Cumbre de Movilidad Social 2016

18-11-2016

Es un placer estar aquí para hablar sobre la importancia de la movilidad social y la igualdad de oportunidades para el crecimiento incluyente. Estos son desafíos fundamentales para los países de la OCDE y hacerles frente constituye una de las prioridades más altas de nuestra Organización. Quisiera agradecer a Enrique Cárdenas por su amable invitación a este evento.

Niveles insostenibles de desigualdad

Nuestras sociedades, nuestras economías, nuestras naciones, están desequilibradas. Su potencial de crecimiento ya no es el mismo de antes. Las expectativas de sus ciudadanos se han erosionado. Hay un sentimiento de decepción y desconfianza generalizado. Y es que las desigualdades han alcanzado niveles muy altos, en algunos casos insistenibles.

La desigualdad de los ingresos en los países OCDE ha alcanzado el nivel más alto en los últimos 30 años. En 2014, el índice de Gini promedio en los países de la OCDE alcanzó su valor más alto desde que existen los registros (0.318).[i] El ingreso del 10% más rico es casi 10 veces el ingreso del 10% más pobre. En los ochentas era 7 veces mayor. Esto significa que en 3 décadas la disparidad en los ingresos creció en alrededor de 40%.

Desafortunadamente, la situación en nuestro país no es mejor. Si bien la desigualdad en el ingreso disponible había disminuido en México antes de la crisis, la tendencia cambió y entre el 2007 y el 2014 la desigualdad en el ingreso de mercado volvió a aumentar.

De acuerdo con las cifras del Panorama de la Educación de la OCDE 2016, el 10% más rico en México gana 21 veces más que el 10% más pobre. Esta diferencia es la más grande entre los países OCDE. En el índice de Gini, México es el país con el segundo nivel de desigualdad más alto en la OCDE (0.459), sólo detrás de Chile (0.465).

Las consecuencias de este aumento en las desigualdades van más allá del ingreso. Otras dimensiones del bienestar, como las oportunidades de integración al mercado laboral, el acceso a educación y servicios de salud de calidad también se han visto afectadas. Pero una de las expresiones más preocupantes de estas desigualdades es la perspectiva de movilidad social.Desigualdades y movilidad socialUna de las características más preocupantes de estas tendencias de desigualdad es su carácter estructural y su impacto negativo en la movilidad social. Una parte importante de la sociedad se ha percatado de que la desigualdad no sólo se refleja en dimensiones que van más allá de los económico, sino que también puede transmitirse de una generación a otra, afectando las perspectivas de desarrollo y las oportunidades de las generaciones futuras.Dependiendo de la importancia de las capacidades heredadas, la movilidad social está relacionada con el grado de igualdad de oportunidades en un país. Lo que separa a los “ganadores y perdedores” o “los que tienen y los que no tienen” en una sociedad ha sido señalado como un obstáculo para el crecimiento económico, que además puede generar inestabilidad política y violencia. De hecho la credibilidad de una economía de mercado descansa en su capacidad de poner en marcha mecanismos que hagan posible la movilidad social para la población (Featherman, Jones y Hauser, 1975).

Los estudios de la OCDE lo confirman: los hijos de familias con ingresos bajos tienen una mayor probabilidad de tener menores ingresos que los hijos de familias con ingresos más altos. Si un padre de familia gana dos veces el ingreso promedio, su hijo probablemente ganará 50% más que el promedio cuando llegue a la edad del padre. Esta es la llamada “curva de Gatsby”, la cual refleja que entre más desigual es una sociedad menores son las posibilidades de movilidad social en su interior.

En México la movilidad social sigue siendo baja. Los niños de padres pobres permanecen pobres y los hijos de padres ricos permanecen ricos, perpetuando las desigualdades en el tiempo. De acuerdo con la encuesta del Colegio de Mexico más reciente de 2015: De los 100 individuos que nacieron en el quintil más pobre de la población, 36 se mantuvieron en ese nivel en la adultez. De los 100 individuos que nacieron en el quintil más rico de la población, 43 lo siguen siendo en la adultez. Además las mujeres padecen una menor movilidad social que los hombres y esto es preocupante dada su gran capacidad de promover el desarrollo económico de la familia.

Esta situación es inaceptable, pues debilita uno de los principios básicos de equidad de cualquier sociedad democrática: que todos merecen las mismas oportunidades. Promover la movilidad social no se refiere únicamente a cómo la ocupación y las ganancias de una persona se ven afectadas por los antecedentes de sus padres. La OCDE está desarrollando evidencia y análisis que muestran el efecto de los antecedentes de los padres sobre la educación y la salud, en la vida temprana, la juventud y la vida adulta. Por ejemplo, madres de hogares desfavorecidos tienen más probabilidades de influir negativamente en los resultados del niño a través de una salud materna deficiente debido a una mayor susceptibilidad a adquirir enfermedades contagiosas o una nutrición deficiente[ii].

Una mayor movilidad social es una característica crucial del Crecimiento Inclusivo. Además, no sólo afecta a quienes sufren las desigualdades sino al conjunto de la sociedad y a su potencial de desarrollo económico y bienestar.

Las desigualdades y la falta de movilidad social afectan el crecimiento y la productividad

Las desigualdades no sólo afectan la movilidad social de los más bajos ingresos sino que además afectan el crecimiento del conjunto de la economía.

Estudios recientes de la OCDE muestran que el crecimiento de las desigualdades ha reducido el crecimiento del PIB en cerca de 6 o 7 puntos porcentuales en los Estados Unidos, Italia y Suecia en los últimos 25 años. Esto es resultado de que las familias con ingresos más bajos se están quedando atrás y, por ello, están teniendo menos posibilidades de invertir en educación y habilidades[iii] .

Las desigualdades en los ingresos, la educación, las oportunidades de formación, la salud y el acceso a puestos de trabajo de calidad o a las nuevas tecnologías, reducen la productividad agregada y el crecimiento económico.[iv]

Y este es un círculo vicioso, porque es muy difícil promover la movilidad social en un contexto de bajo crecimiento y baja productividad laboral. Tenemos que romper esta estructura.

Políticas para la inclusión y la  movilidad social

Para lograrlo necesitamos adoptar un enfoque multidimensional de la política económica. Es urgente superar la fragmentación entre las distintas áreas durante la formulación de las políticas, para asegurarnos que la educación, el mercado laboral y las políticas redistributivas de impuestos y beneficios se complementen en favor de la inclusión y la cohesión social. Esto requerirá un enfoque renovado de ‘todo el gobierno’ para la formulación de políticas, donde diferentes departamentos gubernamentales, agencias y ministerios trabajen juntos para ofrecer soluciones conjuntas.

Este enfoque debe fortalecer las políticas para reducir la informalidad e incentivar la formalidad, impulsar programas de vanguardia en materia de seguridad social, consolidar un sistema educativo incluyente, fomentar la igualdad de género y poner en marcha políticas para reducir la pobreza entre los adultos mayores. Además se requieren inversiones públicas en salud, dirigidas a los sectores de más bajos ingresos.

Un actor fundamental para reducir las desigualdades y promover la movilidad social es la ciudad. Este es un campo en el que la OCDE está promoviendo estrategias activas de crecimiento incluyente.

De hecho, acabamos de lanzar junto con la Fundación Ford la Propuesta de Nueva York para un Crecimiento Incluyente en las Ciudades en marzo de este año. La semana que viene se reúnen alcaldes de todo el mundo para discutir sobre un Plan de Acción de París para un Crecimiento Incluyente en las Ciudades.

Señoras y Señores:

Nuestros países son inviables, insostenibles, con los niveles actuales de desigualdad social.  Es imposible alcanzar la paz social, en democracias funcionales, en civilizaciones prósperas, con altos niveles de concentración del ingreso en pocas manos y pocas oportunidades de mejoría para las mayorías. Tenemos que romper esta estructura. Y para ello es crucial enfocarnos en la promoción de la movilidad social.

Por ello la OCDE está dando un paso adelante en su trabajo sobre desigualdades y en los próximos meses estaremos lanzando un proyecto muy ambicioso en tres ejes: la movilidad social intergeneracional; la movilidad de ingreso intergeneracional; y la prevención del declive de la clase media. México será parte de este esfuerzo y se beneficiará, con recomendaciones concretas de políticas públicas, de esta iniciativa. Abordar este desafío requiere de una acción colectiva y la OCDE está lista para librar esta batalla.

Muchas gracias.

 

[i] OECD Income Distribution Database

[ii] Working party of Social Policy,  DELSA/ELSA/WP1(2015)3

[iii] OECD, (2015), In It Together, OECD Publishing Paris

Foro Internacional de Reflexión y Análisis “El Reto de Formar Ciudadanos para el Siglo XXI”

18-11-2016

Es un placer estar con ustedes para participar en este Foro Internacional de Reflexión y Análisis que aborda uno de los desafíos más grandes de nuestra actualidad: “El Reto de Formar Ciudadanos para el Siglo XXI”.

