19 crisis is having an unprecedented impact on our society and economy. According to the OECD’s latest assessment, the impact of containment measures in the main economies will range between 20% and 30% of GDP (a loss of 2 ppt in annual GDP growth per month of confinement).
  • Even in the pre-crisis period, the Mexican economy was already in recession.
    • Last year, Mexico grew only by 0.1%.
    • Then the COVID-19 pandemic came and the Mexican economy is now projected to suffer a 6.6% decline this year (IMF).
    • The COVID-impact wreaked the key pillars of the Mexican economy: trade, oil, remittances and tourism.
      • As the US’s largest trading partner, Mexico is impacted by the spillovers from the halt in activity in the US. With China starting to reopen its economy, the risk mounts.
  • [Trade is likely to fall more steeply in sectors characterized by complex value chain linkages, particularly in electronics and automotive products. For example, according to the OECD TiVA, the share of foreign value added in electronics exports is around 10% for the US, 25% for China, and more than 50% for Mexico] The collapse of global oil price dipped Mexico’s oil export price into negative territory for the first time in history.    Then an additional blow to tourism, which generates 17% of Mexico’s GDP. And the most critical issue affecting the vulnerable population is the projected sharp fall of remittances [Mexico to contract more than 21% for 2020-2021 only recovering up to 10 years from now].
  • Indeed, Mexico is doing a great job in containing the spread and impact of COVID-19.
  • However, as recession continues, more measures are needed targeting the vulnerable. Because…
  • Nearly 60% of Mexican workers have informal jobs – they are housekeepers, vendors, day laborers, domestic workers (mostly women and migrant workers), and small-business owners without adequate social protection.
    • The crisis hits us in the context of high social inequality. Across the OECD, 1 in 3 individuals are financially insecure with the high risk of falling into poverty after 3 months of income-loss across the OECD.
  • Mexico can learn from other countries’ innovative ways to expand its financial compensation for businesses and self-employed workers during the crisis.
    • France and Denmark, have stepped in to subsidize workers’ wages and prevent layoffs
    • UK will pay up to 80% of workers’ wages.
    • Denmark will pay 75% to 90% of workers’ salaries on behalf of employers, as long as workers aren’t laid off.
    • Spain is moving towards establishing a permanent basic income to support the low-income households.
    • Germany is offering aid to small employers and to freelancers.
    • Japan will provide every citizen with $930 cash payment.
  • Several countries in the OECD are providing temporary tax moratorium for SMEs, which should help to avoid massive firm’s closures and workers lay-offs. [And Mexico has announced similar measures a few days ago, providing needed supports to SMEs in these difficult moments].
  • For the short-term, measures such as non-conditional cash transfers, tax deferrals and reductions, food baskets or suspension of payments of basic utilities; exemptions from social security contributions, direct cash transfer to self-employed and subsidies to temporary employment should be reinforced. And as we move forward, stronger social protection systems need to be built that work for the vulnerable.
  • The OECD will continue supporting Mexico in its recovery from the crisis.

Special Session of the OECD Working Party on Gender Mainstreaming & Governance

On Wednesday 29 April 2020, the OECD’s recently launched Working Party on Gender Mainstreaming and Governance held an Extraordinary session to discuss the implications of COVID-19 on its work.

Find below the remarks delivered by Gabriela Ramos to open the virtual session.

Good afternoon everyone. It is nice to see all of you looking healthy and well.

Thank you, Lina [Nilsson, Chair of WP on GMG – Sweden]. And I want to thank Sweden for the initiative to organise this important meeting. And, I have a great news to share with you all that we have Colombia as the 37th member of the OECD, and I am glad to see them join the meeting today! Welcome Colombia.

I also thank UN Women and the European Institute for Gender Equality (EIGE) for joining the discussion today and sharing their important work with the delegates.

First, let me say that for those who might have their close ones affected by Covid-19, I wish them all a speedy recovery.  It is under these extra-ordinary circumstances that our core mission to mainstream gender in our policy-making becomes all the more important and urgent. Many of you might have participated in the Friends of Gender Equality Plus meeting that I co-chaired two weeks ago.

We realised how useful it was to see some successful measures taken by countries to address the disproportionately negative impact of the COVID-19 pandemic on women and girls.

Since we met at the launch of the WP in February, the world has completely changed. The crisis only exposed the existing gender inequalities and the fact that women are more at risk (both in terms of immediate and long-term) when faced with a shock like this one. Maybe this crisis could finally turn around the unequal world we live in to “re-balance” the narrative to a more inclusive one.  

The crisis highlighted that women do not get a fair share.

  • Women are over-represented in the health sector [70% in healthcare, half as doctors, 85% as nurses and 95% as long-term care workers], yet they continue to be placed in low-status [25% in decision making and leadership] and low-paid position [28% gender pay gap]
  • In addition, they continue to do the majority of unpaid care work at home [3.8 times on average globally, up to 10 times] – maybe with the school closure and shift to telework, men are taking more responsibilities at home and I would like to hear some countries’ experiences on this particular issue.
  • Women also face high risks of economic insecurity as many are in informal economy. In developing countries, over 90% of female workers in non-agriculture jobs are in “informal employment” (70% in emerging economies). They suffers easy lay-off, and they will not be saved by social protection including health insurance or pensions/unemployment benefits.
  • And women face increased risks of violence during confinement [more than 30% increase in calls to helpline in some countries since lockdown]. Let’s not forget that even in “normal time”, 1 in 3 women suffered violence by intimate partners in their lifetime. Confinement only worsen the situation.

