Seminario de la OCDE “Gobernanza para el Crecimiento Incluyente”

17-11-2016 Palabras de bienvenida 

Es un gusto estar aquí para inaugurar el seminario de la OCDE “Gobernanza para el Crecimiento Incluyente”. Este seminario tiene una importancia particular para mí por un doble motivo.

En primer lugar, este seminario forma parte de las celebraciones del 20 Aniversario del Centro de la OCDE en México para América Latina, que hace unos años tuve la oportunidad de dirigir. El Centro ha sido una plataforma indispensable para impulsar no sólo la colaboración entre la OCDE y México, sino también con toda América Latina. Hoy, Chile y México son miembros de la organización, Colombia y Costa Rica están en proceso de acceso, tenemos un programa país con Perú, Brasil es un socio clave y Argentina recién ha manifestado su interés por la membresía. Además, en junio de este año lanzamos un Programa Regional para apoyar a los países de América Latina y el Caribe en sus esfuerzos de reforma para lograr tres objetivos fundamentales: incrementar la productividad, mejorar la inclusión social y fortalecer las instituciones y la gobernanza. Mexico, y el Embajador Dionisio Perez Jacome han sido fundamental para este nuevo enfoque latinoamericanista de la OCDE, por lo que lo quiero reconocer.

El segundo es que esta celebración se centra en el papel del buen gobierno en la promoción de un modelo de crecimiento que beneficio a todos. En un contexto de alta desigualdad, el buen gobierno para la inclusión es fundamental.

En 2012, los ingresos del 10% de la población con mayores ingresos en la OCDE fueron casi diez veces superiores a los ingresos del 10% de las personas con menores ingresos. Hace 30 años eran siete veces superiores.  Que decir de la distribución de la riqueza que es siete veces peor, o de las oportunidades, que siempre están vinculadas al nivel de ingreso. La desigualdad y la precariedad también tiene un impacto en el buen gobierno. Primero, porque los grupos de alto ingreso tienen también mayor influencia y acceso a la toma de decisiones públicas. Y por supuesto, tienen interés de mantener dicha influencia y las situaciones que les benefician.

Segundo, porque los grupos de bajo ingreso, que en la OCDE son el 40 porciento, y en Mexico el 60, han perdido la confianza en las instituciones, e incluso en los procesos democráticos. No es coincidencia de que en los pasados procesos electorales y de referéndums, tanto en Estados Unidos como en Brexit, los jóvenes votaron en muy bajos niveles. Tenemos que recuperar esta confianza.

Un reciente informe de la OCDE (The Governance of Inclusive Growth), documenta el papel crucial de la gobernanza en la promoción de la inclusión Elementos como la rendición de cuentas, la transparencia, la integridad, y la eficiencia y eficacia son claves en este sentido.

Esta inclusión se logra  a través de la promoción de la participación de las partes interesadas en las decisiones públicas y consultando a estos grupos para recopilar información y tomar dichas decisiones con base en evidencia. Nuestros países miembros tienen múltiples ejemplos sobre cómo hacer esto.  Por ejemplo, en Chile, se estableció en 2006 un Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Pensiones, integrado por académicos, sociedad civil y el sector empresarial, que llevó a cabo más de 49 audiencias para consultar a diferentes actores y que dio como resultado una iniciativa que se convirtió en ley en el 2008.[1]

La participación de la mujer en las posiciones públicas es otro indicador que ilustra qué tan incluyentes son las instituciones. De hecho, nuestro estudio “Todos a bordo: Logrando que el crecimiento incluyente suceda”, muestra que una menor participación de las mujeres en los parlamentos está asociada a mayores desigualdades en el ingreso en los mercados laborales.[2]

Y por supuesto y como comentábamos, una gobernanza incluyente demanda ciertamente transparencia e integridad en el cabildeo, protocolos para gestionar conflictos de interés y una política balanceada de financiamiento de los partidos políticos.

En este sentido, 36% de nuestros países miembros, incluido México, tienen un registro de actividades de cabildeo, lo que representa una buena práctica para controlar esta actividad.[3] Sin embargo, cabe preguntarse qué pasa con el otro 64% de los países.

En cuanto a conflicto de interés, el nivel de publicidad de las declaraciones de los funcionarios en nuestros países miembros tiende a variar de acuerdo con el nivel jerárquico del funcionario, es decir, a mayor nivel jerárquico, mayor publicidad.[4] Este tipo de lecciones y comparaciones internacionales pueden aportar buenas prácticas para las reformas que actualmente se llevan a cabo en México.

En resumen, una buena gobernanza, de verdad incluyente, requiere de integridad en las instituciones y las decisiones públicas a fin de lograr políticas que beneficien al interés público, y no al de unos cuantos.

A lo largo de este día, se discutirán las maneras de  lograr un sistema de integridad más efectivo y algunas de las políticas que está implementando el Gobierno de México para lograrlo. Además, se analizarán algunos de los mecanismos para promover la integridad en los megaproyectos de infraestructura y en contrataciones públicas, dos actividades que presentan altos riesgos de corrupción.

Para cerrar la jornada, presentaremos el reporte de seguimiento de la OCDE sobre la ejecución del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el cual hemos estado acompañando desde enero de 2015.

Señoras y Señores,

La OCDE está comprometida con el crecimiento incluyente y la buena gobernanza es clave para lograrlo. Cuenten con nosotros para compartir experiencias y buenas prácticas que nos permitan seguir impulsando mejores políticas para una vida mejor.

Les agradezco su presencia y participación y les deseo un seminario provechoso.

¡Muchas gracias!

[1] OECD (2015), All on board: Making inclusive growth happen, p. 174.

[2] OECD (2015), All on board: Making inclusive growth happen, p. 168.

[3] OECD (2014), Lobbyists, Governments and Public Trust, Volume 3: Implementing the OECD Principles for Transparency and Integrity in Lobbying.

[4] OECD (2014), Survey on Managing Conflict of Interest in the Executive Branch and Whistleblower Protection.

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