Los sistemas educativos son los instrumentos de programación de nuestra realidad futura, definen la calidad de vida de nuestros pueblos, la efectividad de nuestras democracias, los fundamentos técnicos y filosóficos con los que construimos nuestras naciones. Por ello tienen que estar permanentemente mejorándose, adaptándose a la cambiante realidad del mundo.

La enseñanza tradicional ha sido rebasada

Durante mucho tiempo, nuestros sistemas educativos se han enfocado en las disciplinas académicas tradicionales, transmitiendo información de una manera pasiva, utilizando prácticas de aprendizaje básicas como la memorización, convirtiendo en muchos casos el aula en una caja de reverberación y repetición de conocimientos fijos y, en algunos casos, obsoletos.

Esto no es lo que se requiere en un mundo hiper-dinámico y en constante cambio tecnológico. Esto no es lo que necesitan nuestros alumnos para insertarse en la economía digital. Esto no les sirve para desarrollar competencias que les permitan sacar el mejor provecho de un mundo globalizado, competitivo y crecientemente interdependiente, un mundo que pone a los países y las culturas en contacto permanente.

Los sistemas educativos que utilizan prácticas tradicionales para el aprendizaje, en los que los maestros son meros transmisores de hechos y datos, en donde el alumno se percibe como un ente pasivo que hay que llenar de conocimientos preestablecidos, son insuficientes para los requerimientos del siglo XXI.

Una nueva forma de enseñar y aprender

La velocidad de la revolución digital, el progreso tecnológico y la creciente interacción e integración entre naciones y culturas, requieren que formemos estudiantes con una capacidad de aprendizaje moderna, flexible, crítica, tolerante, con hambre de conocimiento de vanguardia y ganas de “aprender a aprender”. Eso es lo que tenemos que enseñar si no los queremos poner en desventaja.

La realidad está empujando a los sistemas educativos a alejarse de los mecanismos de producción en masa y a enfocarse cada vez más en las necesidades particulares del individuo, y esto demanda un replanteamiento de las formas en las que pretendemos educar a nuestros niños y jóvenes.

La complejidad del mundo en que vivimos también requiere que nuestros jóvenes entiendan su vinculación con los grandes desafíos globales de nuestra actualidad, como el cambio climático, la pobreza, las desigualdades o la migración. Para ello tenemos que aprender a formar personas que reconozcan la enorme trascendencia de su papel como agentes de cambio, la relevancia de su contribución, de sus habilidades y capacidades para ayudar a construir un mundo más incluyente y sustentable.

Las nuevas “competencias globales”

Para ayudar a los gobiernos a dotar sus sistemas educativos de esta nueva capacidad la OCDE está trabajando en el análisis y diseño de políticas para desarrollar, medir y potenciar las competencias globales de los alumnos.

Al hablar de “competencias globales” nos referimos a una combinación de conocimientos, competencias cognitivas y socioemocionales, y actitudes.

Una persona dotada de competencias globales adecuadas cuenta con los conocimientos, la comprensión, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para colaborar con otros y dar solución a problemas relevantes a escala global.

El desarrollo de las competencias globales es un proceso que dura toda la vida pero la educación puede ayudar a configurarlo. Para ello, es necesario un replanteamiento del sistema educativo que permita determinar qué objetivos, qué contenido y qué métodos son necesarios.

El mejor punto de partida para fomentar las competencias globales es la escuela. Las escuelas pueden brindar a los jóvenes la oportunidad de hacer un análisis crítico de lo que sucede en el mundo y en sus vidas, para entender de qué manera se vinculan esos dos aspectos y mejorar su capacidad de actuar en favor del bienestar colectivo.

Las escuelas pueden también ofrecer a los estudiantes unas experiencias que faciliten sus relaciones interculturales; cultivar su aprecio por la diversidad de pueblos, lenguas y culturas; y fomentar la sensibilidad y el respeto interculturales.

 

¿Cómo integrar este nuevo marco en los sistemas?

Ahora lo importante es cómo integrar este nuevo marco, este nuevo modelo, de enseñanza a nuestros sistemas educativos. La OCDE ha identificado estrategias y medidas para lograrlo. Por ejemplo: poner el concepto de “capacidades generales”, que facultan a los estudiantes para ser aprendedores exitosos, individuos con alta confianza y creatividad, y ciudadanos informados, en el centro de la curricula, como lo está haciendo Australia (Slide 1). También es importante poner un énfasis especial en la formación de valores, como lo está haciendo Singapur con su 21st Century Competencies (Slide 2).

Otra medida importante es cambiar la preparación de los maestros transitando de un desarrollo profesional basado en la oferta a un desarrollo profesional basado en la demanda y necesidades de los estudiantes, como lo está haciendo Finlandia. Además de transformar la cultura de la enseñanza de una cultura de un solo maestro frente al aula a una cultura colaborativa con varios maestros interactuando frente a los estudiantes, fomentando las competencias transversales.

Hay otros ejemplos exitosos interesantes como Alberta en Canadá (Slide 3) y Estonia (Slide 4).

Hay que reconocer que por el momento, la difusión de buenas prácticas a escala internacional ha sido insuficiente. Por esa razón, la OCDE está desarrollando una serie de mediciones que permitan mejorar el diagnóstico a nivel internacional a fin de lograr una respuesta más contundente y mejor coordinada.

 

A México le urge avanzar en este sentido

Mexico no puede quedarse atrás. La calidad de nuestro sistema educativo es la piedra de toque de la calidad de nuestro país. La forma en la que nuestros alumnos aprenden define su desempeño escolar pero también define su primer empleo, su salario promedio, su calidad de vida y su contribución a un México mejor.

En los últimos años se han tomado decisiones importantes para mejorar y modernizar nuestro sistema educativo, y ya estamos registrando algunos avances.

De acuerdo con el más reciente Panorama de la Educación de la OCDE, México ha tenido algunos avances en materia educativa. Mientras que sólo el 12% de la generación de 55 a 64 años de edad tiene un título de educación superior, la cifra aumenta a 21% entre las generaciones más jóvenes, de 25 a 34 años de edad.

Además entre 2005 y 2014 la tasa de matriculación de niños de 3 años de edad en la educación preescolar casi se duplicó en México, alcanzando un 40% en el 2014 (promedio de la OCDE del 69%).

Sin embargo, el sistema educativo mexicano aún enfrenta una serie de desafíos importantes. El sistema de programas de desarrollo para la primera infancia (educación Inicial) está aún poco desarrollado en México. Sólo el 5% de los niños de 2 años de edad se inscribieron en estos programas en el 2014, en comparación con el promedio de matriculación de la OCDE del 34%.

En México sigue habiendo una muy alta tasa de deserción a nivel medio superior. La proporción de jóvenes de 25 a 34 años que no cuenta con educación media superior es de 55%, muy por encima del promedio OCDE de 16%.

La proporción de jóvenes entre 20 y 24 años que no están no ni estudiando, ni trabajando ni en capacitación (NINIs) es de 25%, una de las más altas de la OCDE, cuyo promedio es de 17%. Además, las diferencias de género son todavía muy marcadas. La diferencia entre la proporción de mujeres de 20 a 24 años que son NINIs y los hombres es abismal, 40% frente a 10%.

Por ello es fundamental que se siga avanzando en la implementación de la Reforma Educativa, poniendo a los alumnos en el centro del sistema y creando una cultura del mérito, tanto entre alumnos como entre docentes.

La transformación del modelo educativo es también una dimensión fundamental de esta reforma, indispensable para contar con ciudadanos informados y críticos, que cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

 

Señoras y Señores,

Los sistemas educativos son entes vivos. Tienen que adaptarse a su medio ambiente. Tengamos esto en mente mientras transformamos nuestro sistema educativo.

Quiero aprovechar esta ocasión para impulsar a México a que se una a nuestro análisis sobre competencias globales y destacar los beneficios mutuos que podrían resultar de esa colaboración.

México está tomando pasos decisivos para mejorar el desempeño educativo. Cuenten con la OCDE para seguir apoyando estos esfuerzos e impulsar mejores políticas educativas para una vida mejor.

Muchas gracias.

 

 

Sesión del Grupo de Reflexión sobre Políticas de Igualdad

16-11-2016

It’s a great pleasure to join you once again to discuss one of the most important challenges that our country is facing: improving the opportunities and well-being of Mexican women to promote a more inclusive and sustainable growth.

