Globalitika: Violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia: la dimension internacional

On 12 June 2020, Gabriela Ramos participated in a virtual webinar with Globalitika on violence against women in the context of the pandemic and the role of international cooperation in fighting this violence. She was joined by Dra. Claudia Calvin, Internacionalista y consultora. Fundadora de la organización Mujeres Construyendo; Mtra. Rina Mussalli, Internacionalista y miembro Red de Politólogas; Mtra. Natalia Calero Sánchez, Especialista en Gestión de Programas de ONUMujeres.

Find her remarks in Spanish below and the recorded conversation above.


Introductory Remarks:

Gracias, Doctora Olamendi, por invitarme a este acto que celebramos hoy. Desde el inicio de la pandemia, he recibido incontables solicitudes para hablar sobre el desmedido impacto de esta crisis en las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos observando que está teniendo un efecto y tristemente, algunas mujeres incluso lo están sintiendo en carne propia.

Además, la OCDE ha documentado estas repercusiones. En realidad, la crisis ha venido a agravar desigualdades ya existentes. Aparte de intensificarse el riesgo de inseguridad económica, la falta de protección social y asumir una mayor carga de trabajo de cuidado, remunerado y no remunerado, una de las desigualdades más alarmantes que ha agravado esta crisis es la pandemia mundial de violencia contra las mujeres.

De hecho, en los últimos cuatro años la violencia contra las mujeres se ha reducido en la región ALC. Los países han promulgado leyes perfeccionadas, más robustas y de un alcance superior.

Estas nuevas leyes protegen a las mujeres de formas ancestrales de violencia sexual como el feminicidio, pero también de nuevas modalidades de acoso sexual como el ciberacoso.

Todos estos son avances extraordinarios y resultan muy alentadores. Sin embargo, disponer de leyes de amplio alcance no tiene ninguna utilidad si estas no llegan a aplicarse. Y, en ese sentido, todavía son muchas las dificultades, lo que pone de manifiesto la necesidad de luchar contra convenciones sociales de fondo que son discriminatorias y perpetúan la vulneración del derecho básico de las mujeres a una vida sin violencia. En muchos casos, las autoridades judiciales y policiales carecen de capacidad y formación para aplicar y hacer cumplir eficazmente la nueva legislación.

Ya antes de la crisis, una de cada tres mujeres de la región de ALC [y también del mundo] había sido víctima de violencia a lo largo de su vida, una cifra de proporciones pandémicas. El confinamiento ha venido a incrementar enormemente estas tasas [aumento del 51% en Colombia, 40% en Argentina, 70% en Chile].

Para las víctimas, quedarse en casa supone pasar prácticamente todo el día con sus abusadores. Durante la crisis, también les ha resultado tremendamente difícil encontrar refugio en otros lugares, puesto que no había suficientes centros de acogida para atender el creciente número de casos.

Tampoco podemos olvidar que los niños son casi siempre lo primeros en sufrir. Con ocasión del “Día Mundial contra el Trabajo Infantil” que se celebra hoy, permítanme destacar que el cierre de las escuelas y la pérdida de trabajo de los padres están generando una situación que incrementa la violencia doméstica contra los niños y, en algunos países, esta circunstancia podría causar además un aumento de la explotación infantil.

Nos consta que la pobreza agrava la violencia doméstica. Según las últimas Perspectivas Económicas de la OCDE dadas a conocer en el día de ayer, la pandemia de COVID-19 ha llegado en un momento inoportuno, con un crecimiento relativamente débil, un espacio fiscal limitado, una caída brusca de los precios de las materias primas y tensiones sociales. El desempleo va a llegar a niveles históricos en varios países de la región. Por lo tanto, ya se están dando unas condiciones que perpetúan la violencia doméstica. Si no se disponen medidas de apoyo rápidas y adecuadas, esta crisis solo vendrá a empeorar la violencia contra las mujeres y los niños. No hay excusa para ignorar este problema porque, si lo hacemos, saldremos de la crisis aún más divididos.

A pesar del espacio fiscal limitado, los países de la región han tomado esta crisis como una oportunidad para disminuir las altas desigualdades de la región, desafío de larga data.