Under the circumstance, ensuring a gender lens in the emergency responses is essential.

Every crisis also brings its opportunities to find adequate responses and innovative solutions. And to this end, we have conducted a Survey – and thanks for those who have already responded – and this is proven extremely useful in seeing the priority areas identified by your governments. Tatyana will elaborate further on this later, but I already see that many countries listed “support for gender-based violence survivors” [16 countries] as the top three priorities, only seconded by “support for women, workers and families facing job and income loss” [12 countries]. These were also the key areas identified by the Women Leaders Roundtable that I co-chaired with UN Women’s Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka last week. What is most important part is to see how countries are addressing these challenges.  Going forward in this WP, we will examine what mechanisms each government used to address gender-sensitive decision making during emergency responses, and we hope to present the outcome in a policy paper in coming weeks.

We already know of many great initiatives and measures taken by countries, and I would like you to keep updating us about the steps you make. As mentioned earlier, learning from best practices is the only way forward in an emergency situation like this.

Also, let’s not forget that “women” is not just one homogenous group. In line with the Public Governance Committee Strategy on Gender Mainstreaming, we should capture the diverse needs of people emerging from intersectional factors (i.e., linked to age, disability, ethnicity, housing situation, and employment). This is indeed the value added of this WP.

When we often face resistance that ‘gender mainstreaming is not a priority’, that ‘it is unrealistic to consider gender evidence in an emergency’, or that ‘there is not enough data or evidence’ to prove the cost benefit!

But we KNOW women are disproportionately impacted by the crisis. Countries have to do more and better.

Furthermore, we have examples around the table that gender-informed decision-making is possible, even in a crisis.

  • For example, in Sweden, gender-mainstreaming culture is so deeply rooted that some departments have managed to analyse the gender impacts of their emergency packages (to support SMEs). If some countries have missed the opportunity to embed a gender lens in the first emergency response, we should then embed it during the implementation phase or service delivery phase.
  • Canada is taking this direction to counter balance the potential impact of emergency decisions. It is not too late. Evaluating the impacts of policy responses from a gender lens can give us the tools to take better decisions.

Governments cannot afford to restrain the capacities and resources of national gender institutions, which are still recovering from the effects of the 2008 Financial Crisis.  As we try to “bounce forward” to inclusive recovery, strong gender institutions, coordination and collaboration will be the key for success.

In the ‘new normal’, the task in hand is carving a vision and a voice on what this ‘new normal’ should look like and how to achieve it. I look forward to hearing from you on the most outstanding questions that you want the Working Party to address in response to the crisis and to support inclusive recovery; and how can we continue strengthening the business case for gender equality issues to remain at the forefront of short term responses and pathways for the recovery.

Thank you and looking forward to the discussion today!

WOMEN LEADERS VIRTUAL ROUNDTABLE ON COVID-19 AND THE FUTURE

 On 20 April 2020, Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director of UN Women, and Gabriela Ramos, OECD Chief of Staff and Sherpa to the G20, convened and chaired the Women Leaders Virtual Roundtable on COVID-19 and the Future to address the disproportionately negative impact the COVID-19 pandemic has on women and girls and to identify and prioritize policy measures that facilitates a more gender-inclusive recovery path. 

The women leaders (full list below), ranging from Heads of State and Government, including President, Prime Minister and Vice-President, to Civil Society, head of global women’s movement and Youth leaders, represented the voices of women from various sectors to share their advice based on their experience from before and during this crisis. The engaging and dynamic discussion confirmed that women’s leadership is more needed than ever to go through this crisis.

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Find below the remarks as delivered by Gabriela Ramos on this occasion.

For more information view the press release, joint op-ed by Gabriela Ramos and Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director of UN Women, and the OECD Policy Brief: Women at the core of the fight against COVID-19 crisis.

Welcome everyone! Thank you for joining us today. The crisis has revealed that women are more at risk, especially to the medium and long-term impact of the crisis. Nurses and care-workers, most of those fighting the virus are women, but their pay and visibility are limited. They provide the majority of care outside and inside their homes, but the social recognition of these efforts is limited.

Women are over-exposed in the economic fall out.  OECD estimates suggest that the initial direct impact of the lockdown is around 2 percentage points of GDP per month, with an overall effect depending on the sectoral composition of different economies of 15-25% of GDP. The impact will be stark on the most vulnerable, including women and the impact will be amplified in developing countries.

How do we ensure that governments’ response measures protect the bottom 40% of the population that lack adequate social protection, many of whom are women? And as countries move towards de-confinement, how do we ensure that the exit strategy has a clear gender lens to avoid another lost generation of youth like we saw after the 2008 crisis? The Covid-19 world will never be the same, and it is up to all of us to ensure that women fare better. We need to create a new narrative that delivers for women and girls.

Today we are breaking down the discussions into 4 main topics. We will cover healthcare and other care works, economic impact on women, gender-based violence and WPS and humanitarian aid and considering the amplified impact of the crisis in developing countries.

Health Care and Care WorkWe know that women take on the majority of care work. They make up 70% of the healthcare workforce globally, around 85% of nurses and midwives in 104 countries where data is available, and half of doctors in the OECD. This puts them at adverse risk of infection.

Women also make up almost all the long-term care workforce (on average 95% across the OECD).

However, they are generally concentrated in:

lower-status [only 25% of women in the decision-making and leadership position in the health care sector]

lower-paid jobs [Overall, an average gender pay gap of around 28% exists in the health workforce. Even when occupation and working hours are accounted for, the gender pay gap is 11%. There is 12% gender pay gap for nurses].