In recent years Mexico has taken very important actions at the policy level to promote gender equality. The National System of Equality between Men and Women, which was presided by President Peña Nieto and where I was proud to participate, had its first public working session in August 2016. This showed renewed commitment to allow a better integration of gender considerations into the policy cycle, in line with the original objective outlined in the National Development Plan 2013-2018. It also meant strong engagement to achieve better outcomes in the gender agenda and reaffirmed Mexico’s commitment to the G20 objective to reduce gender gaps in labour force participation by 25% by 2025.

However, laws and mechanisms are not enough. Mexico needs to invest in institutions and capacities to ensure that the framework delivers. Effective implementation and a change of cultural settings are crucial, as the country lags behind not only when compared with OECD countries but also to Latin American countries with similar levels of development. Only 47% of working age Mexican women are part of the labour force, compared with an OECD average of 67% and levels of around 60% in Chile, Colombia, Peru and Brazil.

The country also experiences one of the biggest gaps between male and female NEETs (not in employment, education or training) and has the highest adolescent pregnancy rate in the OECD. Even though there has been important progress in the number of women elected to the federal Chamber of Deputies, women are still underrepresented in the public sphere at the subnational level. Even worse, violence against women still affects the social fabric of the country profoundly and gender stereotypes are widespread. In many cases, television reproduces these biases, which results in even higher levels of gender inequality and gender discrimination.

These differences not only have moral and ethical implications, but also economic ones. OECD analysis has shown that halving the gender gap in labour force participation between Mexican men and women by 2040 could increase per capita GDP by nearly 0.2 percentage points, per year, over baseline projections. Mexico´s decisive actions to narrow gender gaps must therefore remain a priority. INMUJERES has played a substantive role in further enhancing gender related policy frameworks and promoting measures such as gender quotas, which have proven to be very effective and have placed Mexico as the second country in the OECD (only behind Sweden) with the highest share of women in national parliaments: 42%, well above the OECD average of 28%.

To further consolidate ongoing efforts and address pending challenges, the Mexican Government and the OECD have collaborated to produce the OECD Review of Gender Policy in Mexico. This report analyses the main areas where gender gaps exist and some of the key policies that Mexico has adopted to address them. Finally, it provides a series of recommendations to move forward, which build on the OECD Gender Recommendations on Employment, Education, and Entrepreneurship (2013) and Gender Equality in Public Life (2015).

Let me highlight some of these recommendations that I consider crucial for improving the opportunities and wellbeing of Mexican women.

First, it is very important to strengthen efforts to avoid gender stereotyping in schools and in textbooks, strengthen measures to train teachers to recognise and eliminate gender biases, and help connect young women to role models. To support Mexico on this front, the OECD will be launching a network of Mexican women role-models to show young girls that they can, and should, have higher ambitions for themselves.

It is also necessary to improve upper-secondary school completion for young women and young men, as both sexes drop out of school at high rates. Enabling young women to complete schooling by ensuring sufficient support in secondary through higher education, including  by improving sexual education and ensuring access to affordable and modern contraceptives, is also key, as well as prioritising the provision of accessible and good quality childcare to young parents.

Second, stronger measures are needed to facilitate parents’ reconciliation of work and family life, both in the private and public sectors, so that mothers and fathers can earn income around childbirth and when children are young. Maternity and paternity leave are two areas that need improvement. The addition of at least two weeks of paid maternity leave – equalling a total of 14 weeks – would bring Mexico closer to international best practice. Mexico could also consider shortening the social security contribution period which determines maternity leave eligibility to ensure that more women are eligible for publicly-funded (rather than employer-funded) maternity leave.

Third, intensifying efforts to reduce informality in the labour market would go a long way towards ensuring that women are fully incorporated into the social protection system, earn fair wages, and have higher job quality. Although both sexes face high rates of informality in Mexico, there is nevertheless a large gender gap: 49.7% of men and 57.2% of women held informal (non-agricultural) jobs in early 2016. These rates have unfortunately changed little over the past decade.

Fourth, improving access to affordable and good-quality early childhood education and care, particularly for children under age three, is another necessary action. Infants and toddlers are underserved by guarderías and estancias infantiles and are too young to attend (the relatively well-provided) preschool, where Mexico has already achieved almost 90% coverage for children age 4, above the OECD average of 86%.

Fifth, it is crucial to raise awareness of violence against women at home, at work, in television, in public spaces and in politics is crucial. This could be accompanied by other measures, such as drawing a holistic and customised outreach programme co-ordinated by the government; designing measures to prevent assaults on women using context-specific knowledge; working to change norms through socio-emotional education in schools; and improving women’s access to justice and security.

Finally, the governance of the system to promote gender equality is another essential element. The OECD recommends strengthening, with the support of IMMUJERES, the requirements and capacities of line ministries and other public institutions to apply a gender analysis in the design and implementation of sectoral policies, programmes and budgets as part of the core policy-making and resource allocation processes at all levels of government.

And we need to further strengthen the National System for Equality between Women and Men (SNIMH) and support IMMUJERES in fulfilling its mandate to co-ordinate among federal agencies and with civil society, while also supporting the implementation of the National Program for Equality of Opportunity and Non-Discrimination Against Women (PROIGUALDAD).

Dear friends:

Mexican women offer the country’s most powerful opportunity to thrive. Gender policies are not only about women, they are about the well-being of all Mexicans. They are a secure way to build a more balanced society, where individuals can succeed without confronting discrimination, having to face a difficult or unstable work environment, or feeling insecure when walking in the streets.

Applying a gender lens to policymaking and further developing family friendly policies will also have a long-lasting effect in families and societies. The OECD stands ready to support Mexico in the implementation of these measures so that its women can fulfill their potential and, in doing so, promote more sustainable and inclusive growth.

Seminario de la OCDE “Gobernanza para el Crecimiento Incluyente”

17-11-2016 Palabras de bienvenida 

Es un gusto estar aquí para inaugurar el seminario de la OCDE “Gobernanza para el Crecimiento Incluyente”. Este seminario tiene una importancia particular para mí por un doble motivo.

En primer lugar, este seminario forma parte de las celebraciones del 20 Aniversario del Centro de la OCDE en México para América Latina, que hace unos años tuve la oportunidad de dirigir. El Centro ha sido una plataforma indispensable para impulsar no sólo la colaboración entre la OCDE y México, sino también con toda América Latina. Hoy, Chile y México son miembros de la organización, Colombia y Costa Rica están en proceso de acceso, tenemos un programa país con Perú, Brasil es un socio clave y Argentina recién ha manifestado su interés por la membresía. Además, en junio de este año lanzamos un Programa Regional para apoyar a los países de América Latina y el Caribe en sus esfuerzos de reforma para lograr tres objetivos fundamentales: incrementar la productividad, mejorar la inclusión social y fortalecer las instituciones y la gobernanza. Mexico, y el Embajador Dionisio Perez Jacome han sido fundamental para este nuevo enfoque latinoamericanista de la OCDE, por lo que lo quiero reconocer.

El segundo es que esta celebración se centra en el papel del buen gobierno en la promoción de un modelo de crecimiento que beneficio a todos. En un contexto de alta desigualdad, el buen gobierno para la inclusión es fundamental.

En 2012, los ingresos del 10% de la población con mayores ingresos en la OCDE fueron casi diez veces superiores a los ingresos del 10% de las personas con menores ingresos. Hace 30 años eran siete veces superiores.  Que decir de la distribución de la riqueza que es siete veces peor, o de las oportunidades, que siempre están vinculadas al nivel de ingreso. La desigualdad y la precariedad también tiene un impacto en el buen gobierno. Primero, porque los grupos de alto ingreso tienen también mayor influencia y acceso a la toma de decisiones públicas. Y por supuesto, tienen interés de mantener dicha influencia y las situaciones que les benefician.

Segundo, porque los grupos de bajo ingreso, que en la OCDE son el 40 porciento, y en Mexico el 60, han perdido la confianza en las instituciones, e incluso en los procesos democráticos. No es coincidencia de que en los pasados procesos electorales y de referéndums, tanto en Estados Unidos como en Brexit, los jóvenes votaron en muy bajos niveles. Tenemos que recuperar esta confianza.

Un reciente informe de la OCDE (The Governance of Inclusive Growth), documenta el papel crucial de la gobernanza en la promoción de la inclusión Elementos como la rendición de cuentas, la transparencia, la integridad, y la eficiencia y eficacia son claves en este sentido.