De hecho, esta crisis está acelerando la modernización de la política social en muchos países. Los gobiernos están llegando a millones de familias vulnerables y trabajadores informales, que antes no lo hacían. Aún más alentador es que los gobiernos por primera vez están recolectando una increíble cantidad de datos sobre las familias y trabajadores que pueden servir de base para mejorar los sistemas de focalización de la región. Avanzamos por la senda correcta. Estoy deseando mantener un debate más intenso sobre esta cuestión en el día de hoy, ya que las causas y las medidas de respuesta son complejas.

TALKING POINTS ORGANIZED BY TOPIC:

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El impacto económico: Perspectivas Económicas de la OCDE

  • Nos consta que la pobreza agrava la violencia doméstica.
  • Según las últimas Perspectivas Económicas de la OCDE dadas a conocer en el día de ayer, la pandemia de COVID-19 ha llegado en un momento inoportuno, con un crecimiento relativamente débil, un espacio fiscal limitado, una caída brusca de los precios de las materias primas y tensiones sociales.
  • El desempleo va a llegar a niveles históricos en varios países de la región.
    • En Colombia el desempleo llegó a casi el 20% en abril, el mayor dato desde que se tienen estadísticas.
    • En México, se espera que la tasa de desempleo alcance máximos históricos, superiores al 6%, durante el año 2020 y que la informalidad aumente de forma significativa.
    • Donde existen programas de retención de empleo, como en el caso de Chile, el número de aplicaciones ha aumentado de forma impresionante cubriendo a 100 mil empresas, 700 mil trabajadores.
  • Por lo tanto, ya se están dando unas condiciones que perpetúan la violencia doméstica. Si no se disponen medidas de apoyo rápidas y adecuadas, esta crisis solo vendrá a empeorar la violencia contra las mujeres y los niños.

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Esta crisis está acelerando la modernización de la política social en muchos países

  • Los gobiernos están llegando a millones de familias vulnerables y trabajadores informales, que antes no lo hacían.
    • Por ejemplo, en Colombia una reforma introduce la compensación del IVA para las familias más vulnerables.
    • Otro ejemplo muy importante es el programa de Ingreso Solidario, que consta de transferencias monetarias no condicionadas a hogares vulnerables y pobres, llegando a trabajadores informales, que no eran beneficiarios de otros programas sociales.
    • Costa Rica introdujo una nueva transferencia monetaria (Bono Proteger) que llega a trabajadores informales y que ofrece también la creación de una cuenta bancaria.
    • Algunos gobiernos subnacionales en México han establecido un apoyo financiero a los trabajadores por cuenta propia e informales, los trabajadores rurales (productores de maíz), las empresas familiares y los grupos vulnerables (mujeres, poblaciones indígenas).

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COVID-19 ha provocado un incremento masivo de violencia

  • Antes de la crisis, una de cada tres mujeres de todo el mundo había experimentado violencia física y/o sexual a manos de sus parejas, que además cometieron un 38% del número total de asesinatos de mujeres.
    • Además, es posible que estos datos estadísticos reflejen una cifra inferior a la real, porque tenemos motivos fundados para creer que existen muchas más mujeres que sufren abusos pero no lo denuncian.
    • Los datos son alarmantes en todos los países de la OCDE, incluso en aquellos que presentan buenos resultados en materia de igualdad de género en otros indicadores.
  • Según nuestro Informe Regional de ALC sobre el Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI), antes de la crisis la violencia doméstica por parte de parejas o exparejas afectaba prácticamente a una de cada tres mujeres de entre 15 y 49 años en esta región, con un porcentaje más elevado en determinados países [53% en Bolivia, 40% en Colombia y Perú];
  • Esta región presenta además la mayor tasa de feminicidios del mundo (según la ONU).
  • Pero el virus ha provocado un incremento masivo:
    • Colombia: aumento del 51% en los casos de violencia doméstica durante la cuarentena nacional (con casi un feminicidio por día; fuente: ONU MUJERES).
    • Argentina y Chile han registrado un aumento del 40% y el 70% respectivamente en las llamadas a sus plataformas de apoyo, principalmente durante los fines de semana (ONU Mujeres / Ministerio de la Mujer de Chile).