With these existing inequalities from before the crisis, how exactly is the crisis impacting on women in the health care and other care work.  How can we ensure that women are included in the response to the crisis and rebuilding of the health care system and social recognition around care work?

I have Ms. Katrin Jakobsdottir (Prime Minister of Iceland) then Ms. Roopa Dhatt (Chair of Women and Global Health) to start the discussion. Then Natalia Kanem, Executive Director of UNFPA andMs. Nadine Gasman (President of Inmujeres) to follow.

Economic ImpactsOf course containment and lockdown are vital to save lives during this health crisis, However, these measures are having dire impacts on the economic well-being of people around the world.

It is estimated that 2.7 billion workers, or around 81% of the world’s workforce, are currently impacted by lockdown measures. New unemployment benefit claims in some countries are 10 times ‘normal’ rates.

Women are potentially over-exposed in this economic fallout.

Women are overrepresented in informal employment without adequate social protection.

Women-owned businesses normally struggle to access credit.

They are concentrated in the industries most affected (tourism, retail, food and beverages, accommodation services).

If you are a single mother, the impact is starker. 1 in 3 individuals in the OECD are “financially insecure” – including many single mothers, meaning that they are in greater risk of falling into poverty after 3 months of income loss.

How do we address the challenges those women and girls face to ensure that existing inequalities do not widen in the post-COVID world?

How do we also focus on the future of young people? We cannot have another lost generation of youth like we had in the aftermath of the 2008 Financial Crisis, but HOW do we ensure?

And how do we address the amplified economic impact of the crisis on women in developing countries? Let’s consider how to address the supply-demand shock.  

We have Ms. Marta Lucia Ramirez (Vice-President of Colombia) to give her views, followed by Ms. Jayathma Wickramanayake (UN Youth Envoy) to give us views from the youth.

Gender-based violence

Violence against women and girls, also labelled ‘the shadow pandemic’, is increasing globally as the COVID-19 pandemic combines with economic and social stresses and measures to restrict contact and movement. How can we ensure that the COVID-19 response measures address violence against women?

We have Marlène Schiappa,  Minister of State for Gender Equality and the Fight against Discrimination, Tarana Burke, Founder of the #MeToo Movement, Nadine Gasman, President of Inmujeres, and Shantel Marekera, Youth Leader and Member of the Beijing +25 Youth Taskforce to lead this discussion.

WPS & Humanitarian Aid, including on the amplified impacts of the crisis on women in developing countries

The COVID-19 pandemic poses devastating risks for women and girls in developing countries as well as fragile and conflict-affected contexts. How can we best protect the lives and well-being of women and girls living in fragile settings and situations?

We have Bineta Diop, AU Special Envoy on Women, Peace and Security and Jayathma Wickramanayake, UN Youth Envoy.

Closing remarks

Ensuring gender equality and women’s rights are essential to getting through this pandemic together, to recover faster and build a better future. Women leaders urge governments and all stakeholder to put women and girls at the center of their efforts. Therefore, women’s leadership and contributions must be at the heart of the COVID-19 response, resilience and recovery efforts.

Myself and Phumzile as Co-Chairs of this Roundtable will be issuing an OECD/UN Women Joint Press Release informing that the Roundtable took place. It will be on our website tomorrow and will be sent to journalists. 

We encourage you all to please promote and disseminate throughout your network to ensure these get implemented.

And let’s make sure we make a real impact out of this. To ensure that our advice will be taken on board and implemented by governments and stakeholders in their response to the crisis, we will reconvene this meeting in a month time to take stock of the progress made. Thank you. 

Reactivacion Economica: Retos Y Oportunidades Para Las Mipymes

On Tuesday 26 May I participated in a conversation Organised by ACOPI (La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) to discuss the role of MSMEs in Colombia’s COVID recovery. Find my remarks below.

Distinguidos invitados,

Quisiera agradecer a Rosmery Quintero Castro [Quintero Castro, Presidente Nacional de ACOPI, Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas] y a la ACOPI su amable invitación a tan oportuno conversatorio sobre el impacto de la covid-19 en las Mipymes y la importante contribución que estas empresas aportarán a la reactivación económica de Colombia.

Antes de nada, permítanme compartir con ustedes la enorme satisfacción que nos produjo, el 28 de abril, acoger a Colombia como miembro número 37 de la OCDE.

  • Con su incorporación se abre un emocionante nuevo capítulo en la relación entre la Organización y Colombia. La OCDE seguirá desempeñando una función importante enseñando la manera en que los países y las economías podrán adaptarse a la nueva normalidad que ineludiblemente surgirá tras la crisis de la covid-19.

La buena noticia es que la mayoría de los países de América Latina, Colombia entre ellos, han adoptado diligentes medidas para contener la propagación del virus y abordar los retos que plantea la pandemia.

Colombia ha impuesto cuarentenas nacionales sumamente restrictivas, ha reforzado los sistemas de salud [el país tiene previsto incrementar la capacidad de sus Unidades de Cuidados Intensivos a razón de un 371% en cuatro fases], y ha introducido con éxito programas de transferencia de efectivo en apoyo de los hogares de bajos ingresos.

  • De los 50 millones de colombianos, casi 30 millones han recibido algún tipo de ayuda pública, a lo que hay que sumar los programas de préstamo a pequeñas y medianas empresas (pymes).