Esta inclusión se logra  a través de la promoción de la participación de las partes interesadas en las decisiones públicas y consultando a estos grupos para recopilar información y tomar dichas decisiones con base en evidencia. Nuestros países miembros tienen múltiples ejemplos sobre cómo hacer esto.  Por ejemplo, en Chile, se estableció en 2006 un Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Pensiones, integrado por académicos, sociedad civil y el sector empresarial, que llevó a cabo más de 49 audiencias para consultar a diferentes actores y que dio como resultado una iniciativa que se convirtió en ley en el 2008.[1]

La participación de la mujer en las posiciones públicas es otro indicador que ilustra qué tan incluyentes son las instituciones. De hecho, nuestro estudio “Todos a bordo: Logrando que el crecimiento incluyente suceda”, muestra que una menor participación de las mujeres en los parlamentos está asociada a mayores desigualdades en el ingreso en los mercados laborales.[2]

Y por supuesto y como comentábamos, una gobernanza incluyente demanda ciertamente transparencia e integridad en el cabildeo, protocolos para gestionar conflictos de interés y una política balanceada de financiamiento de los partidos políticos.

En este sentido, 36% de nuestros países miembros, incluido México, tienen un registro de actividades de cabildeo, lo que representa una buena práctica para controlar esta actividad.[3] Sin embargo, cabe preguntarse qué pasa con el otro 64% de los países.

En cuanto a conflicto de interés, el nivel de publicidad de las declaraciones de los funcionarios en nuestros países miembros tiende a variar de acuerdo con el nivel jerárquico del funcionario, es decir, a mayor nivel jerárquico, mayor publicidad.[4] Este tipo de lecciones y comparaciones internacionales pueden aportar buenas prácticas para las reformas que actualmente se llevan a cabo en México.

En resumen, una buena gobernanza, de verdad incluyente, requiere de integridad en las instituciones y las decisiones públicas a fin de lograr políticas que beneficien al interés público, y no al de unos cuantos.

A lo largo de este día, se discutirán las maneras de  lograr un sistema de integridad más efectivo y algunas de las políticas que está implementando el Gobierno de México para lograrlo. Además, se analizarán algunos de los mecanismos para promover la integridad en los megaproyectos de infraestructura y en contrataciones públicas, dos actividades que presentan altos riesgos de corrupción.

Para cerrar la jornada, presentaremos el reporte de seguimiento de la OCDE sobre la ejecución del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el cual hemos estado acompañando desde enero de 2015.

Señoras y Señores,

La OCDE está comprometida con el crecimiento incluyente y la buena gobernanza es clave para lograrlo. Cuenten con nosotros para compartir experiencias y buenas prácticas que nos permitan seguir impulsando mejores políticas para una vida mejor.

Les agradezco su presencia y participación y les deseo un seminario provechoso.

¡Muchas gracias!

[1] OECD (2015), All on board: Making inclusive growth happen, p. 174.

[2] OECD (2015), All on board: Making inclusive growth happen, p. 168.

[3] OECD (2014), Lobbyists, Governments and Public Trust, Volume 3: Implementing the OECD Principles for Transparency and Integrity in Lobbying.

[4] OECD (2014), Survey on Managing Conflict of Interest in the Executive Branch and Whistleblower Protection.

Competencias en Iberoamérica: Análisis de PISA

Es un gusto presentar el reporte Competencias en Iberoamérica: Análisis de PISA 2012.[1] Quisiera agradecer a la Secretaría General Iberoamericana por su excelente disposición para colaborar con la OCDE y a la Casa de América por su compromiso para hacer posible esta presentación.

Las Competencias son Cruciales para las Economías Iberoamericanas

La educación y las competencias son la base del crecimiento incluyente en Iberoamérica y la clave para superar desafíos económicos y sociales compartidos como la baja productividad, la falta de inclusión social y la elevada tasa de desempleo juvenil. Asimismo, como podemos observar en la primera gráfica (DIAPOSITIVA 2) las competencias son fundamentales para alcanzar mejores niveles en diversas dimensiones  del bienestar individual.

Un adulto con mayores competencias lectoras, no sólo tiene una mayor probabilidad de estar empleado y tener un buen salario, sino que también es más propenso a tener buena salud, a confiar en los procesos políticos y a estar involucrado en actividades de voluntariado.

El informe que hoy presentamos ofrece una visión general sobre el estado de las competencias en los países iberoamericanos (DIAPOSITIVA 3). En primer lugar, presenta el desempeño y progreso en el rendimiento de los estudiantes iberoamericanos. En segundo lugar, se refiere a la equidad la equidad y las brechas de género, que constituyen uno de los mayores desafíos de la región. Por último, analiza algunas de las medidas en materia de inversión y asignación de recursos que podrían contribuir a mejorar las competencias en la región.

Permítanme presentarles los principales resultados de este análisis, enfocándome en estos tres componentes fundamentales.

  1. Desempeño y progreso en el rendimiento de los estudiantes iberoamericanos (DIAPOSITIVA 4)

Los resultados de desempeño de los países latinoamericanos en PISA todavía están muy lejos del promedio de la OCDE (DIAPOSITIVA 5). A pesar de la heterogeneidad, todos los países de América Latina que participaron en la prueba se ubican en el tercio inferior de la distribución en matemáticas en PISA. Si bien Portugal y España tienen una puntuación similar a la media de la OCDE, aún están lejos de países con mejores resultados, como Corea y Japón, o incluso de Finlandia y Canadá.

El análisis de la distribución de los estudiantes entre los diferentes niveles de competencia de PISA también arroja resultados importantes sobre el estado de las competencias en Iberoamérica (DIAPOSITIVA 6).

En América Latina, más del 50% de los estudiantes de 15 años no alcanzan el nivel básico de competencias, que constituyen los conocimientos mínimos para ingresar al mercado de trabajo o perseguir un nivel superior de educación. En España y Portugal, el 25% de los estudiantes no alcanzan estos niveles.

Por otro lado,  menos del 2% de los estudiantes consiguen la excelencia en los países de América Latina (niveles 5 y 6), comparado con el 12% en promedio de los países de la OCDE. Esto constituye una limitación importante para fomentar el cambio tecnológico, promover la innovación y mejorar la integración en las cadenas globales de valor. España también se encuentra por debajo del promedio, con sólo 8% de los estudiantes en el nivel de excelencia.

En el caso de América Latina, es importante considerar que PISA mide el nivel de estudiantes de 15 años que están en la escuela, lo cual deja fuera el nivel de los estudiantes que han abandonado la escuela y que, desafortunadamente, siguen siendo una proporción considerable en América Latina. Esto quiere decir que los resultados en la región podrían ser inferiores si tomáramos en cuenta a los jóvenes que han quedado fuera del sistema educativo.

Aún así, la buena noticia es que tanto el desempeño en PISA ha mejorado en muchos de los países iberoamericanos desde 2003 (DIAPOSITIVA 7). La matriculación también ha registrado avances pero sigue siendo relativamente baja entre los jóvenes de 15 años en varios países de América Latina (DIAPOSITIVA 8).

  1. Lograr la equidad y cerrar las brechas de género: el desafío del crecimiento incluyente en Iberoamérica (DIAPOSITIVA 9)

El segundo aspecto que los resultados de PISA resaltan es el gran desafío en materia de equidad y las brechas de género que enfrentan los países iberoamericanos. En materia de equidad, existen diferencias importantes en el desempeño educativo entre alumnos en función de su estatus socioeconómico (DIAPOSITIVA 10).

De hecho, como vemos en el gráfico a continuación (DIAPOSITIVA 11), la mayoría de los países iberoamericanos se sitúan en el cuadro inferior izquierdo, el cual incluye a los países cuyo desempeño medio es inferior a la media de la OCDE y donde, al mismo tiempo, se observa un impacto del estatus socioeconómico sobre el rendimiento superior a la media.

Es importante destacar que los datos de PISA muestran que no hay necesariamente un compromiso entre equidad y rendimiento, ya que países como Singapur, Corea, Japón, Canadá o Finlandia registran altos niveles de rendimiento y de equidad.

El fuerte vínculo entre rendimiento y estatus socioeconómico puede explicarse en cierta medida por las múltiples limitaciones y dificultades a las que se enfrentan los estudiantes de familias socioeconómicamente desfavorecidas.

Los estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos tienen una probabilidad menor de asistir a educación preescolar y, por lo tanto, comienzan a ir al colegio a una edad más avanzada (DIAPOSITIVA 12). Dado que la educación temprana tiene un efecto positivo sobre el desempeño educativo de los niños, quienes no cuentan con esta educación a menudo se encuentran en desventaja respecto del resto.

Incluso en los países donde la matrícula en la educación preprimaria es más alta que el promedio de la OCDE para los estudiantes de estatus socioeconómico alto, la tasa de inscripción es particularmente baja para los estudiantes que provienen de familias desfavorecidas.

Lo anterior a menudo genera un círculo vicioso, en donde  esos mismos estudiantes comienzan a repetir el año escolar y, dado el alto costo y la ineficacia que eso tiene, a la larga quedan fuera del sistema (DIAPOSITIVA 13).