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La violencia doméstica contra los niños

  • Tampoco podemos olvidar que los niños son casi siempre lo primeros en sufrir.
  • Con ocasión del “Día Mundial contra el Trabajo Infantil” que se celebra hoy, permítanme destacar que el cierre de las escuelas y la pérdida de trabajo de los padres están generando una situación que incrementa la violencia doméstica contra los niños.
  • En algunos países, esta circunstancia podría causar además un aumento de la explotación infantil.
    • En el mundo, uno de cada diez niños con edades comprendidas entre cinco y 17 años trabaja, y casi la mitad lo hace en actividades peligrosas.
    • El COVID-19 provocará un aumento de la pobreza extrema y, sin redes de seguridad social sólidas, la situación podría empeorar aún más.
    • La OCDE lleva años luchando contra el trabajo forzoso y la explotación infantil por medio de su labor en el G20 (con la OIT) o en colaboración con el ganador del Premio Nobel Kailash Satyarthi.

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Efecto del confinamiento en víctimas de violencia

  • Las restricciones a la movilidad individual impiden que las supervivientes de la violencia puedan buscar refugio en otros lugares, de modo que los abusadores mantienen un estricto control sobre mujeres y niñas durante los periodos de confinamiento obligatorio.
    • Las mujeres víctimas de violencia a manos de su pareja ya encaraban grandes obstáculos al intentar marcharse de su hogar para protegerse o incluso llamar a líneas telefónicas de emergencia en presencia de sus abusadores. Y las mujeres y niños que ya se encontraban alojados en viviendas temporales o centros de acogida también están teniendo dificultades para seguir adelante con su vida, debido al riesgo de contagio y la falta de lugares en los que reinstalarse.
  • Las mujeres corren especial riesgo de encontrar numerosos obstáculos para acceder a la justicia, lo que agrava aún más su situación. Se trata entre otros de:
    • obstáculos económicos (por ejemplo, costos directos de servicios)
    • obstáculos estructurales (por ejemplo, la excesiva jerga de los documentos legales)
    • obstáculos sociales (por ejemplo, los estereotipos y los prejuicios del sistema judicial)
    • obstáculos específicos de grupos de riesgo (por ejemplo, personas con discapacidad, mujeres migrantes que no pueden defenderse con facilidad).
  • Estas dificultades podrían ser más acusadas debido a las restricciones de la movilidad y los períodos de confinamiento generados por el COVID-19. La crisis también podría menoscabar la prestación de servicios públicos esenciales a las supervivientes, como son los mecanismos de centros de acogida, servicios médicos, protección de menores, policiales y de asistencia letrada.

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Restricciones que impiden a las mujeres informar y acceder a la justicia o servicios

  • Por desgracia, quienes perpetran este tipo de violencia quedan muchas veces impunes, ya que las mujeres no siempre denuncian porque temen represalias.
  • En los países en desarrollo, más de un 40% de las supervivientes no solicitó ayuda de ningún tipo nunca y menos de un 20% de quienes sí la pidieron recurrió a instituciones oficiales como la policía, el personal médico o profesionales de la abogacía. 
  • Las leyes que tipifican como delinto la violencia contra las mujeres constituyen un primer paso hacia la erradicación de esta lacra tan extendida.
  • De hecho, aunque todos los países del mundo hayan ratificado un convenio internacional y/o regional en esta materia, solo un 74% (es decir, 133) de los 180 países examinados por el SIGI de la OCDE penaliza la violencia doméstica.
  • También observamos muchas lagunas en los sistemas judiciales:
    • En el sistema legal existen demasiados enfoques aislados (derecho penal y derecho de familia).
    • Quienes perpetran estos actos de violencia son liberados con tanta facilidad tras agredir a sus parejas que las mujeres temen represalias.
    • Algunas de ellas contraen matrimonio bajo coacción, por lo que la violencia se considera “justificada”.
  • La OCDE está trabajando de manera específica en áreas en las que cuenta con una gran especialización:
    • Mejorar el análisis y la recopilación de datos (también sobre masculinidad, a saber, la idea de que los chicos tienen que ser agresivos y competitivos)
    • Garantizar la prestación de servicios integrados de calidad
      • Por desgracia, para acceder a medidas de protección social básicas como la vivienda, atención médica y ayudas económicas, muchas supervivientes se ven obligadas a acudir a múltiples lugares donde deben relatar una y otra vez su experiencia traumática. Con estos procesos lo único que se consigue es que las supervivientes revivan una y otra vez esos momentos, una situación que subraya la necesidad de integrar los servicios. El sistema de justicia puede estar tan fragmentado que las víctimas tienen que enfrentarse con frecuencia a múltiples procesos judiciales cuando acuden a la justicia para conseguir protección para ellas y sus familias, normalmente sin poder permitirse contratar a un abogado.
    • Promover la igualdad de acceso a la justicia
    • Abordar estereotipos de género perjudiciales por medio de la educación,
    • Velar por la aplicación de un enfoque “integral dentro de la administración” para poner fin a la violencia contra las mujeres.