Sin embargo, la pandemia ha puesto de manifiesto diversas vulnerabilidades en nuestras economías y sociedades. Si bien es casi imposible cuantificar con exactitud el impacto económico que tendrá la covid-19, nuestras estimaciones preliminares apuntan a que cada mes de confinamiento reduce el crecimiento anual del PIB en los países de la OCDE en alrededor de 2 puntos porcentuales.

De hecho — estén atentos — porque actualmente estamos elaborando nuevas previsiones económicas [El informe sobre las perspectivas económicas de la OCDE se publicará el 10 de junio] para 6 economías latinoamericanas importantes, Colombia entre ellas.

El crecimiento promedio en la región de América Latina ya fue muy bajo el año pasado, del 0,1% según la CEPAL. La covid-19 y las medidas de confinamiento están afectando tanto a la producción como a la demanda interna, registrándose un declive sostenido de los flujos comerciales (especialmente de los dirigidos hacia los principales socios de la región, a saber, EE.UU. y China), las remesas, el turismo y la inversión extranjera directa (IED). La caída simultánea de los precios de productos básicos y del petróleo planteará sus propios desafíos a las cuentas públicas y las balanzas de pagos de varios países de la región.

Entre las más afectadas por la crisis están, por supuesto, las pymes, que representan el 99% de las empresas y aportan el 60% del empleo en la región [Nota: con todo, las pymes tan sólo producen el 30% del PIB regional, frente al 60% en la OCDE].

La OCDE ha estado examinando las consecuencias de la pandemia para las pymes y las medidas públicas específicamente dirigidas a este tipo de empresas en 60 países. [Mencionar nuestro informe disponible en la plataforma sobre la covid.]

  • Hemos llevado a cabo más de 30 estudios que nos permiten concluir lo siguiente:
  • Más de la mitad de las pymes acusan una fuerte caída en los ingresos.
  • Sus reservas de efectivo se están agotando y difícilmente aguantarán más allá de 2 o 3 meses.
  • Además, el impacto sobre el empleo está siendo desmedido.
  • Las pymes generan el mayor número de empleos en los sectores más afectados: en promedio, el 75% en los países de la OCDE.
  • Las microempresas de menos de 10 empleados, que aportan en torno al 30% del empleo en estos sectores, son las más afectadas por la escasez de circulante.
  • Y, al comparar las pymes de Colombia con las del conjunto de países de la OCDE, las pymes colombianas son más vulnerable a la crisis, por los siguientes motivos:
  • Primero, Colombia presenta una mayor proporción de microempresas.
  • Segundo, los trabajadores autónomos representan en Colombia el 52% del empleo total, frente al 15% en el conjunto de la OCDE; el dato colombiano supera también con creces el de otros países de ALC.
  • Tercero, la productividad de las pymes suele ser inferior a la del resto de empresas en los países de la OCDE, una tendencia que se acentúa en el caso de Colombia.
  • Por último, la economía colombiana destaca por la elevada tasa de informalidad de su mercado de trabajo, lo que dificulta enfocarse en las empresas más vulnerables e implementar medidas de choque. Colombia tiene 5,6 millones de empleos informales, lo que supone casi el 48% de su fuerza de trabajo total.

¿Cuáles con las respuestas de política específicamente dirigidas a Mipymes?

  • En todos los países, además de haberse ayudado a las pymes a seguir las directrices sanitarias, los instrumentos más utilizados han sido los que procuran preservar la liquidez a corto plazo, principalmente aplazamientos de los impuestos sobre la renta y los beneficios; programas de avales crediticios; capitales de riesgo; garantías de préstamos, préstamo directo a pymes y subvenciones salariales.
  • Es de lamentar que los países apenas hayan recurrido a políticas estructurales que aceleren la digitalización o refuercen el acceso de las pymes a recursos estratégicos. El criterio por el que se guían los países en estos momentos para evitar una quiebra masiva de empresas y una explosión del desempleo es el de “intervengamos ahora y comprobemos después”.
  • Pero no puede ignorarse el riesgo de que las medidas fiscales acaben por elevar el volumen de préstamos morosos con respaldo público. Esta cuestión deberá abordarse a medida que avancemos en la fase de recuperación.

En Colombia, la combinación de medidas de política económica centradas en las pymes ha estado en consonancia con lo observado en otros países de la OCDE. Ahora bien, el sector de las pymes colombianas es especialmente vulnerable a la desconexión económica global. Entonces, ¿qué debería hacerse?