Las disparidades de género son otro gran reto para los países iberoamericanos (DIAPOSITIVA 14). La gráfica muestra las diferencias en desempeño en matemáticas y lectura entre niños y niñas en la prueba PISA. En general en todos los países OCDE, los niños obtienen mejores resultados que las niñas en matemáticas, pero las diferencias son mayores en los países iberoamericanos. De forma paralela, las niñas superan a los niños en comprensión lectora, pero esta ventaja es menor en prácticamente todos los países iberoamericanos.

Una posible explicación a estas diferencias de rendimiento surge de la falta de confianza de las niñas al momento de mostrar su habilidad con las matemáticas. (DIAPOSITIVA 15) Incluso cuando las niñas tienen niveles similares de desempeño en matemáticas que los niños, las niñas reportan niveles menores de confianza cuando resuelven problemas matemáticos.

Esto muestra que políticas destinadas a modificar los estereotipos a los que se ven sometidas las niñas podrían reducir la brecha de género en el desempeño de los estudiantes.

  1. La inversión en educación y la asignación de recursos (DIAPOSITIVA 16)

Para mejorar el desempeño educativo y los niveles de equidad en Iberoamérica es indispensable la inversión en educación y la asignación de recursos, el tercer aspecto al que me gustaría hacer referencia.

Los países latinoamericanos invierten menos en educación por estudiante que la mayoría de los países OCDE y obtienen peores resultados en matemáticas que otros países con niveles de inversión similar (DIAPOSITIVA 17). Si bien a partir de un cierto nivel de gasto, mayor inversión no necesariamente implica mejor desempeño, en los países iberoamericanos todavía hay margen para aumentar la inversión en educación y generar mejor desempeño. (DIAPOSITIVA 18)

Sin embargo, sacar el mayor provecho de la inversión no sólo significa invertir más, sino invertir bien, asegurándose de que los recursos están siendo asignados de manera más eficiente. De hecho, la asignación desigual de recursos educativos constituye un reto importante para muchos sistemas educativos iberoamericanos (DIAPOSITIVA 19).

Los estudiantes de menor nivel socioeconómico tienden a estar en colegios con recursos educativos de menor calidad, y la correlación entre recursos y nivel socioeconómico es particularmente alta en algunos países latinoamericanos.

Otro aspecto crítico para la equidad del sistema educativo es su nivel de inclusión, lo cual se refiere a su capacidad para integrar en una misma escuela a estudiantes de diferentes entornos (DIAPOSITIVA 20). La “segregación” (o falta de inclusión social) del sistema escolar es particularmente fuerte en los países latinoamericanos (pero también en España y Portugal en comparación con el promedio de la OCDE).

Esto contribuye a acentuar las fuertes desigualdades en términos de desempeño en muchos países latinoamericanos. En los países iberoamericanos, los estudiantes de bajo desempeño tienen normalmente compañeros con niveles socioeconómicos bajos, y, a su vez (como veíamos en la diapositiva anterior), sus escuelas tienen menos recursos.

  Ante este contexto, el informe Competencias en Iberoamérica: Análisis de PISA 2012 incluye también una serie de recomendaciones que, adaptadas a las circunstancias específicas de cada sistema educativo, pueden ayudar a mejorar los niveles de desempeño y equidad. (DIAPOSITIVA 21)

En primer lugar, es necesario invertir más, antes y mejor. Es necesaria una mayor inversión para garantizar el acceso universal a una educación de calidad. Además, es necesario invertir temprano, en los primeros niveles, desarrollando una oferta de educación preprimaria accesible a todos, y es necesario invertir mejor, asignando los recursos de manera más eficiente, poniendo especial énfasis en la inclusión.

En segundo lugar, es necesario reducir los niveles de desigualdad observados, desarrollando programas específicos para atender a estudiantes de bajo desempeño, a niños de familias desfavorecidas y a minorías étnicas. Asimismo, es necesario tomar medidas de concientización que permitan eliminar las brechas de género y promover la educación de las niñas en la región. La OCDE ha desarrollado un estudio sobre las brechas de género en la Alianza del Pacífico y un Estudio sobre Políticas de Género en México que buscan contribuir a que las mujeres latinoamericanas desarrollen su pleno potencial tanto académico como profesional.

En tercer lugar, es necesario seguir mejorando la calidad del profesorado, que es el insumo fundamental para cualquier del sistema educativo. Es necesario seleccionar a los maestros entre los mejores estudiantes, proporcionarles una formación de calidad y oportunidades de desarrollo profesional con incentivos apropiados para atraer y retener a los mejores. La reforma educativa de México es un esfuerzo importante en este sentido y la OCDE seguirá apoyando su implementación.

******

Estas son sólo algunas de las conclusiones de este informe. Los invito a leerlo cuidadosamente, ya que en él hay muestras de que los países iberoamericanos están mejorando y avanzando, pero también de que deben seguirse esforzando para alcanzar y superar los promedios OCDE.

Las competencias son la moneda de cambio en el siglo XXI. Cuenten con la OCDE para seguirlas fortaleciendo por medio de mejores políticas.

¡Muchas gracias!

[1] Nota: Los países incluidos en el reporte son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Portugal, España y Uruguay.

WHY WOMEN MATTER: Promoting Gender Balance in Public Life and Economic Strategies

 The economic case for addressing the gender gap

We are facing a global context of slow growth and weak recovery — with low productivity growth, half-performing engines of trade and investment, and slowing growth in the EMEs.

The long-term impact of the crisis is low levels of investment, long-term unemployment, and reduced labour market participation, resulting in reduced potential output, i.e. the ability of our economies to grow over the long-term.

We need a bold policy response. We must harness all sources of growth, including raising women’s participation in the labour  market.

These factors have motivated the OECD to push very hard for gender equality and call vigorously for concrete commitments (such as the G20 25×25 target) in this area.

Women are less likely to study engineering, manufacturing, and construction

Let’s start with an overview of the various dimensions of this gender gap, beginning with education.

  • In most OECD countries, including Italy, young women now obtain a higher level of educational attainment than young men. In fact, in many OECD countries there are serious concerns about boys dropping out of school and not reaching the baseline level of performance in reading science and maths, while in other (typically developing) economies, keeping adolescent girls in school remains a challenge.
  • Men and women also tend to make different choices in field of study. Across the OECD on average, only 24% of graduates in engineering, manufacturing and construction are women. OECD research finds that these outcomes are not linked to ability as much as to attitudes: young girls, even when they are good at math, have less self-confidence than boys in their own math problem solving ability. Girls often express strong feeling of anxiety towards mathematics.
  • Italy is doing better than the OECD average in the female share of graduates in engineering, manufacturing and construction, but Italy is still far from reaching equality: only 34% of graduates in these fields are women.

With evidence from OECD PISA work and OECD Education at a Glance in hand, the OECD continues to raise this issue on the international leadership agenda: The OECD contributed to the G7 Ise-Shima Summit, and the Leadership declaration includes a commitment to empowering women and girls – including through capacity-building (such as education and training) and by promoting the active role of women in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) fields.

Female labour force participation rates and gender gaps differ across the OECD

Although young women are doing very well in years of schooling, and often exceed the educational attainment of young men, we still see women lagging behind men in the labour market. This represents a lot of lost potential.

Female labour force participation (FLFP) rates differ enormously across OECD countries.

  • The lowest FLFP rates are in Turkey, Italy and Mexico. Italy has significant room for improvement with a prime-age FLFP rate of 55%. The gender gap in LFP is also relatively large in these countries. In Italy, the gender gap is nearly 20 percentage points, compared to an OECD average gap of 12 percentage points.
  • In contrast, in countries such as Denmark, Norway, Switzerland, Sweden, and Iceland, more than three-quarters of women are in the labour force. Women’s rates in these countries are comparable to men’s.
  • If we consider the intensity of participation, gender gaps would be even larger because women are more likely than men to work part-time, especially in some European countries. For example almost 4 out of 10 employed women in Germany work on a part-time basis.

Gender pay gaps are substantial across countries

Gender gaps also persist in pay. Across countries, women still earn less than men. The median hourly gender pay gap in OECD countries in 2014 was is 12.5% on average.

  • Gender pay gaps are relatively low in Italy, Mexico and Turkey, but remember that pay gaps only concern those women who are in paid work: in these countries, many women with childcare responsibilities are not in employment, and women who do work may have relatively high earning potential.
  • Many factors drive the gender pay gap, including:
    • high rates of workforce withdrawal and career interruption among young and childrearing-age women;
    • low-paying jobs;
    • gender segregation in occupation and sectors;
    • the under-representation of women in senior management and on company boards;
    • high levels of informality; attitudes and social institutions;
    • and discrimination in hiring, pay, and promotions.