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Leyes promulgados en ALC

  • Los países de ALC han promulgado leyes perfeccionadas, más robustas y de un alcance superior para eliminar la violencia.
    • En los últimos cinco años, cuatro de ellos han aprobado leyes integrales contra la violencia (Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay).
    • Y en los últimos 25 todos los países de ALC han contado con leyes relacionadas con la violencia contra las mujeres.
  • Estas nuevas leyes protegen a las mujeres de formas ancestrales de violencia sexual como el feminicidio, pero también de nuevas modalidades de acoso sexual como el ciberacoso.
    • Ecuador, Brasil, Paraguay y Uruguay tipificaron el feminicidio como delito en el período 2014–2019.
    • Hoy, 18 países de ALC definen ya el feminicidio como delito tras introducir las oportunas reformas en sus códigos penales.
  • Sin embargo, disponer de leyes de amplio alcance no tiene ninguna utilidad si estas no llegan a aplicarse. Y, en ese sentido, todavía son muchas las dificultades, lo que pone de manifiesto la necesidad de luchar contra convenciones sociales de fondo que son discriminatorias y perpetúan la vulneración del derecho básico de las mujeres a una vida sin violencia.
    • En muchos casos, las autoridades judiciales y policiales carecen de capacidad y formación para aplicar y hacer cumplir eficazmente la nueva legislación.

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Las costumbres sociales y causes primordiales relacionadas con la violencia de género

  • Para luchar contra esta injusticia, resulta crucial modificar las costumbres sociales relacionadas con la violencia de género.
    • La campaña y llamada a la acción desarrollada en toda la región, bajo el lema “ni una más”, ha situado los elevados niveles de violencia de género registrados en América Latina y el Caribe en el radar político y mediático.
  • Las actitudes discriminatorias complican la aplicación de estas leyes:
    • Según indica el SIGI, una de cada tres mujeres justifica la violencia doméstica;
    • casi uno de cada tres hombres en todo el mundo considera justificado que se golpee a la esposa en determinadas circunstancias, por ejemplo si quema accidentalmente la comida.
    • En Perú, un 34% de las mujeres opina que la violencia doméstica está justificada en determinadas situaciones.
  • Convertir la transformación de las convenciones sociales en el eje central de la respuesta política puede contribuir a que se cumplan plenamente compromisos y leyes, abordando las causas principales del problema y promoviendo soluciones más holísticas de larga data.
  • El SIGI destaca mejores prácticas como la sensibilización y la formación mediante el aumento de la capacidad de los prestadores de servicios, así como del sistema judicial, la promoción de modelos de masculinidad más positivos o programas comunitarios para adolescentes en los que se cuestionen las costumbres relacionadas con la violencia de género.
  • Unas costumbres socioculturales perjudiciales fomentan masculinidades tóxicas.
  • Siempre incido en que debemos comenzar por la educación.
    • La neutralidad en materia de género de los libros de texto y currículos escolares constituye un punto de partida importante, aunque llevarlo a la práctica resulta más difícil de lo que podría parecer.
  • También tendremos que promover un cambio de comportamiento en cuanto al consumo de alcohol de los hombres, ya que está fuertemente asociado con el riesgo de violencia de género en contra de las mujeres.
    • Los datos de la OCDE muestran que en países de ingresos bajos y medios, el consumo nocivo de alcohol de los hombres se asocia con un riesgo 4,6 veces mayor de violencia de genero en contra de las mujeres.
    • Ademas, la OMS estima que aproximadamente el 55% de los perpetradores de abuso doméstico estaban bebiendo alcohol antes del asalto. Las mujeres que son abusadas tienen 15 veces más probabilidades de abusar del alcohol.