  • Primero, la cuestión del acceso: ¿cómo nos aseguramos de que las medidas de apoyo lleguen rápidamente a las pymes, incluidas aquellas que operan al margen de los canales bancarios tradicionales?
    • Reducir las cargas administrativas es fundamental.
    • Las soluciones de fintech suelen conllevar menores cargas administrativas y facilitan llegar a empresas al margen de los sistemas bancarios formales.
    • En numerosos sectores y países, iniciativas de crowdfunding o de microfinanciación colectiva se han puesto en marcha por o para las pymes. Las empresas de fintech han introducido modos de financiación novedosos. Son muchas las pymes que exploran maneras innovadoras de producir y vender, a menudo de la mano de la digitalización. En concreto, varias pymes y empresas de reciente creación están contribuyendo no poco a encontrar soluciones para la crisis, desde invertir en la búsqueda de vacunas hasta fabricar equipos de protección, pasando por el desarrollo de tecnologías y métodos de trabajo que permitan sobrellevar las medidas de confinamiento. Necesitamos medidas que respalden toda esta innovación.
  • Segundo, la cuestión de la deuda: ¿de qué manera abordamos el aumento del endeudamiento de las pymes en el medio plazo?
    • Hemos observado que la mayoría de los instrumentos hasta ahora disponibles son instrumentos de deuda. Ahora bien, existe un límite a la deuda que las pymes están en condiciones de asumir y devolver. Durante la última década, en respuesta a la gran crisis financiera, los gobiernos ampliaron los instrumentos de financiación al alcance de las pymes con, por ejemplo, los arrendamientos financieros, la financiación mezzanine o de entresuelo y diversos instrumentos de capital. Es importante que los programas de políticas incorporen también estos nuevos instrumentos.
  • Tercero, la importancia de los ajustes estructurales, vinculando mejor los objetivos a corto plazo con los objetivos a largo.
    • En el futuro será crucial vincular las medidas inmediatas de apoyo con objetivos de índole más estructural, como por ejemplo acelerar la digitalización de las pymes con el objetivo de promover nuevas formas de trabajo, aumentar la inversión en capacitación para mantener actualizadas las competencias de los trabajadores, diversificar los mercados y apoyar la innovación y la competitividad.
  • Al hablar de medidas a más largo plazo, centrémonos también en la cuestión de la productividad.
    • La economía colombiana se concentra actualmente sólo en unos pocos sectores orientados a los recursos naturales en los que las pymes apenas están representadas. Se necesitaría pues contar con políticas que promuevan la diversificación económica y que impulsen el emprendimiento y el desarrollo empresarial, para de este modo potenciar la capacidad productiva y el desarrollo de nuevas ventajas comparativas en los sectores industrial y de servicios, y conseguir así una ampliación e intensificación de los flujos comerciales y una contribución más activa de las pymes.
    • Muchas de las ineludibles medidas sanitarias han elevado los costos del comercio, perjudicando inadvertidamente al sector y, en particular, a las Mipymes. Las medidas para facilitar el comercio pueden ayudar a aliviar el impacto en las empresas comerciales, especialmente las Mipymes, pues les permiten acceder a la compra de insumos fuera y a la venta en mercados extranjeros. Los indicadores de facilitación del comercio de la OCDE muestran que el país podría apoyar en mayor medida a sus Mipymes automatizando y agilizando los procedimientos aduaneros, así como simplificando y armonizando los requisitos de documentación. Al mismo tiempo, esto permitirá a los organismos de aduanas y de fronteras encarar con mayor facilidad los retos operativos que, una vez superada la pandemia, plantearán los trámites fronterizos.
  • Y, por supuesto, precisamos de respuestas de política específicas para la mujer emprendedora.
  • De hecho, las mujeres de Colombia superan con creces a sus pares del resto del mundo en liderazgo empresarial y tasa de actividad empresarial. En Colombia, el 18% de las mujeres son emprendedoras (frente a solo el 5% de las mujeres en la UE).
  • Así y todo, tres meses después de desatarse la crisis pandémica las empresas propiedad de mujeres aún siguen padeciendo escasez de liquidez y ninguna de las medidas de apoyo adoptadas hasta la fecha se ha centrado específicamente en ellas.
  • Eso sí: ¡Colombia tiene grandes posibilidades de recuperarse con éxito!
  • Concluimos que Colombia se sitúa entre los cinco primeros países de la OCDE en lo que respecta a habilidades emprendedoras [capacidades empresariales, iniciativa empresarial, sin temor al fracaso]
  • La transformación digital es clave para el éxito de las pymes.
    • Por ejemplo, las pymes están bien conectadas a Internet según los estándares internacionales.
    • También son bastante activas en comercio electrónico, a niveles similares a los observados en España, Francia o Japón.
    • Con todo, persisten desafíos. La clave está en la velocidad de conexión: el ancho de banda sigue por debajo del promedio de la OCDE, mientras que los precios suelen ser más altos.

Esta pandemia de covid-19 ha golpeado nuestras economías y sociedades con contundencia inusitada y consecuencias catastróficas. Pero reinventarlas está en nuestras manos: podemos dotar a nuestras economías y sociedades de una mayor resiliencia aprovechando la oportunidad que se nos brinda. Es también ocasión de aprender unos de otros y de intercambiarnos mejores prácticas que nos permitan “reconstruirnos mejor”.

Muchas gracias por su atención.

COVID-19: Salud, Economía y Ciencia Presentación

Organized by Área 9 and the Mexican alumni associations of MIT, Harvard, UCL, University of Cambridge, and Columbia University, Gabriela Ramos delivered a presentation on to discuss the role of international cooperation in the response and recovery efforts arising from COVID-19.

Gracias, Alejandro por haberme invitado a participar en este seminario, y también al Presidente Fernández. Me enorgullece enormemente estar aquí hoy como graduada de Harvard.

Además, me siento honrada de compartir esta experiencia con los demás distinguidos Presidentes de la Asociación de Alumnos en México.

El COVID-19 ha dado un vuelco a nuestras vidas en cuestión de semanas. En primer lugar, deseo dar las gracias a todos los trabajadores esenciales que están en la línea del frente (personal de enfermería, médicos y cuidadores) luchando contra la pandemia de COVID-19 y salvando vidas en México, en la región y en todo el mundo. Ponen en peligro sus propias vidas para salvar las nuestras.

Por lo tanto, debemos aprovechar esta oportunidad para replantearnos verdaderamente cómo recuperar el tan necesario respeto de la sociedad a quienes trabajan en el cuidado de los demás.