The 2013 OECD Gender Recommendation on Education, Employment, and Entrepreneurship

To help close gender gaps, in 2013 OECD countries agreed to a set of policy measures to promote gender equality in the “3 Es”: Education, Employment, and Entrepreneurship. Let me mention a few noteworthy examples:   

In education, public policies should:

  • Help ensure more gender-equal representation across fields of study, by reviewing teaching material and practices against stereotyped representations;
  • Help teachers become aware of unconscious gender bias, and provide better information to boys and girls about educational pathways and potential pay;
  • Raise the profile of career opportunities and role models. For example, in the United States, the Department of Education’s “Race to the Top” programme prioritizes improving STEM achievement overall and within under-represented groups – including women and girls – in awarding grants to states.

To reduce gender gaps in employment:

  • Family-friendly policies, particularly access to childcare and paternity leave, are important policy levers to support working parents and help close gender gaps in labour markets.
  • More and more countries are introducing paid leave for fathers to incentivize them to contribute to childcare for babies and very young children. About 3/4 of OECD countries now offer paid leave reserved for fathers. On average across the OECD, fathers are entitled to eight weeks of leave, measured as the total weeks of paid paternity and parental leave that can only be taken by the father.

In entrepreneurship:

  • Gender gaps persist in entrepreneurship, especially when it comes time to grow the business and hire employees. Policy actions to promote female entrepreneurship include ensuring equal access to finance; reducing barriers and administrative burden on firms; and support for training programs, awareness campaigns and networks for female entrepreneurs

Promoting equality at the highest levels of the private sector

One example of “policies in action” are gender targets, quotas and disclosure requirements to get more women into senior management and executive levels. These measures have been helping to close gender gaps at the upper levels.

As the chart shows, only about one in five board seats on listed companies across OECD countries are occupied by women. Finland, France, Norway, and Iceland perform the best, with over 30% of board seats held by women. Italy also does relatively well, at 26%, in part due to the 2011 introduction of quotas for women on boards.

  • Norway was the first to introduce board quotas in 2005.
  • Italy also introduced a temporary and gradual quota[1]. A team of researchers recently published a paper showing that the reform was associated with more female board directors and higher levels of education on the board. On the other hand, they found no effect on firm performance[2].

Note: The 2013 Gender Recommendation does not call for quotas, but calls for more research on the effects of quotas. The Recommendation calls to increase the representation of women in decision-making positions by:

  • Encouraging measures such as voluntary targets, disclosure requirements and private initiatives that enhance gender diversity on boards and in senior management of listed companies;
  • Complementing such efforts with other measures to support effective board participation by women and expand the pool of qualified candidates;
  • Continuing to monitor and analyse the costs and benefits of different approaches – including voluntary targets, disclosure requirements, and boardroom quotas – to promote gender diversity in leadership positions in private companies.

Promote gender equality in public and private leadership

Women are also under-represented in public life. Women are still a minority in parliaments, ministerial positions and the judiciary. This means that women’s voices are missing where important decisions are being made.

On average, across OECD countries, women occupy around 28% of seats in parliaments, though this is an eight percentage point improvement compared to 2002.

2015 OECD Recommendation on Gender Equality in Public Life

Because it is so important to ensure gender equality in governance and public leadership, in 2015 OECD countries agreed to a set of policy measures to promote gender equality in public life.

Affirmative action measures such as gender quotas and parity principles are being used to accelerate women’s representation in all levels of government or as political candidates in various OECD countries and beyond. In Mexico, for example, quotas and the subsequent introduction of the parity principle in the Constitution have strongly influenced increasing women’s access to elected bodies, both at the federal and state level.

However, quota requirements in the electoral law are not sufficient to increase women’s representation in politics. Other measures laid out in the 2015 OECD  Recommendation on Gender Equality in Public Life public life include:

 

  • Ensuring that women have leadership opportunities (e.g., participate in committee work as chairs);
  • Ensuring a gender-sensitive work environment; and
  • Fixing holes in the “leaky pipeline”. In getting more women into any type of public or private leadership role, it is important to ensure that all well-qualified women can make it to the top – for example by providing childcare supports, flexible workplace practices, and reasonable work hours.

Ongoing work on Gender

The OECD has a broad portfolio on gender. The cost of gender inequality is too high – we cannot afford to ignore this issue.

We are currently preparing a “progress report” which will evaluate how countries are doing in implementing the policy measures put forth in the 2013 Gender Recommendation. This progress report will launch in 2017.

Other OECD work includes the Gender Data Portal, Gendernet, the Index of Social Institutions and Gender (SIGI), and a series of country gender reviews. We have completed our gender review of the United States, and will soon launch our gender reviews of Germany and Mexico.

Ending violence against women

The OECD is strongly committed to drawing attention to, preventing, and ultimately ending violence against women.

Violence against women is not only a violation of basic human rights, but it has a high financial cost: OECD estimates suggest that discriminatory social institutions – including violence against women – cost the global economy approximately 12 trillion US dollars a year.

To end gender-based violence, we must target root causes. The OECD is addressing gender-based violence as part of a holistic and ambitious gender equality agenda to empower women and girls in all spheres of their lives. As part of this Call to Action:

  1. First, we will focus on data. Data on the prevalence and incidence of gender-based violence remain scarce. Statistics on how much money is going to combatting violence against women are also inadequate. The OECD is working to fill these data gaps.
  1. Second, we will focus on policies to tackle the root causes of violence against women. The OECD Social Institutions and Gender Index, or SIGI, looks at the laws, attitudes, social norms and practices that drive violence against women. Across the 160 countries included in the SIGI, one in three women agree that domestic violence is justified; in some countries, this climbs close to 90%. Our research reveals that such discriminatory social institutions cost the global economy approximately 12 trillion U.S. dollars.
  2. Third, we will drive collective action to improve the response to gender-based violence on the ground. The OECD supports countries and UN agencies to address the risks and threats that fuel crises around the world. We will work with members to put gender front and center in these efforts.

The G20 Gender Target

In the context of 1) slow growth and reduced potential growth and 2) a lingering under-utilization of women’s skills and competences in the labour market, the OECD worked hard, along with the G20 membership, to build a powerful agenda aimed at reducing gender gaps in labour markets. This work culminated in the “25 by 25” target.

  • The US Sherpa asked the OECD, with other institutions, to document how much gender participation would add to growth. We patiently built the case. The issue was transferred to the WG on Employment of the G20 where our Director for Employment, Stefano Scarpetta, led the charge for the analytical substance and definitions, and convincing experts that it was not only necessary but possible. We had to show how achieving this target would contribute to reaching the Brisbane “2 in 5” objective which was the sort of cornerstone of the Australian Presidency in 2014.
  • These efforts were supported by the US and the Australian G20 Presidency, but also by Japanese Prime Minister Shinzo Abe, who unveiled domestic policies to encourage more women to return to work after the birth of their first child.

In the end, we brought it to the leaders’ table when discussing the Communiqué in Brisbane. G20 members agreed to implement measures across a range of key policy areas, subject to national circumstances, including to (G20 LEMM Declaration, 2014):

 

Gender in the G7

Gender equality is also a key component of the G7 agenda. In 2015, under the German presidency, G7 countries adopted principles to improve female entrepreneurship, and in 2016 the Japanese presidency has focused on improving women’s representation in STEM.

The OECD supports these efforts, and we stand ready to support the Italian presidency as well.

 

OECD joins the Call to Action to prevent and respond to Gender-based violence in Emergencies

Speech delivered today on the occassion of the GENDERNET reception at OECD Headquarters

Distinguished guests,

It is a pleasure to join you at the end of what I hear has been a productive day of discussions.

It is a special honour to be here alongside two fellow gender equality champions:

  • Ambassador Bernes who represents the first feminist government in the world; and
  • Charlotte Petri Gornitzka who joins us here on her first official day in the office as the new Chair of the OECD Development Assistance Committee.

 

I would like to express my gratitude to Ambassador Bernes for bringing to our attention the Call to Action to Combat Gender-Based Violence in Emergencies, and for your efforts in mobilising partners around this critical initiative.

Gender-based violence is the most brutal form of discrimination against women. It destroys lives and devastates societies and economies. It is one of the most widespread human rights abuses and a grave threat to lasting peace and development.

We know that conflict and crisis can intensify the violence that women face, and that impunity for such violence increases with the breakdown of law and order. We know too that the consequences of gender-based violence persist long after conflicts have ended – from unwanted pregnancies, to physical and mental trauma, to stigmatisation that devastates women’s health and lives.

It is intolerable that one in three women worldwide still suffers from this preventable pandemic. We must urgently move beyond words to action.

This is why I am delighted to announce that the OECD is joining the Call to Action to Combat Gender-Based Violence in Emergencies.

We commit to mobilising all our tools, research and resources to combat gender-based violence for individuals and societies everywhere.