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Ejemplos de mejores prácticas

  • Para ayudar a las mujeres víctimas de violencia –que incluso podrían sufrir una mayor violencia por estar atrapadas en sus hogares con sus abusadores, los gobiernos deberían asegurarse de que los prestadores de servicios colaboren entre sí, intercambien información y reflexionen a conciencia sobre cómo apoyar a las víctimas, teniendo en cuenta que sus medios de comunicación podrían ser controlados de cerca por el abusador con el que conviven.
    • Francia, por ejemplo, ha creado espacios de denuncia en los supermercados de todo el país, para que las víctimas puedan contar en ellos sus experiencias mientras hacen los recados.
  • Se necesitan soluciones prácticas e innovadoras. Durante el Segundo Grupo de Trabajo sobre Transversalidad de Género reunido el mes pasado, supe que España creó líneas de ayuda alternativas usando WhatsApp, Francia lo hizo mediante servicios SMS y Dinamarca, usando el correo electrónico. En las farmacias de Chile, España y Francia, introdujeron el código “Mascarilla 19” para que las mujeres víctimas de violencia pudieran pedir ayuda.
  • Argentina aprobó una excepción para saltarse la cuarentena obligatoria en el caso de las mujeres víctimas de violencia.
  • Ecuador y Uruguay generaron protocolos de comunicación y gestión de la violencia doméstica para los centros de salud de emergencia y la policía durante la cuarentena.

Algunas de las mejores prácticas que incluye el Informe del SIGI relativo a ALC son:

  • Prevenir la violencia de género en las esferas pública y privada: Desde 2005, Oxfam lidera el programa de prevención de la violencia de género de El Salvador. Adoptando un enfoque centrado en las convenciones sociales, este programa se dirige a mujeres, hombres y jóvenes en sesiones formativas, campañas en los medios y con la creación de redes. De este modo, aumentan la capacidad de las autoridades públicas nacionales y municipales para integrar mejor la prevención de la violencia de género en sus prácticas y políticas. En 2008, este programa influyó en la redacción de una ley de prevención de la violencia de género. También se impartieron cursos de capacitación para sensibilizar sobre cuestiones de género a 165 funcionarios públicos, miembros de la policía e integrantes del sistema de justica.
  • Capacitar a las mujeres indígenas mediante cursos de formación jurídica: En Guatemala, la ONG Iniciativa de los Derechos de la Mujer lleva desde 2011 trabajando con 15 comunidades mayas diferentes. Esta organización imparte cursos de capacitación jurídica a las mujeres indígenas con la finalidad de animarlas a que reivindiquen sus derechos y facilitar su acceso a servicios jurídicos.
  • Sensibilizar sobre la violencia de género mediante una campaña que alcance a toda la región: En 2013, la Campaña ÚNETE poner fin a la violencia contra las mujeres puso en marcha la iniciativa “El Valiente no es Violento” en nueve países de América Latina y el Caribe (Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Perú y Venezuela). Bajo la coordinación de ONU Mujeres, esta campaña de comunicación conjunta se alía con medios locales como MTV América Latina para conseguir la implicación de hombres y niños en la lucha contra la violencia de género.
  • Prestar asistencia inmediata a las víctimas de violencia de género a través de una línea telefónica

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El papel de las organizaciones internacionales

  • Copresidí una Mesa redonda de mujeres líderes sobre COVID-19 y el futuro junto con Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres.
    • Con ocasión de dicho acontecimiento, compartimos experiencias, preocupaciones y mejores prácticas. Una de las preocupaciones principales era la amenaza de la violencia contra las mujeres. Las líderes comentaron medidas concretas, tales como:
      • Integrar los esfuerzos y servicios de prevención para responder a la violencia contra las mujeres en los planes de respuesta al COVID-19.
      • Designar los centros de acogida para víctimas de violencia doméstica como servicios esenciales y ampliar los recursos de los que disponen tanto dichos centros como los grupos de la sociedad civil que se encuentran en la primera línea de respuesta.
      • Ampliar la capacidad de los centros de acogida para víctimas de violencia reconvirtiendo otros espacios, por ejemplo centros educativos u hoteles vacíos, con el fin de atender las necesidades existentes en períodos de cuarentena, integrando factores de accesibilidad total.
      • Designar espacios seguros para las mujeres, en los que puedan denunciar abusos sin que sus maltratadores se percaten, por ejemplo, en establecimientos de alimentación o farmacias.
      • Prestar los servicios en línea; intensificar las campañas de sensibilización y defensa, dirigiéndolas incluso a los hombres que están en casa.
  • La utilidad de las organizaciones internacionales en este debate reside en reunir a las partes interesadas, e intercambiar y difundir mejores prácticas.
  • La OCDE brinda mejores prácticas en este sentido y también realiza un seguimiento de los progresos hacia la consecución de las Recomendaciones en materia de género de 2013 y 2015.
    • La OCDE desempeña además un papel esencial en el refuerzo de la coordinación y en garantizar que todas las instituciones públicas actúen conjuntamente, de manera coherente y sistemática, para prevenir y encarar la violencia doméstica.
    • En la OCDE, se ha creado recientemente un Grupo de Trabajo sobre Transversalidad de Género y Gobernanza que desempeña una importante función a la hora de garantizar la integración de los problemas de violencia contra las mujeres y las políticas en esta materia en todos los ministerios y a todos los niveles.
  • La “Recomendación del CAD para prevenir la explotación, el abuso y el acoso sexuales en la cooperación al desarrollo y la asistencia humanitaria” adoptada en julio de 2019, es la primera norma internacional que orienta a donantes, gobiernos y partes interesadas en el fomento del cambio organizacional y el liderazgo en la prestación de ayuda internacional.