Con esta pandemia han quedado patentes una serie de vulnerabilidades de nuestras economías y sociedades, por ejemplo debilidades estructurales internas y una ausencia de mecanismos de resiliencia en los sistemas de salud y protección social, las relaciones comerciales o los sectores financieros, entre otros.

La difícil situación que estamos viviendo ha puesto de manifiesto nuestra escasa preparación para encarar este tipo de “crisis sistémicas” y evidenciado la gran interrelación que existe entre nuestras economías.

  • Nuestros sistemas de protección social y de salud se encuentran al límite de su capacidad. Estamos viendo que los gobiernos tienen que pagar los costos provocados por los fallos del mercado, financiando por ejemplo el desarrollo de vacunas y brindando atención médica a todo el mundo.

Sin duda la contención y el confinamiento están siendo esenciales para salvar vidas durante esta crisis de salud, pero han generado riesgos económicos graves.

  • La OCDE prevé un descenso del crecimiento anual del PIB de dos puntos porcentuales por cada mes de confinamiento.
  • Este impacto económico se siente mucho más severamente en México ya que su economía ya estaba en recesión desde el período anterior a la crisis. El año pasado, México creció solo un 0.1%. Luego con la pandemia de COVID-19, la volatilidad financiera y un número inaudito de salidas de capital están afectando a la depreciación de la moneda y al valor de los activos financieros. Así, se proyecta que su economía sufrirá una caída del 6.6% este año. Y este impacto está destruyendo los pilares clave de la economía mexicana, en particular, el comercio, el petróleo, las remesas y el turismo.
  • Como el mayor socio comercial de los EE. UU., México se ve afectado por los efectos indirectos del alto de la actividad en los EE. UU. Con China comenzando a reabrir su economía, el riesgo aumenta.
  • En la actualidad, un 70% del comercio internacional corresponde a la producción en cadenas mundiales de valor, donde se intercambian servicios, materias primas, piezas y componentes entre diferentes países antes de incorporarlos a productos finales. Esta realidad es especialmente visible en el caso de los productos electrónicos y de automoción. Por ejemplo, según el TiVA de la OCDE, la proporción del valor agregado extranjero en las exportaciones de productos electrónicos es de alrededor del 10% para los EE. UU., 25% para China y más del 50% para México. Este nivel de interrelación implica que cuando la demanda de un producto cae en un país concreto, puede tener un efecto prácticamente inmediato en los trabajadores de otras regiones que forman parte de esa cadena de suministro específica.
  • El colapso del precio mundial del petróleo sumergió el precio de exportación del petróleo de México en territorio negativo por primera vez en la historia.
  • Luego un golpe adicional al turismo, que genera el 17% del PIB de México.
    El equivalente a una pérdida de tres meses de desplazamientos mundiales en 2020 podría dar lugar a una ulterior reducción del empleo de entre un 12% y un 14%.
  • Y el problema más crítico que afecta a la población vulnerable es la fuerte caída proyectada de las remesas que representan más de un 3% del PIB de México, teniendo en cuenta que han sido fundamentales para sustentar el poder de compra de las familias de migrantes. (México contraerá más del 21% para 2020-2021 y solo se recuperará hasta dentro de 10 años. Esto se debe principalmente a que Estados Unidos —el país del que proceden la mayoría de remesas que llegan a México— se ha visto muy golpeado por la pandemia.)

Mientras aguardamos la reapertura de la economía mexicana, deberían tenerse más en cuenta aspectos estructurales que podrían satisfacer las verdaderas necesidades de la población.

Es importante reconocer que la crisis ha expuesto niveles inaceptables de desigualdad que afectan a nuestras sociedades.

Ya antes de la crisis, el 40% de la población con menor participación en la distribución de rentas llevaba décadas viéndose desmesuradamente afectada por las dificultades económicas.

  • En la OCDE, una de cada tres personas se encontraba en situación de “inseguridad financiera”, lo que significa que corrían mayor riesgo de caer en la pobreza tras tener que prescindir de sus ingresos durante tres meses. Y este es ya el tercer mes.

No todos los trabajadores se ven afectados por igual. La crisis de COVID-19 está impulsando a los empleadores a expandir las oportunidades de teletrabajo donde sea posible, posiblemente llevando a una mayor inversión en infraestructura de teletrabajo que podría traer algunos beneficios a largo plazo. Sin embargo, esto será de poca comodidad para aquellos que no pueden teletrabajar, ya sea porque están en la línea del frente y, por lo tanto, más expuestos a infecciones, o porque sus lugares de trabajo se han cerrado y sus trabajos pueden estar en riesgo.

  • Casi el 60% de los trabajadores mexicanos tienen trabajos informales: son amas de casa, vendedores, jornaleros, trabajadores domésticos (en su mayoría mujeres y trabajadores migrantes) y propietarios de pequeñas empresas sin protección social adecuada.

Además, debemos mencionar el impacto desproporcionado de esta crisis en las mujeres. A nivel mundial, las mujeres representan casi el 70% de la fuerza laboral en este sector, la mitad de los médicos y el 95% de los trabajadores de atención a largo plazo, exponiéndolos a un mayor riesgo de infección. Al mismo tiempo, las mujeres también llevan gran parte de la carga sobre el hogar y el cuidado de los niños, dado el cierre de las escuelas. Las mujeres también enfrentan altos riesgos de perder sus empleos e ingresos (muchas de ellas en empleos informales), y enfrentan mayores riesgos de violencia durante el confinamiento, la explotación o el abuso en tiempos de crisis y cuarentena.