We know that for gender-based violence to end, we must target its root causes. Gender-based violence persists because we live in societies that diminish and devalue women and girls. It persists because women are still denied basic rights in all spheres of their lives – social, economic and political. This increases their exposure to abuse and exploitation, and reduces their ability to escape situations of violence and harm.

At the OECD, we are therefore addressing gender-based violence as part of a holistic and ambitious gender equality agenda to empower women and girls in all spheres of their lives.

First, we will focus on data. Data on the prevalence and incidence of gender-based violence remain scarce. Statistics on how much money is going to combatting violence against women are also inadequate. The OECD is working to fill these data gaps. With your support, we introduced a new code in the OECD’s statistical system that will track – for the first time ever – aid in support of ending violence against women. In 2017, we will publish the first data on this.

Second, we will focus on policies to tackle the root causes of gender-based violence. The OECD Social Institutions and Gender Index, or SIGI, looks at the laws, attitudes, social norms and practices that drive violence against women. Across the 160 countries included in the SIGI, one in three women agree that domestic violence is justified; in some countries, this climbs close to 90%. Our research reveals that such discriminatory social institutions cost the global economy approximately 12 trillion U.S. dollars.

Over the next two years, SIGI country profiles will deepen the focus on gender-based violence in conflict and fragile states, with new analysis on gender-based violence, social norms and laws in fragile and conflict-affected settings.

Third, we will drive collective action to improve the response to gender-based violence on the ground. The OECD supports DAC members and UN agencies to address the risks and threats that fuel crises around the world using tools and agreements such as the OECD resilience systems analysis framework[1] and the New Deal for Engagement in Fragile States. We will work with members to put gender front and centre of these efforts to build resilience. We will also produce new OECD guidance to galvanise more effective action by the donor community to address gender inequality in the most challenging fragile settings.

But we will not stop there. Gender-based violence will only end when gender inequality ends – when women and girls have the agency, resources and assets to enjoy equal status in society.

To this end, we will continue to focus on three key ingredients of women’s empowerment: education, employment and entrepreneurship.

In 2013, the OECD Council of Ministers adopted a recommendation which sets out measures that all OECD countries should take to address gender inequalities in these three foundational areas.

Building women’s social and economic power not only raises women’s status in society. It can also reduce their risk of abuse, increase their ability to leave situations of violence, and build their self-confidence and respect.

Yet more than a third of young women in developing countries are jobless—out of school and out of the labour market. In G20 countries, gender gaps in labour market outcomes persist despite the fact that young women are more educated than young men.  

Turning this around is a priority for the OECD. We pushed hard for a commitment to be agreed at the G20 summit in Brisbane in 2014 to reduce the gender gap in labour force participation by 25 percent by 2025 – known as the “25×25” gender target. The OECD has been tasked with monitoring progress in meeting this target in G20 countries.  

We are also stepping up our attention to women’s economic empowerment in developing economies. In 2017, the OECD will launch a Global Policy Dialogue on Women’s Economic Empowerment based on a new horizontal collaboration between our two development directorates (DCD, DEV) and our statistical directorate (STD). This Dialogue will bring together governments from the North and South to identify policies and practices that can help accelerate women’s economic empowerment.

Ladies and gentlemen, ending gender-based violence requires an all-encompassing agenda that works at every level – educating women to know and claim their rights; shifting values and norms so that violence becomes unacceptable; and building women’s power and resources to exercise agency and autonomy over their bodies and lives.

With this package of actions announced today, I am convinced that the OECD will make a crucial contribution towards delivering the Call to Action. Never before has the need been so self-evident and the commitment so impressive. Let us join forces here today and in the years ahead to turn this commitment into action.

Thank you.

[1] The OECD resilience systems analysis framework is a multi-dimensional planning and programming tool designed to strengthen programming outcomes for vulnerable people by ensuring that analysis is risk-informed. The framework also facilitates greater coherence between humanitarian, development and peace and statebuilding actors, by highlighting respective actors’ comparative advantage in meeting people’s immediate needs, while also working toward addressing the longer term drivers of crises and vulnerability at all levels.

 

Launch Of the Greece-OECD Project: Technical Support On Anti-Corruption

Speech today at the General Secretariat for Media and Communication, Athens, Greece

Follow the rest of the event live here.

Deputy Prime Minister, Ministers, General Secretary Against Corruption, Representative of the European Commission’s Structural Reform Support Service (SRSS), Ladies and Gentlemen:

It is a great pleasure to launch in Athens the Greece-OECD Project for Technical Support on Anti-Corruption.

I am very glad to be here. Since the very beginning of Prime Minister Tsipras’ Government, the OECD has been a partner and this partnership is confirmed today. But I am also glad as I could not imagine a better area to have impact and improve the outcomes in Greece as the fight against corruption.

I want to thank the European Commission SRSS for their support and the General Secretariat for Anti-Corruption for their excellent collaboration, both are key parts of this equation. The OECD is committed to help Greece, as always.

Corruption is the cancer of our nations: it weakens our economies, sickens our societies and cripples our governments, eroding the most important ingredient in our social contracts: TRUST.

It is very difficult to calculate the exact cost of corruption, but some international agencies have estimated that every year close to $1 trillion dollars pollute our systems and go to waste only in bribes, while our research suggests that the probability of foreign direct investment is 15 percentage points lower in countries with a strong presence of corruption than in countries that are relatively free of corruption.[i]

The levels of corruption in Greece have been high for the past decades. In 2015, Greece was the second country with the highest perception of corruption in the OECD, after my own country, Mexico.

This has become a drag for the Greek economy but it also has an enormous social cost. Combating corruption is necessary in every country, but it is essential, I would say even strategic, in a context where the people, the elderly, the youth, have gone through one of the deepest social crises ever registered in an OECD country.

We know what we are confronting. The Greek anticorruption effort is addressing challenges that are probably shared around the world, a badly structured and fragmented system, with institutions working on silos, with weak implementation assessment mechanisms, lack of transparency and ineffective enforcement.

This is why it is very encouraging to see that the Government of Prime Minister Tsipras is committed to tackling this challenge up-front with the establishment of a General Secretariat Against Corruption and the implementation of a National Anti-Corruption Action Plan with the help of OECD.

The National Anti-Corruption Action Plan provides a clear path for strengthening trust in government and public institutions by building resistance to corruption. It identifies key areas of reform and provides detailed actions towards strengthening integrity and fighting corruption, in both the public and private sectors. Its effective implementation will require better integrating anti-corruption measures in the whole of the government’s policy agenda and in the business models of the private sector. It will also require raising public awareness on anti-corruption efforts. And it will demand strengthening the anti-corruption legislative framework, and enhancing the capacity of key players in the law enforcement community.

The Greece-OECD Project that we are officially starting today, is dedicated to developing the know-how for the effective implementation of the work done across outcome areas of the Action Plan, as well as advancing the evidence base of what works and why. The project will reach out to the actors from civil society and the private sector.

The programme of work includes 10 outcome areas, each of them contributing to the objectives of the Action Plan. For example: strengthening internal control and audit; developing dedicated corruption risk management frameworks; improving asset declaration, political financing and whistle-blower mechanisms; enhancing detection and reporting of corruption in the private sector; and improving capacity of law enforcement authorities; to mention a few.

Our technical support will help the Greek Anti-Corruption authorities, and the Government as a whole, to: focus on enhancing and formalising  coordination and exchange of good practices; harmonise procedures and share annual planning; spread practical standards and tools that have been proven effective; prioritise and better target existing resources; mainstream anticorruption tools and policies within managements systems and daily operations; and allocate concrete roles and responsibilities across all levels of public organisations

And we will be as concrete and practical as possible. For example, if we deal with control auditing institutions we should have a comprehensive view, including risk based audit planning, audit manuals, dedicated corruption risk management framework, forensic audits. The purpose is not only to identify and sanction individuals. The focus is to identify the control gaps, put in place cost-effective controls, effectively mitigate corruption risks, improve professionalism and expertise among control and audit practitioners, and take a holistic and practical approach to effectively prevent, detect and respond to corruption.

We will mobilise the insights and first-hand experience of anti-corruption experts from the OECD, some of which are here today, with extensive knowledge in many countries. We will also rely on practitioners from many OECD countries, benefiting from well-established institutions and recent successful reforms in places like Australia, Korea, Estonia, Latvia. But we are also conscious that the approach needs to be tailor-made, especially for specific high risk sectors in Greece, such as defence, health, and local government entities.

If we manage to implement all this Action Plan properly, we are sure that corruption will decrease while the levels of public sector efficiency and public trust will grow

Ladies and gentlemen:

The fight against corruption is one of the most effective ways to promote a more resilient, inclusive and sustainable growth. It is one of the most efficient ways of recovering public trust in governments, parliaments, corporations, banks. It is crucial to recover confidence in democracy and market economies. It is crucial to recover trust in our countries!