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¿Qué podemos esperar al respecto en el mediano y largo plazos en el desarrollo socioeconómico y cultural? ¿Cuáles son los hallazgos principales de investigaciones recientes sobre el tema?

  • El objetivo del SIGI de la OCDE es calcular el verdadero costo de la violencia contra las mujeres en términos económicos y también sociales.
  • Las conclusiones del SIGI para la región ALC muestran que la violencia contra las mujeres provoca importantes gastos e impactos en el PIB (además del perjudicial efecto que tienen los estereotipos de género y una escasa participación de la mujer en el mercado de trabajo):
  • Impactos económicos de las mujeres
    • Con su participación en la economía de mercado, las mujeres generan un 37% del PIB mundial, un porcentaje considerablemente inferior al que se podría alcanzar habida cuenta de que representan un 50% de la población activa mundial.
    • Aunque las mujeres ya participan ampliamente en los mercados de trabajo de ALC, todavía queda mucho camino por recorrer para conseguir la paridad: las mujeres trabajadoras generan actualmente cerca del 33% del PIB de esta región, pese a representar un 42% de la fuerza de trabajo y un 51% de la población activa.
  • Costo económico de la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres:
    • Los datos de algunos países de la región ALC indican que los gastos directos, la pérdida de ingresos y el descenso de productividad ocasionados solamente por la violencia doméstica pueden alcanzar hasta un 4% del PIB, una cifra que supera el gasto en educación primaria de muchos gobiernos.
    • Las pérdidas económicas comprenden la pérdida de ingresos por parte de las mujeres, los costos del sistema de justicia, la pérdida de productividad de las mujeres, los días que han faltado al trabajo y los gastos en atención médica y cuidado de la salud.
    • Por ejemplo, aparte de los gastos médicos directos de las víctimas, el costo directo que supuso el tratamiento de 640 víctimas de violencia doméstica en el Kingston Public Hospital de Jamaica equivalió a USD 454 000.
    • Los costos indirectos de la violencia contra las mujeres incluyen el descenso de productividad y el absentismo laboral.
    • Esta lacra perjudica también la rentabilidad de las empresas.
      • La violencia contra las mujeres conlleva también un elevado costo para las empresas en términos de rotación de personal y productividad. En Perú, la tasa de rotación de las trabajadoras en empresas cuyas mujeres son víctimas de violencia doméstica es siete veces superior a la registrada en empresas cuyas trabajadoras no sufren este tipo de violencia, lo que genera un costo superior a USD 55 millones. Asimismo, debido a la violencia contra las mujeres, se pierden 70 millones de días de trabajo, lo que supone un coste de USD 6.700 millones en todo el país, equivalentes a un 3,7% del PIB.
      • Si sumamos todos los costos asociados a la violencia contra las mujeres, se observa claramente que esta lacra genera un gasto ingente. Los costos de la violencia contra las mujeres en la región de ALC son realmente importantes, aún más si tenemos en cuenta que el cálculo no refleja el costo real, pues no incluye los costos relacionados con el sistema de justicia penal.
      • En Estados Unidos observamos un ejemplo interesante, ya que se calcula que allí la violencia doméstica contra las mujeres tiene un costo de USD 5.900 millones al año. Cerca de USD 4.100 millones corresponden a costos directos de servicios de atención médica y psiquiátrica, USD 900 millones a la pérdida de productividad en el trabajo doméstico no retribuido y en trabajos retribuidos, en el mercado en el caso de víctimas de violencia no fatal, y otros USD 900 millones a ingresos que las víctimas de casos de homicidio dejaron de percibir por haber perdido la vida.

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