 Los jóvenes también corren un enorme riesgo de resultar perjudicados. Sus perspectivas laborales y su aprendizaje están en juego, al igual que ocurrió tras la crisis económica de 2008.

  • En la actualidad, aunque algunos países están comenzando a reabrir los centros educativos, la pandemia de COVID-19 sigue afectando al aprendizaje de 1300 millones de alumnos en 186 países, más de un 72% de la población mundial estudiantil (en el momento de máxima incidencia llegó a afectar a más de un 90%). Esta es una situación inédita en la historia de la educación. Pese a la reapertura de los centros escolares en algunos países, no se ha acabado con el problema.
  • Esta situación trae consigo graves consecuencias y debemos plantearnos cómo compensar el tiempo perdido y sus posibles efectos en el aprendizaje. La disminución de oportunidades en materia de educación tendrá graves consecuencias para los jóvenes, un segmento demográfico en el que se integran 64 millones de desempleados de todo el mundo y 145 millones de trabajadores que ya vivían en la pobreza antes de esta crisis. Tras la crisis económica de 2008, se destruyó prácticamente uno de cada diez puestos de trabajo ocupados por menores de 30 años. Uno de cada diez jóvenes (de entre 15 y 24 años) ni trabaja, ni estudia ni está en capacitación.
  • Además, nos consta que los alumnos de los grupos más desfavorecidos serán los más perjudicados por la interrupción de las clases, ya que después de las vacaciones de verano pueden tardar hasta seis semanas en lograr la preparación física y mental necesaria para aplicarse en los estudios.
  • Por otra parte, la desigualdad en el acceso al aprendizaje virtual y los medios necesarios para realizarlo puede ampliar las brechas educativas. En la OCDE, solo un 78% de los alumnos de condición socioeconómica más baja tiene acceso a internet (en México la situación es aún peor, ya que solo tiene acceso un 29% de los estudiantes de entornos desfavorecidos). En México, donde solo un 7% de los adolescentes puede estudiar a distancia desde casa, esta situación es más grave. Los esfuerzos de recuperación económica también deberían tener en cuenta estos aspectos y facilitar acceso gratuito a la capacitación en línea o a computadores que les permitan conectarse.

Por lo tanto, la dinámica que generan las actuales crisis económicas se encuentra profundamente arraigada en la estructura de nuestras economías. Para dar máxima prioridad a la mejora del bienestar, reducir la desigualdad y conseguir sostenibilidad y resiliencia, se necesitará algo más que un ligero ajuste de las actuales políticas económicas.

Después del COVID no volveremos a “la normalidad”, sino a una “nueva normalidad” que podría ser mucho más resiliente. Necesitamos un sistema que pueda encajar futuros golpes y adaptarse.

En primer lugar, debemos entender que tendremos que convivir con el virus durante un tiempo tras el desconfinamiento inicial, hasta que se consiga una vacuna. Por lo tanto, será esencial invertir en iniciativas de I+D para acelerar el desarrollo de sistemas de diagnóstico, tratamientos y vacunas.

  • Debemos velar por que el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad sean asequibles para todo el mundo, en especial para los más vulnerables. Aunque México ha incrementado considerablemente la cobertura médica, que ha pasado de tan solo un 48.3% de la población en 2002 a un 89.3% actualmente, esta crisis constituye un importante recordatorio de que la cobertura universal resulta crucial para proteger a la población más vulnerable y evitar un gasto en salud que podría ser catastrófico.
  • Debemos reforzar y optimizar la capacidad del sistema de salud para responder ante un rápido repunte de los casos.
  • En general, la capacidad de los sistemas de salud en los países de América Latina y el Caribe es inferior al promedio de la OCDE.
  • En el caso de México:
    • el gasto en salud es menor (5.5% del PIB (8.8% promedio de la OCDE), entre los más bajos de la OCDE);
    • hay menos camas de hospital (México cuenta con menos de 2.5 camas por cada 1000 habitantes, frente al promedio de la OCDE, que es 4.7 —el promedio de América Latina y el Caribe es 2.2—);
    • existe un menor número de profesionales médicos (2.4 médicos (promedio de la OCDE 3.4) por cada 1000 habitantes, 2.9 enfermeras (promedio de la OCDE 7.3) por cada 1000 habitantes. México es uno de los países de la OCDE que presenta unas cifras más bajas en ambos indicadores.)
  • Es probable que esto suponga una innovación social, con el despliegue de profesionales jubilados o aspirantes a profesionales del sector médico, el uso de espacios alternativos para alojar a los pacientes y la creación de alianzas público-privadas para atender las necesidades de equipos médicos.
  • También debemos integrar y recurrir al uso de soluciones digitales y datos para mejorar las pruebas, el seguimiento y el tratamiento de esta patología, habida cuenta de la superior tasa de mortalidad del COVID en México [9.9%] frente al promedio mundial [6.8%].

El desconfinamiento brinda además a los gobiernos la oportunidad de contratar a quienes pierdan su trabajo. Los contratos laborales de corta duración pueden contribuir a la protección del empleo y ayudar a empresas en dificultades.

Ya estamos observando empresas multinacionales que, a través del programa Business for Inclusive Growth (B4IG), se unen para recolocar a trabajadores despedidos en otras empresas, con el fin de reducir las tensiones en el mercado de trabajo. Pero también necesitamos que los gobiernos ayuden a trabajadores y empresas a salir más reforzados de esta crisis, mediante el financiamiento de cursos de capacitación en línea.