The implementation of the National Anti-Corruption Action Plan can be a landmark in the history of Greece. It can become a catalyst of shared progress after years of huge efforts by the Greek people. Let’s help the Government of Greece implement this Plan effectively. Let’s make the most of this opportunity. Not for global rankings or Memoranda of Understanding, but for the Greek people, the Greek youth, the Greek children, who deserve and can have a brighter future and a better life!

Thank you.

 

[i] OECD, Anti-Corruption Brochure, May 2016

It’s not just the economy; society is a complex system too

Income and wealth inequality is not a new phenomenon. On the contrary, it seems that it is a permanent feature in human history, and over the years, its causes and consequences have become more numerous and more interconnected. The same is true for many social phenomena, and even though the world looks more complicated today, it is not. What is different is the increased number of domains where public policy is expected to play a role. Regarding inequalities of income and wealth, governments have to make decisions on several interlinked areas such as taxes, education or health.

Unfortunately, the tools at the disposal of policymakers have not always been updated fast enough to cope with these challenges and with their inter-linkages. Moreover, policies are often designed within the narrow confines of one issue, without taking into account their consequences elsewhere.

Economists have tried to simplify and abstract from reality with limiting assumptions like the representative agent and general equilibrium. They have also given primacy to  the goal of effectiveness, in detriment to other important considerations such as fairness. Yet, the use of aggregate data obscures the distributional consequences of policies: an economy as a whole may be doing well, but – as we have seen in recent years – there are severe consequences for social cohesion, and ultimately growth itself, if large groups are excluded from the benefits of economic prosperity. In defining growth policies that aimed only at increasing GDP per capita, inadequate attention was paid to institutions, human behaviour, and culture. These approaches failed to adequately account for the realities of markets, consumer decisions, and the interconnectedness of economic, communications and societal networks.

In stark contrast to the assumptions of neo-classical economics, socio-economic systems are not stable, but in constant flux. Complexity science generates new insights and furnishes us with the analytical tools and instruments to help us, as individuals and societies, to navigate this new understanding of the economy. It addresses some of the limitations which constrain conventional economics and ultimately it is helping us to do a better job in advising governments and public institutions.

For example, taking a complexity-based approach we can begin to recognise that the causes and consequences of inequalities and major economic and societal problems are intertwined. Besides contributing substantially to the increase of wealth inequality, the financialisation of the economy also led to increased systemic risks where a problem in the subprime markets led to a major economic crisis that has set additional hurdles in the way of the most vulnerable groups all over the world.

Just like the financial system and its major risks, our social systems are complex and vulnerable. Considering the increased fragmentation and divisions in our societies (and adding the challenge of integration of migrants and marginalized groups) more attention should be paid to social stability. In this vein, policies to address societal problems, should not only rely on traditional economic tools and measures, but broaden them to bring insights of useful disciplines.

This more realistic approach to how people and the economy actually work is needed – an integrated inclusive growth agenda which also considers unintended consequences, trade-offs and complementarities between policy objectives.

Indeed, I believe that economists – and the policy makers they advise – can do better by listening to and learning from others. It’s not easy for an organisation that has “Economic” in it is name, but we need to break the monopoly of economics over policy – looking to other disciplines such as physics, biology, psychology, sociology, philosophy and history. Societies and economies are not static features that can be predicted, but evolutionary systems with breakpoints and changes that need to be better characterized.

At the OECD, we recognise the potential of new economic thinking, drawing on complexity theory, and evolutionary and behavioural economics. Technological and analytical innovations are driving a revolution in the physical sciences, biological sciences, and social sciences, breaking down the barriers between disciplines and stimulating new, integrated approaches to pressing and complex challenges. Advances in computing power are opening up new possibilities for integrating systems models, agent-based modelling and network analysis. It is only by properly utilising these new approaches that we can strive to create social and economic models that provide a more accurate representation of the world around us. These tools also allow us to get away from average representations, or to look at stocks and not only at flows in the economy (income vs wealth inequality).

And indeed, economics is starting to incorporate insights from other disciplines. For example, expectations may be admirably rational in traditional models, but by combining psychology and economics we are designing policies based on how real people actually behave, not on limited assumptions about how some fictional average person should behave. Taking a problem-based approach, we can design policies to influence people and nudge them in the right direction in areas such as consumer policy, regulation, and environmental protection.

The OECD is part of this revolution and we are already transforming our policy thinking and acting. With the New Approaches to Economic Challenges (NAEC) initiative, we are taking a hard look at our analytical methods, our data and policy advice.

Many articles in this series have argued that the economy is a complex adaptive system. Society is a complex system too. It is formed by the interaction and mutual dependence of individuals, and is pursuant to their spontaneous, natural behaviour. Since the emergence of hunter-gather societies inequalities have threatened to undermine and weaken the fabric of the social system. If we are to overcome the pernicious effects of these inequalities, we need to think about the interactions between our social and economic systems – which follow their own logics – and design policies which help our economies to grow. But growth isn’t an end in itself. It has to be inclusive to ensure that all segments of our societies prosper.

Systems thinking can lend us a hand to fight inequalities and develop an agenda for inclusive growth. As we draw out the inter-linkages between different policy areas, we begin to understand how the economic system interacts with other systems, as well as with the history, politics, and ambitions of countries. Our task now is to put this growing comprehension to good use, in order to make the economy work better for all people.

Useful links

The OECD is organised a Workshop on Complexity and Policy, 29-30 September, OECD HQ, Paris, along with the European Commission and INET. Watch the webcast: 29/09 morning29/09 afternoon30/09 morning

Please consult the draft Agenda for more information, and a preliminary background paper “Insights into Complexity and Policy” regrouping articles from the insights blog and other sources.

NAEC: Complexity and Policy Workshop

Opening Remarks from NAEC Complexity and Policy Workshop

We are delighted to work with our trusted partners, the Institute for New Economic Thinking (INET) Oxford, and the European Commission in establishing a programme to help policy-makers advance the use of complex systems thinking to address some of the most difficult challenges which confront us all.

This event follows up on a workshop held in October last year which explored new research on complexity and drew some important implications and tentative policy lessons. Over the next day and a half, we want to take the next step – to make the case for the use of complex thinking in policy.

This is important because we need to understand better how the economy works so as to better design policies. This is ultimately the aim of our New Approaches to Economic Challenges (NAEC) initiative which has been at the heart of our efforts to consider and address the unintended consequences of policies, while developing new approaches that foster more sustainable and inclusive growth.

The NAEC Initiative is helping the OECD take advantage of a quiet revolution in the social sciences. The availability of large-scale agent-based computing, computationally-facilitated network analysis, and ‘big data’ resulting from the internet has combined to forge a new kind of economics – complexity economics – which is more relevant for policy than traditional approaches.

The workshop will highlight cutting-edge policy applications of complexity thinking.

For instance, the study of complex networks provides a new and powerful perspective on the critical infrastructure of financial systems. Networks – broadly understood as a collection of nodes and links between nodes – offer a useful representation of financial systems. This is essential in better regulating the financial sector.

Cesar Hidalgo, Ricardo Hausmann and Luciano Pietronero have highlighted the importance of networks of capabilities where the  complexity of products produced and the “fitness” of an economy are essential in understanding future growth prospects.

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Lessons from biology and physics have been used to understand the dynamics of urban centres around the world which may help guide policy priorities.

Geoffrey West from Santa Fe Institute and his colleagues have discerned laws containing “universality” to cities. For instance, doubling the size of a city systematically increases income, wealth, number of patents, number of colleges, number of creative people, number of police, amount of waste… all by approximately 15%. These results have been observed in hundreds of cities all around the world.

Big data is being used to predict a range of phenomena from the spread of flu to movements in the stock market.

The OECD has started to embrace complexity and systems thinking with work on understanding complex global interconnections through the Trade in Value Added (TiVA) Database.

We are undertaking modelling work to link economic with other systems models. The Costs of Inaction and Resource scarcity: Consequences for Long-term Economic growth (CIRCLE) project aims to identify how feedback from poor environmental quality, climatic change and resource scarcity affect economic growth, and how policies may alter this. When devising new policies, it is essential to take a systems approach, and to understand the complex channels through which environmental change affects growth. It is also important to stress the inter-linkages among different environmental challenges.

Complexity thinking and models are already making a difference. But we should also think about how to better communicate complex policy messages. We have prepared an OECD Insights book “Debating the Issues: New Approaches to Economic Challenges” which describes the new approaches OECD is taking to policy in a complex world. We also have a background paper for the workshop containing “Insights into Complexity and Policy”. Copies of both are available at the back of the room.

I wish you all a productive discussion and by considering complexity, I hope we can stimulate new thinking, new policy approaches and ultimately as we say at the OECD,  better policies for better lives.

Learn more about the NAEC programme here