En tercer lugar, los problemas de las cadenas internacionales de suministro pueden llevar a algunos países a reducir su dependencia de las cadenas mundiales de valor o dar marcha atrás en sus procesos de globalización. Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar, en línea con las recomendaciones de la OMS, que esto no restrinja la entrega de bienes y servicios esenciales a las personas que más lo necesitan (actualmente más de 60 países de todo el mundo han restringido las exportaciones de productos básicos y también de productos agrícolas y alimentarios).

Asimismo, somos conscientes del elevado nivel de participación en estas cadenas de desarrollo que tienen las economías de mercados en desarrollo y emergentes, al ser su sistema de protección laboral y social en caso de despido más laxo. Por lo tanto, esta crisis nos ha recordado también la importancia que reviste integrar procesos de debida diligencia en la gestión de las cadenas de suministro.

En cuarto lugar, tendremos que adaptar los sistemas de protección social para incrementar su resiliencia y equidad, de manera que contemplen a los trabajadores informales (un 60% de la fuerza de trabajo de México está compuesta por trabajadores informales, que representan un 30% del PIB nacional. Un 38% de la fuerza de trabajo total del país carece de acceso a cualquier tipo de protección social). No solo será necesario mantener las ayuda económicas de emergencia destinadas a trabajadores atípicos que no cuentan con una protección social suficiente, sino que tendremos que ampliar los regímenes de seguridad social para incluir a los trabajadores de la economía informal y mejorar tanto el acceso a los servicios públicos como la calidad de estos.

Las medidas de asistencia social en forma de ayudas económicas por hijos, prestaciones por maternidad y pensiones sociales pueden paliar en cierta medida las desigualdades de género existentes en el mercado laboral.

Asimismo, aunque es positivo que el Gobierno haya puesto en marcha algunos programas de crédito (para el sector formal e informal), destinados a mejorar las condiciones del sector público y privado para invertir en actividades productivas, si se quiere aliviar la carga que supone el endeudamiento, serán necesarias medidas más contundentes –que trasciendan el actual talante de austeridad– (por ejemplo un moratoria en el pago de los préstamos). De esta manera las empresas tendrán mayor margen fiscal para proseguir con su actividad. Debería hacerse especial hincapié en respaldar a empresas que fueran viables antes de la pandemia de COVID-19 (a saber, las de los sectores automotriz y turístico), para que sobrevivan a la crisis y actúen como “motor de creación de empleo” cuando la situación se normalice.

El mundo posterior al COVID ofrece también grandes oportunidades. Se presentan amplias posibilidades para que gobiernos, empresas, escuelas, centros médicos y personas individuales aprovechen las nuevas tecnologías y los nuevos métodos de trabajo para adaptarse a la crisis.

  • De hecho, la pandemia actual ha puesto de manifiesto el valor de las capacidades emprendedoras y el espíritu de innovación de muchas pymes, así como la importancia del ecosistema en el que operan. Pese a que muchas se encuentran entre la espada y la pared Sabemos que más del 50% de las encuestadas en los países de la OCDE ya han perdido una importante cantidad de ingresos y corren el riesgo de tener que cerrar sus negocios de manera inminente. Si tenemos en cuenta lo mucho que las economías de América Latina y el Caribe dependen de las mipymes —constituyen un 99% del conjunto de empresas de esta región y generan más de la mitad de los puestos de trabajo—, los pronósticos son aún menos halagüeños), siguen siendo nuestra inspiración.
  • Muchas pymes están experimentando con métodos de producción y venta innovadores, aprovechando generalmente las posibilidades que ofrece la digitalización (por ejemplo, se han puesto en marcha iniciativas de financiamiento colectivo por y para pymes; las empresas fintech están inventando nuevos métodos de financiamiento —como ha hecho una conocida empresa de reciente creación de México, Konfío— de las 400 fintechs de México, un tercio se dedica al financiamiento colectivo, los préstamos y la banca digital; las pymes y empresas de reciente creación están buscando soluciones para desarrollar vacunas, producir equipos de protección personal o diseñar métodos de trabajo compatibles con el confinamiento. En este contexto, la concesión de ayudas económicas que animen a pymes y empresas de reciente creación a innovar en el ámbito de las tecnologías y los productos relacionados con la prevención y control de pandemias también servirá para hacer frente a la actual crisis de salud.
  • El uso de la inteligencia artificial, no limitado a las pymes, resultará clave para que el sector médico y educativo alcancen sus objetivos en el mundo que vendrá tras esta crisis.

Y por último, aunque no por ello menos importante, los objetivos en materia de clima y medio ambiente constituirán una parte fundamental de las estrategias de recuperación económica. Esta labor abarca la creación de puestos de trabajo y negocios no perjudiciales para el medio ambiente, centrados en la economía circular, para acelerar la transición al consumo de energías no contaminantes con medidas que puedan implementarse a corto plazo. La concentración en resultados de salud ambientales fortalecerá la resiliencia en el ámbito local y contribuirá a que estemos mejor preparados para futuras crisis.

La pandemia de COVID-19 está poniendo a prueba nuestra capacidad colectiva para proteger y garantizar el bienestar de la población mundial. Debemos velar por que esta nueva normalidad sea más sostenible y más incluyente. Se nos presenta la oportunidad de cambiar la narrativa de crecimiento y convertir a las personas en el eje central, garantizándoles una mayor protección y empoderamiento. Aprovechemos esta oportunidad para avanzar hacia un futuro mejor.